Cdmx 29 de enero 2019/ La Jornada,- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Eirinet Gómez, corresponsal de La Jornada en Veracruz, quien se amparó para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) ordene a la Policía Federal (PF) entregar una versión pública, en la cual se dan a conocer los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe, en el estado.
El diario la Jornada reporta el caso. De acuerdo con el expediente, se registró y admitió a tramite en la SCJN la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción con el número 781/2018 y se turno a Alberto Pérez Dayán, quien lo presentará a los ministros.
En diciembre pasado, por unanimidad de votos de los magistrados Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Carlos Alberto Zerpa Durán (presidente), Guillermina Coutiño Mata y María Alejandra de León González, resolvieron que el máximo tribunal del país retomara el caso y lo estudie para que determine acerca de las facultades del Inai.
En ese entonces le ordenó a la SCJN tenga a bien determinar acerca de la facultad de atracción que se plantea en el expediente; y en consecuencia, se remitiera a ese alto tribunal los autos del recurso de revisión en que se actúa, el juicio de amparo origen y el tomo de pruebas.
La corresponsal de La Jornada ha informado de manera puntual sobre los hallazgo del cementerio clandestino Colinas de Santa Fe – donde El Colectivo Solecito de Veracruz, conformado por familiares de personas desaparecidas, ha rescatado los restos humanos de casi 300 personas inhumadas de manera clandestina en predios aledaños a la carretera “13.5 kilómetros”, que se encuentra en la zona norte de la entidad.
En abril de 2017 Eirinet Gómez solicitó al Inai a través de una solicitud, ordenara a la PF entregar una versión pública de los hallazgos e investigaciones, pero se la negaron, ya que la Policía Federal reservó por cinco años la información, fue entonces que la reportera, asesorada por sus abogadas Marybeda Patlax Valdivia y Adriana Fuentes Manzo, de la Asociación Civil Equifonia, recurrió al amparo.
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