Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno
Atragantado por los dichos y caprichos de su líder, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” violenta cotidiana y sistemáticamente la legalidad a los ojos de todo el país, utilizando para ello todos los recursos del Estado.
Visto el fracaso de la iniciativa para vender la aeronave comprada a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para uso oficial del titular del Ejecutivo federal, hace varios meses el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a una salida inaudita para intentar desviar la atención sobre la fallida intentona: el avión presidencial se rifaría entre los mexicanos mediante un sorteo de la Lotería Nacional.
Tras ser evidenciado que tampoco esto puede realizarse, entre otras cosas porque el avión es arrendado y aún pertenece a una empresa particular, así como que la ley no le permite a la Lotería Nacional sortear premios que no sean en efectivo, el presidente y sus propagandistas –exhibidos nuevamente como ignorantes de las materias sobre las que toman decisiones- tuvieron que ajustar de nuevo el discurso: lo que se rifaría es el monto del valor de la aeronave, cuya imagen se usaría de manera “simbólica”.
Hablando de eso, para no perder la oportunidad de manipular en su favor la simbología nacionalista en la que se monta la soflama de la “4t”, el sorteo se llevará a cabo el 15 de septiembre. Y como en el camino se “atravesó” la pandemia de la covid-19, pues qué mejor que destinar los recursos obtenidos de la rifa al sector salud, cuyas carencias –que el actual gobierno en ningún momento se preocupó por atender en su primer año de gestión y que por el contrario, las agravó con sus recortes presupuestales- quedaron trágicamente expuestas durante la emergencia sanitaria.
Con lo que al parecer no contaban –aunque en realidad se trataba de algo previsible- era con que la ciudadanía no respondería masivamente al llamado presidencial para comprar “cachitos” y, a pocas semanas del sorteo, no se habían vendido ni la mitad. ¿La opción? Obligar a la burocracia federal –a la que le han reducido y “trasquilado” su salario a voluntad presidencial- a “entrarle con su cuerno” comprando y vendiendo boletos “de manera voluntaria”. Medida abusiva, pero difícil de enmarcar fuera de la ley.
Sin embargo, la desesperación por no asumir el fiasco y la creencia de que pueden hacer lo que quieran con las instituciones públicas y sus recursos llevó al gobierno a cometer actos que están muy cerca de ser constitutivos de delitos.
Por un lado, la decisión del presidente López Obrador de destinar a la compra de “cachitos” de la rifa 500 millones de pesos provenientes de decomisos de la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene sustento legal alguno. Y peor aún es que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destine ocho millones de pesos para ese mismo fin. Ambos actos pueden configurar el delito de peculado, puesto que se desvían recursos públicos a fines distintos de los que deberían ser aplicados.
Lo anterior no se subsana con el pretexto de que el dinero obtenido del sorteo se vaya a utilizar en el sector salud, al cual podrían haberse enviado esos 500 millones de manera directa e inmediata. La “rifa del avión” es, de manera muy clara, un fraude y un engaño a los mexicanos. No por nada renunció a su cargo hace unos días el director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Luis Calvo.
En la misma frecuencia está la “consulta” para “enjuiciar” a los ex presidentes de México, desde Vicente Fox a Enrique Peña Nieto. Otra iniciativa presidencial no solo sin soporte jurídico alguno, ya que si existen pruebas de que los ex mandatarios cometieron algún delito –que no haya prescrito, como ocurriría en el caso de prácticamente todos, menos el anterior- la FGR tendría simplemente que proceder en su contra, sin necesidad de preguntarle a nadie; además es inconstitucional someter a consulta las garantías individuales de cualquier persona, las cuales solo pueden suspenderse a través de una resolución judicial.
En el gobierno lo saben perfectamente, como saben también que la Suprema Corte de Justicia echará abajo el “teatro” de la consulta y para lo cual también ya esbozan desde ahora la diatriba para estigmatizar a jueces y ministros. Pero la intención no es llevar ante la justicia a ningún ex presidente en realidad.
El objetivo es montarse electoralmente en el tema durante las campañas del año entrante y que sea el propio López Obrador quien funja como vocero de los candidatos de Morena a diputados federales y locales, gobernadores y alcaldes que estarán en competencia en 2021.
Por ello es que son capaces de incurrir en actos de irresponsabilidad criminal como los que sucedieron este sábado en Xalapa, donde aspirantes de Morena a cargos de elección popular organizaron una concentración de cientos de personas en un salón de fiestas de la capital veracruzana –cuyo semáforo epidemiológico está en naranja-, acarreadas y aglomeradas en masa sin ninguna medida de protección sanitaria -con la complacencia y complicidad de los gobiernos morenistas municipal y estatal- para que se adhirieran a la “consulta”. Y de paso, dejaran en manos de los operadores electorales de ese partido los datos de sus credenciales de elector.
Esos son los que iban a “moralizar” la vida pública de México.
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