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31.07.2026 Ciudad de México.- Al cumplirse once años del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ARTICLE 19 México y Centroamérica afirmó que el caso continúa marcado por una “impunidad estructural y sistémica”, al tiempo que acusó a las autoridades capitalinas de mantener omisiones en la investigación y de revictimizar a las familias de las cinco personas asesinadas.
En un pronunciamiento emitido este 31 de julio, la organización, que representa y acompaña legalmente a la familia del fotoperiodista Rubén Espinosa, sostuvo que durante más de una década ninguna de las administraciones responsables de la procuración de justicia ha agotado todas las líneas de investigación ni ha esclarecido la autoría intelectual del crimen.
El Caso Narvarte se remonta al 31 de julio de 2015, cuando fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Saviñón la activista Nadia Vera Pérez, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete y la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro. El crimen conmocionó al país, particularmente porque Rubén Espinosa y Nadia Vera habían denunciado amenazas en Veracruz antes de trasladarse a la capital del país.
ARTICLE 19 recordó que, a once años de los hechos, únicamente tres autores materiales han sido sentenciados, mientras que un cuarto presunto implicado, identificado como “El Duy”, continúa prófugo. Además, señaló que existen registros videográficos que apuntarían a la posible participación de al menos otras dos personas cuya responsabilidad no ha sido investigada plenamente.
La organización sostuvo que tampoco existen avances en la identificación y judicialización de los presuntos autores intelectuales del multihomicidio, una de las principales exigencias que han mantenido las familias desde el inicio del caso.
En su posicionamiento, ARTICLE 19 cuestionó el desempeño de las autoridades encargadas de la investigación al señalar que, desde 2015, el expediente ha pasado por al menos cinco titulares de la entonces Procuraduría y posteriormente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de tres administraciones del Gobierno capitalino y tres gobiernos federales, sin que se hayan agotado todas las líneas de investigación.
La organización informó que desde el año pasado únicamente sostuvo una reunión con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, y con las áreas responsables del caso. De acuerdo con ARTICLE 19 y la representación legal de las víctimas, durante ese encuentro se evidenció la falta de avances en la llamada línea de investigación de Veracruz, relacionada con las amenazas que Rubén Espinosa y Nadia Vera denunciaron antes de abandonar esa entidad.
Asimismo, aseguró que durante esa reunión las autoridades reconocieron que diversas evidencias extraviadas durante administraciones anteriores no podrán recuperarse, situación que las familias consideran una muestra más de las deficiencias institucionales que han impedido el esclarecimiento total del caso.
Otro de los señalamientos del comunicado se refiere a la investigación sobre posibles responsabilidades de servidores públicos por acciones u omisiones durante las indagatorias. ARTICLE 19 afirmó que esa línea permanece prácticamente paralizada y advirtió que la propia Fiscalía investiga actuaciones de funcionarios pertenecientes a la misma institución, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La organización también recordó que la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México continúa sin cumplirse en su totalidad, particularmente en lo relacionado con la reparación integral del daño y la corrección de las irregularidades detectadas durante la investigación.
En el comunicado se denuncian además nuevos actos de revictimización ocurridos durante 2026. ARTICLE 19 informó que la carpeta de investigación fue trasladada a una nueva unidad de la Fiscalía debido a cambios internos en la estructura de esa institución, decisión que, asegura, nunca fue comunicada a las víctimas ni a sus representantes legales.
Según la organización, la representación jurídica de las familias descubrió el cambio únicamente cuando intentó presentar un escrito ante la unidad que anteriormente tenía asignado el expediente. A su juicio, esta omisión vulnera el derecho de las víctimas a recibir información sobre el estado de la investigación y contraviene las obligaciones previstas en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
Otro de los temas expuestos por ARTICLE 19 es la situación del memorial instalado en la calle Luz Saviñón para recordar a las cinco víctimas. La organización señaló que dicho espacio ha sido retirado en tres ocasiones anteriores y denunció que actualmente existe presión de particulares para que sea eliminado de manera definitiva bajo el argumento de que afecta la imagen del edificio y de la colonia.
Las familias rechazaron esa posibilidad y reiteraron que el memorial constituye un ejercicio legítimo del derecho a la memoria, además de representar un espacio simbólico para recordar a las víctimas y exigir justicia.
El pronunciamiento también denuncia nuevos actos de hostigamiento contra la familia de Rubén Espinosa. ARTICLE 19 informó que, días antes del aniversario del crimen, los familiares detectaron que el nicho donde descansan los restos del fotoperiodista fue abierto y que diversas pertenencias habían sido sustraídas.
De acuerdo con la organización, este tipo de actos se ha repetido en distintos aniversarios del Caso Narvarte, por lo que considera que las familias continúan siendo objeto de agresiones y actos intimidatorios mientras persiste la impunidad.
ARTICLE 19 enmarcó el Caso Narvarte dentro del contexto de violencia que enfrentan periodistas en México. La organización recordó que ha documentado el asesinato de al menos 181 periodistas en el país desde el año 2000 y señaló que únicamente durante 2026 seis comunicadores han sido asesinados en posibles hechos relacionados con su labor informativa.
A juicio de la organización, la falta de resultados en la investigación del asesinato de Rubén Espinosa envía un mensaje de tolerancia frente a los ataques contra la prensa y refuerza un clima de impunidad que continúa poniendo en riesgo el ejercicio periodístico en México.
Ante este panorama, ARTICLE 19 anunció que, junto con la familia Espinosa, iniciará un análisis de todas las vías jurídicas disponibles, incluidas instancias internacionales, con el propósito de exigir que el Estado mexicano rinda cuentas por las deficiencias registradas durante más de una década de investigación.
Como parte de sus exigencias, la organización pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informar de manera inmediata qué unidad tiene actualmente a su cargo el expediente, mantener una investigación diligente y celebrar nuevas reuniones de seguimiento con las familias.
Asimismo, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México retomar el cumplimiento de la Recomendación 4/2017; al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal implementar acciones que garanticen la no repetición y una mayor protección para periodistas y sus familias; a la Jefatura de Unidad Departamental de Panteones de Miguel Hidalgo investigar las violaciones al nicho de Rubén Espinosa; y a la Secretaría de Cultura capitalina preservar el memorial instalado en recuerdo de las víctimas.
A once años del crimen que marcó un precedente en la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, ARTICLE 19 sostuvo que el Caso Narvarte permanece sin justicia plena y reiteró que el Estado mexicano mantiene la obligación de esclarecer completamente los hechos, sancionar a todos los responsables y garantizar la reparación integral para las familias de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.