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/Redacción/
Xalapa, Ver. Septiembre 18, 2020.- La representante legal del Barzón de Resistencia Civil en el estado de Veracruz, Teresa Carbajal, informó que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) rechazó su propuesta de revisar las condiciones en que las empresas crediticias con las que han signado convenios, luego de denunciar que cometen usura con los Jubilados y Pensionados estatales.
“Pusimos a consideración de los representantes del Instituto la revisión del mecanismo de colocación y operación de créditos otorgados por Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como su tasa de interés por considerar que las mismas son elevadas y que pudieran afectar el bienestar de los derechohabientes”.
Al serles ofrecido tres opciones para resolver el caso de la jubilada que está a punto de perder su casa por los altos intereses, puntualizan que hubo una rápida respuesta para reunirse y dialogar con la titular del IPE, Daniela Griego Ceballos y sus colaboradores, sin embargo tras exponer cual es la situación, la respuesta recibida por la autoridad no cumplió con la expectativa pues se deslindaron a la petición, ya que dijeron se encontraba fuera de sus atribuciones.
El Barzón realiza una serie de cuestionamientos ante la postura del IPE, “Si el Instituto no es competente para revisar los contratos de crédito que descuenta a favor de particulares, en el rubro de intereses, ¿Quién lo es?, Si el organismo sostiene que desconoce los montos de intereses aplicados a los pensionados, ¿no resulta contradictorio a sus principios éticos y fortaleza como ente de tutela de los derechos de pensionados y jubilados ignorarlo?;
Es verdad el asunto se trata de un conflicto entre particulares, como también es verdad que el organismo exhortado cumple una función de coadyuvancia al ser quien retiene el descuento a cambio de una comisión. ¿Qué ganancia por mas lícita que parezca, justifica el aniquilamiento de la solvencia de los acreditados y la pérdida de bienestar al tener que pedir préstamos para sobrevivir el mes completo?», expresó.
Teresa Carbajal señaló que no obstante que el IPE es la institución que realiza los convenios con las instituciones crediticias y obtiene una comisión, no exista voluntad para evitar que los pensionados sean víctimas de prácticas de cobranza abusivas.
CARTA
Xalapa, Ver., a 18 de septiembre del año 2020
El día de ayer 17 de septiembre 2020 a las 13 horas, a solicitud por escrito de mi representada para hacerlo tuvo lugar el encuentro entre el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A. C. “Alianza por la Dignidad” y el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), atendiendo la reunión por parte del organismo su Titular, el subdirector de prestaciones institucionales, el subdirector jurídico, el subdirector de finanzas entre otros.
Iniciándose la reunión con la presentación de nuestra Asociación Civil, la explicación de su objeto social para clarificar sus fines de servicio y ayuda social por los cuales nos deriva interés en todo aquel asunto en donde se estén cometiendo abusos o usura en contra de deudores; la exposición de la problemática de la profesora jubilada con solicitud de apoyo para el caso concreto, y al final (dado que éste no es un caso aislado) pusimos a consideración de los representantes del Instituto la revisión del mecanismo de colocación y operación de créditos otorgados por Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como su tasa de interés por considerar que las mismas son elevadas y que pudieran afectar el bienestar de los derechohabientes.
Respecto al caso concreto de la profesora el IPE ofreció 3 opciones:
1. Cancelar el descuento que viene haciendo el Instituto con la advertencia que sería demandada por la casa de préstamo para reclamar la deuda, y que incuso corría el riesgo del embargo de su vivienda, y demás consecuencias legales que una contienda legal implica, al dejar de pagar.
2. Disminuir el descuento que actualmente tiene hasta quedar en un 30%, con la consecuencia que dados los términos del contrato, al no cubrirse el pago mensual pactado el remanente generaría intereses a una tasa moratoria del doble de la tasa ordinaria, esto es del 62% anual, y no a la del 31% que es la establecida en concepto de ordinaria, perpetuando la deuda.
3. Canalizarla con la financiera, para convenir con ella sobre la deuda, sin la participación del Instituto al sostener que carece de injerencia para hacerlo.
En relación a los tres escenarios propuestos, el primero complicaría lejos de resolver el caso, máxime que la posición del Barzón nunca ha sido dejar de pagar las deudas, sino pagar lo justo. El segundo implica una clara desventaja para la derechohabiente. La tercera, que implica más bien evadir la responsabilidad para deslindarla a terceros.
Relativo al punto tratado en último lugar el Instituto por conducto de sus representantes externó que tal asunto no es de su competencia, y por tanto carece de facultades para intervenir, y que desconoce los términos que los pensionados acuerdan con las casas de préstamo respecto a intereses.
ANTE ESTAS RESPUESTAS por parte del Organismo, que lo muestran “ajeno” a la problemática que enfrentan un número indeterminado de pensionados bajo esta situación y a quienes les urgen respuestas de solución, es conveniente hacernos las siguientes preguntas:
1.- ¿La revisión de estos contratos y su pacto de intereses no están dentro de sus facultades o no les interesa hacerlo?
2.- Si el Instituto no es competente para revisar los contratos de crédito que descuenta a favor de particulares, en el rubro de intereses, ¿Quién lo es?
3.- Si el organismo sostiene que desconoce los montos de intereses aplicados a los pensionados, no resulta contradictorio a sus principios éticos y fortaleza como ente de tutela de los derechos de pensionados y jubilados ignorarlo?
4.- Es verdad el asunto se trata de un conflicto entre particulares, como también es verdad que el organismo exhortado cumple una función de coadyuvancia al ser quien retiene el descuento a cambio de una comisión. ¿Qué ganancia por mas lícita que parezca, justifica el aniquilamiento de la solvencia de los acreditados y la pérdida de bienestar al tener que pedir préstamos para sobrevivir el mes completo?
5.- Si al momento de darse la autorización para la celebración de convenios el 16 de marzo del año 2005, acuerdo número 57,044-A los convenios de concertación que ahora están vigentes con 3 casas de préstamo se aceptaron dejando de verificar el monto de interés impuesto a los pensionados y jubilados; ¿No es acaso éste, el momento del cambio, el de la cuarta transformación hacerlo? El de erradicar las añejas prácticas del pasado que solo benefician a unos cuantos y traen pobreza a otros.
6.- ¿En verdad están funcionando las instituciones para resolver el problema de la pobreza y de elevar la calidad de vida de las familias en Veracruz?
El camino en combate de la usura no es fácil, nos consta; pero no nos rendiremos, la usura debe ser erradicada por los graves perjuicios que causa en el patrimonio y vida de las personas, y de ningún modo debe institucionalizarse, porque ello implicaría un retroceso en materia del reconocimiento, protección y tutela de los derechos económicos y sociales de las personas. Por último reiteramos el llamado a todos aquellos trabajadores, pensionados, jubilados que por motivo de la pandemia estén presentando problemas para pagar sus créditos obtenidos por medio de este mecanismo para exponer su caso, y llegar juntos a una solución que les permita vivir con dignidad y tranquilidad su retiro laboral.
Concluyó Teresa Carbajal, Representante del Barzón en Veracruz.
