Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno
“¿Una empresa mercantil, organizada como negocio profesional, tiene el derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Ésta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues. ¡Pues no faltaba más!”.
Lo anterior fue pronunciado un 7 de junio de 1982, durante los “festejos” por el “Día de la Libertad de Prensa” por el entonces presidente José López Portillo para justificar el boicot publicitario que su gobierno había decretado unilateralmente en contra de la revista Proceso, dirigida por el periodista Julio Scherer García, quien seis años antes ya había sido víctima de un complot (de los de a de veras) orquestado por el anterior mandatario, Luis Echeverría Álvarez, para echarlo de la dirección del periódico Excélsior.
Proceso se había convertido –al igual que Excélsior con Echeverría- en la “piedra en el zapato” de López Portillo, que para entonces ya lidiaba con la ruina económica a la que sus malas decisiones y el despilfarro de los años del “auge petrolero” y la “administración de la abundancia” habían conducido al país.
En su alocución de aquel 7 de junio de 1982, López Portillo sentenció que “frente a las empresas mercantiles que viven de la publicidad y que de ella obtienen anuncios no altruistas (…), sino que quieren hacer negocio con la publicidad del Estado, hablando sistemáticamente mal del Estado para frustrar los propósitos que el Estado tiene al hacer publicidad, ahí estamos en una relación perversa que debemos vigilar”. Ese episodio fue popularmente conocido como “no pago para que me pegues”.
Anclado política, emocional e ideológicamente en esa época, el lopezobradorismo -heredero en línea directa del lopezportillismo- repite esas mismas prácticas como si siguiese un manual acerca de cómo socavar la crítica y la pluralidad de ideas y voces, ya sea presionando concesionarios de telecomunicaciones para desaparecer del cuadrante a quien no doble la cerviz ante el poder o considere su “enemigo”, o aplicando exactamente la misma fórmula del “no pago para que me pegues” a publicaciones que no adulen al “emperador” y su “traje nuevo”.
Este jueves, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una circular emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) –que encabeza Irma Sandoval, integrante del ala más radical del lopezobradorismo- en la que para oprobio histórico del actual régimen se instruye a las dependencias de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado y hasta a los estados de la Federación que “deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura”, a la cual le fue impuesta además una inhabilitación como proveedora del gobierno por un plazo de dos años y el pago de una multa no especificada en el documento, pero que la editorial dio a conocer y que asciende a prácticamente un millón de pesos.
En la circular de la SFP no se explicita el motivo de la sanción, pero en su postura sobre el veto del gobierno, Nexos señaló que “la decisión surge de la revisión de un proceso burocrático del año 2018. Aquel año Nexos ganó una adjudicación del Instituto Mexicano del Seguro Social y obtuvo una página de publicidad por 74,000 pesos. El contrato se cumplió entonces en todas sus fases, el anuncio fue publicado y pagado a satisfacción de las partes”.
La publicación acusó que “la sanción que Nexos recibe ahora es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno. No es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en última instancia, a la libertad de expresión” y aseguró que no reciben publicidad oficial federal desde 2018.
Independientemente de la biografía personal de sus directivos y sus relaciones con el poder a lo largo de los años, Nexos, al igual que otras publicaciones como Proceso, Letras Libres, etcétera, Siempre!, entre muchas otras, forman parte de la necesaria diversidad en la expresión de las ideas que caracterizaría a un régimen democrático. Pretender ahogarlas por la vía publicitaria es un signo de ese totalitarismo bananero que cree que los recursos destinados a la difusión gubernamental son propiedad del gobierno y no bienes públicos cuya asignación debe ser transparente y equitativa.
Baste recordar que un reporte reciente sobre el gasto gubernamental en publicidad oficial demuestra que todo sigue igual en el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación”, que privilegia con dinero público a unos cuántos. Y si son “aliados” –eufemismo para no llamarles cómplices-, como en el caso de Ricardo Salinas Pliego, con mayor razón.
Pero en el gobierno de López Obrador no solo no pagan para que les peguen. A sus textoservidores más abyectos los nombran cónsules o embajadores. O bien los promueven para recibir “doctorados honoris causa” -como aquel que le dieron a Arturo “El Negro” Durazo, irónicamente en el mismo sexenio de López Portillo- aunque no sepan ni escribir.
Ese lejano 7 de junio de 1982, a nombre de los periodistas, Francisco Martínez de la Vega –fundador de Siempre! con José Pagés Llergo- manifestó ante López Portillo –tal cual lo relata Julio Scherer en su libro “Los Presidentes”- que “cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su publicación satanizados. No puedo soslayar que esta situación es preocupación grave para el periodismo mexicano”.
Así se siente retroceder casi 40 años.
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