*Editorial
BPNoticias .-La conmemoración de esta fecha no solo recuerda el origen de la norma, sino que obliga a renovar el compromiso con la igualdad y la dignidad de todas las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en México en febrero de 2007, constituye uno de los hitos más relevantes en la historia de los derechos humanos en el país.
Su expedición respondió a la necesidad de establecer un marco jurídico nacional que garantizara a las mujeres el derecho a vivir sin violencia, así como mecanismos para la igualdad y la no discriminación. A diecinueve años de su promulgación, esta norma sigue siendo referencia obligada para evaluar los avances y los pendientes en materia de género y derechos humanos.
La ley surgió en un contexto marcado por la presión de organizaciones feministas, organismos internacionales y la creciente visibilización de la violencia contra las mujeres en México.
Durante los primeros años del siglo XXI, se acumulaban denuncias sobre feminicidios en Ciudad Juárez y otras regiones del país, lo que generó un fuerte reclamo social y político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas habían señalado la urgencia de que México adoptara medidas integrales para enfrentar la violencia de género. En ese marco, el Congreso de la Unión aprobó la ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, bajo la administración del presidente Felipe Calderón.
El origen de la ley se vincula con la necesidad de superar la fragmentación normativa que existía en los estados y municipios. Antes de 2007, las acciones contra la violencia hacia las mujeres dependían de legislaciones locales, muchas veces insuficientes o contradictorias.
La nueva ley estableció un marco general aplicable en todo el país, definiendo distintos tipos de violencia —física, psicológica, sexual, patrimonial y económica— y creando mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Además, introdujo instrumentos como las órdenes de protección y la obligación de generar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Las causas que impulsaron su promulgación fueron múltiples. Por un lado, la presión social derivada de los feminicidios y la violencia doméstica que afectaba a miles de mujeres. Por otro, la necesidad de cumplir compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligaban a México a garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres.
Finalmente, la ley respondió a la urgencia de homologar criterios y establecer responsabilidades claras para las instituciones encargadas de atender la problemática.
Las implicaciones de la ley fueron profundas. Por primera vez se reconoció en el ámbito federal que la violencia contra las mujeres no era un asunto privado, sino un problema estructural que requería atención pública y estatal.
Se crearon instancias como el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y se impulsaron políticas de capacitación, sensibilización y atención especializada.
La ley también abrió la puerta a la creación de refugios y centros de atención integral, así como a la tipificación más clara de delitos relacionados con la violencia de género.
Sin embargo, a diecinueve años de su promulgación, persisten importantes pendientes y muchas de estas instancias han sido disminuidas.
La violencia feminicida continúa siendo una realidad alarmante en diversas regiones del país y el sistema ha logrado simular su atención disminuyendo artificialmente la cifra de feminicidios.
Las órdenes de protección, aunque previstas en la ley, no siempre se aplican de manera efectiva y muchas mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a la justicia. La coordinación entre niveles de gobierno es desigual y en algunos estados las instituciones carecen de recursos suficientes para cumplir con las obligaciones establecidas.
Además, la discriminación estructural y los estereotipos de género siguen limitando el alcance de las políticas públicas.
La ley de 2007 representó un avance histórico, pero su plena implementación requiere voluntad política sostenida, recursos adecuados y un cambio cultural profundo.
A casi dos décadas de distancia, la efeméride invita a reflexionar sobre lo logrado y lo pendiente: México cuenta con un marco jurídico sólido, pero aún enfrenta el reto de garantizar que las mujeres vivan realmente libres de violencia y discriminación.
