- Escrito por Arantza Díaz .
07.05.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Constitución Política, a fin, de abrir apertura para la Ley 3 de 3. Para el primero de junio, dada la naturaleza de la reforma de adecuar la Carta Magna, se necesitó la aprobación de 17 congresos locales. Tras este proceso, el dictamen logró consagrarse y publicarse con éxito en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 2023. Este hecho representó una de las victorias feministas más importantes al nacer desde el seno de la sociedad civil y ahora, a 2 años de este avance sustantivo, ¿qué tanto se ha progresado para que ningún agresor más esté en el poder?
Desde 2018, la 3 de 3 está siendo impulsada a nivel local y federal por la colectiva Las Constituyentes Mx, un grupo de mujeres cuyo objetivo es incidir directamente en la construcción de la vida política de México para que nunca más haya leyes sin nosotras. Esta iniciativa de reforma constitucional es la número ocho en su lista y —como su nombre lo indica— consiste en hacer obligatorios tres requisitos para todo aquel que quiera ocupar un cargo público en México.
La 3 de 3 propone que para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:
- Violencia sexual
- Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)
- Ser deudora alimentaria morosa
Esta propuesta comenzó a formarse luego de que Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes, fuera víctima de violencia y tortura ejercida por elementos policiales en el estado de Guerrero en 2017. Cinco meses después de los hechos —contó en entrevista para Cimacnoticias— la 3 de 3 comenzó a gestarse dentro de su colectiva. Todo inició con una publicación de la activista a través de redes sociales, donde convocó a las interesadas a unirse en la planificación de la medida que finalmente se está concretando a nivel federal.
Tras años de lucha, Las Constituyentes empujaron su agenda y fueron el eje rector para que hoy, se hable de una Ley 3 de 3 que ya goza de un rango constitucional, pero que en la práctica, parece meter en aprietos prácticas como el pacto patriarcal dentro de la política y propicia el silencio, incluso, el solapamiento de agresores y/o deudores alimentarios.
2 años con agresores al poder: Entre aplausos, premios y cargos políticos
Con una Constitución reformada y el camino legal abierto para exigir que ningún agresor más ostente el poder, se podría considerar que las mujeres, personas en situación de vulnerabilidad e infancias gozarán de mayor tranquilidad a sabiendas de que su violentador ha perdido el privilegio -político-, sin embargo, el fenómeno de agresores al poder se mantiene latente, incluso, con una incidencia preocupante de unos meses a la fecha y con el arribo de la elección judicial 2025.
Los ejemplos son múltiples, desde jueces acusados de no pagar pensión: candidatos a gubernaturas que tienen denuncias y exgobernadores que continúan en cargos políticos, a pesar, de contar con señalamientos de abuso sexual. La impunidad de la que gozan estos personajes desdibuja los alcances de la 3 de 3, no porque esta sea ineficiente, sino más bien, porque este poderoso marco normativo debe acompañarse de la acción; una resistencia a que la Ley pase a ser letra muerta y se convierta en una verdadera arma para abolir prácticas de violencia, encubrimiento y pactos políticos.
Esto, resulta preocupante, porque de acuerdo con datos de la colectiva Observatoria Ciudadana Todas Mx, candidatos de todos los partidos políticos cuentan con al menos una denuncia abierta por algún delito de violencia contra las mujeres, de las cuales Morena es el que encabeza la lista de las llamadas “antiboletas”, con el mayor de denunciados, pero aun sin sentencia por violencia contra ellas y quienes siguen abiertamente en la elección o el poder.
¿Entonces qué pasó con la frase de “ningún agresor al poder”? La respuesta es que la única forma para cerrar el camino a los agresores de mujeres y sus familias para que no puedan ocupar puestos de poder es contar con una sentencia penal firme y para ello, debe de haber transcurrido todo el proceso judicial; por extensos que sean los juicios, los cuales no empatan con los tiempos electorales, situación aprovechada por quienes enfrentan denuncias en alguno de los postulados de la ley y se benefician de la justicia patriarcal, así como de los índices de impunidad en México.
Es decir, pedirle a una mujer que lleve una sentencia firme de un juez, es casi imposible, nuestro Sistema Penal Acusatorio ni siquiera hace que todos los delitos culminen con una sentencia. De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que se resuelva un delito es de un 0.9 por ciento, una probabilidad nula, casi inexistente.
Dentro de este mapeo, se nombran algunos personajes que mantienen el cobijo de su partido político y sortean la 3 de 3 en total impunidad.
Cuauhtémoc Blanco, señalado de abuso sexual
En «El pacto patriarcal por Cuau«, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta escribió que, lo acontecido en la Cámara de Diputados donde se desechó el dictamen para iniciar el posible proceso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco, -acusado de tentativa de abuso sexual-, tiene implicaciones no sólo hacia el descobijo de las víctimas, sino que va más allá porque coloca en el centro de la reflexión el largo camino que aún se tiene para que las mujeres logren tener conciencia de su poderío.
Uno de los actos más evidentes del pacto y del cobijo político es el caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco a quien parece, no apretarle ni un poco la Ley 3 de 3. Por el contrario, se sabe protegido y con la facultad suficiente de continuar ejerciendo cargos de poder en impunidad, aún, cuando existe una carpeta de investigación en su contra.
Lo acontecido en la Cámara de Diputados, donde Cuauhtémoc salió victorioso entre gritos de «¡No estás solo!», pasará a la historia como un acto profundamente indignante que recuerda lo anidado que está el patriarcado en el sistema, pero también, en cómo se politiza la lucha; mucho se habla de Cuauhtémoc y se señala a las diputadas que lo cobijaron, y poco, de la sobreviviente de Blanco, Nidia Fabiola.
Sandra de los Santos ya lo escribía en su columna para CIMAC:
«Se habló del fuero, del cálculo político, del linchamiento o la defensa de las diputadas, pero se perdió de vista que detrás de esta solicitud había una denuncia de tentativa de violación. Una mujer que, al decidir denunciar, quedó sola frente a un sistema dispuesto a blindar al poder antes que proteger a las víctimas»
Esto apunta a que, más que hablar de lo sucedido con Cuauhtémoc Blanco, se tiene que señalar al pacto patriarcal y al sistema que vela por intereses profundamente violentos, a pesar, de que se cuente con un marco normativo sólido que intente taparle el paso a los agresores.
En 2023, Nidia Fabiola N, sufrió violencia sexual en grado de tentativa por Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos y su medio hermano, mientras trabajaba con él en su gabinete.
Según se describe en la carpeta de investigación SC01/9583/2024, Nidia tuvo que irse a vivir con su medio hermano en la Residencia Oficial Morelos y una noche de diciembre ocurrieron los hechos.
Sin embargo, decidió no denunciar hasta noviembre de 2024, dos meses después del término de la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco, debido al poder político que este presumía tener, según el testimonio que se registró en la carpeta de investigación.
Ante los señalamientos, Cuauhtémoc Blanco respondió que se trata de una campaña de persecución política en su contra e interpuso una demanda de extorsión en contra de Uriel Carmona. Respecto a Nidia Fabiola N., el diputado federal negó las acusaciones y el parentesco señalando que ella vivió en la Residencia Oficial para darle asilo.
Alito Moreno, violencia política
A principios de marzo el Tribunal Electoral de Tamaulipas emitió un fallo en favor de Mayra Rocío Ojeda Chávez quien fue destituida arbitrariamente de su cargo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Comité Ejecutivo Nacional a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito; la amonestación por violencia política en razón de género resulta un parteaguas y reconoce una violación directa al libre ejercicio de los derechos políticos y electorales.
Este fallo exige a las autoridades interpartidistas atender el agravio de violencia política pues, hasta la publicación de dicho documento, el PRI ha sido omiso en dar una resolución a Mayra Ojeda, por ello, ordenó que al partido emitir su resolución de fondo.
De forma concreta, Mayra Ojeda -quien fuese electa para ocupar la Secretaría General del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas-, fue destituida de forma arbitraria luego de que pidiera trabajar desde casa, pues estaba embarazada. A pesar de que Ojeda se acercó con Alito Moreno, éste se defendió señalando que su estado gestacional la incapacitaba de cumplir con sus funciones.
Además, esta no es la primera vez que Alejandro Moreno del PRI es acusado por violencia política en razón de género, recordemos que en enero del 2024, la diputada federal del PRI, Montserrat Arcos Velázquez denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas; por violencia política de género tras negarse a «un esquema de corrupción y desvío de recursos por 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres del Organismo Nacional de Mujeres Priístas»; situación que le ha derivado en violencia por parte de la dirigencia del partido.
Alito Moreno se mantiene, a la fecha, ejerciendo su cargo político y la 3 de 3, parece no apretar lo suficiente para acelerar su proceso de desafuero por el delito de violencia política en razón de género, una de las causales más expresas que ya está contenida en la Constitución.
Martín Vivanco, acusado de tentativa de feminicidio
En Durango, Martín Vivanco ha ganado cierta popularidad entre la población; es el candidato estrella de Movimiento Ciudadano para quedarse con la gobernatura de Durango capital en las próximas elecciones.
Colocándose en el mapa por presentar la primera iniciativa por un sistema estatal de cuidados en Durango y nombrando la doble jornada de las mujeres, siendo considerado en su momento el candidato con mejores propuestas por los derechos humanos de las mujeres, hoy día, Vivanco está puesto en la mira y las colectivas feministas han dejado claras sus intenciones de rebotar esta candidatura, pues además de estos discursos «aliados», el candidato también carga con el señalamiento de tentativa de feminicidio en contra de su expareja, Christia Gallegos, quien huyó de la entidad.
Pero los señalamientos contra Vivanco son múltiples, pues además de ser acusado por su expareja, la abogada Paulina Monreal -quien pertenecía a la bancada del MC- también lo señaló por violencia política, exponiendo en sus redes sociales: «Ahora nos enteramos de que es abusivo y violento con su esposa. Seamos conscientes de que cuando minimizamos esas actitudes machistas, estas pueden escalar»
Aylin Campos, activista por Madres en Libertad exigió el pasado 8M que el Instituto Nacional Electoral impida a Vivanco cualquier intento de participar activamente en las elecciones políticas y le prohíba lanzar su candidatura, esto derivado de los señalamientos reiterados de violencia que han sido documentados a lo largo de su carrera política. Sin embargo, a pesar de que existe registro de sus agresiones contra Paulina Monreal y Christia Gallegos -incluso contra otro hombre a quien agredió físicamente y produjo que el MC lanzara un comunicado condenando el hecho-, la candidatura de Martin Vivanco avanza y ni la Ley 3 de 3, parece poderle meter freno a un mes de las votaciones.
Félix Salgado, acusado de abuso sexual
Acusado de abuso sexual, Félix Salgado no ha perdido la oportunidad de referir, -desde hace un año-, que no ha quedado completamente descartado postularse en un futuro para la gubernatura de Guerrero, atajando que, en caso de hacerlo, es su derecho constitucional postularse.
Esta no fue la primera vez que Salgado Macedonio toca la puerta del palacio de Guerrero, recordando que, en 2021 con el fuerte respaldo de Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, avanzó su postulación, sin embargo, terminó retirada por señalamientos de violencia sexual y no haber registrado informes de gastos de su campaña.
En 2021, Basilia Castañeda Maciel denunció: “El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz, y al incumplimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”.
Basilia señaló a Salgado Macedonio como su agresor en 2021 y contó a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la República (FGR) que hacía más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, fue violentada por Félix Salgado Macedonio y narró una violación sexual en su domicilio, ubicado en Chilpancingo, cuando ella fue a pedirle ayuda para regresar a Técpan de Galeana, de donde es oriunda.
La mujer enfrentó una serie de inconsistencias, persecución política, revictimización y difamación por parte de la bancada morenista, incluyendo, del propio presidente López Obrador quien defendió a Salgado Macedonio durante su sexenio al decir que esos señalamientos, sólo se trataban de un asunto partidista y producto de la temporada de elecciones, pues recordemos, fue en 2021 cuando Macedonio buscaba la gubernatura de Guerrero.
Salgado Macedonio enfrenta dos denuncias penales por el delito de violación sexual. Una de estas era la de Basilia, expediente que fue enviado por la FGR a la Fiscalía estatal, instancia que enero de ese mismo año desechó porque, aseguró, prescribió la acción penal.
La otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el candidato cuando él era director del periódico La Jornada de Guerrero; ambas carpetas de investigación permanecen congeladas.
Han pasado 7 años de este hecho y el -ahora- diputado continúa en un cargo político bajo la bandera del partido que nunca lo abandonó.
Ernesto Prieto, deudor alimentario
En una jornada compleja y dividida, la bancada de Morena eligió el pasado febrero en la Cámara de Diputados a su representante ante el Instituto Nacional Electoral con 115 votos. El vencedor: Ernesto Prieto Gallardo, diputado federal de origen guanajuatense quien había sido expulsado del partido en 2019 por violencia de género y que hoy, tiene un proceso abierto por ser deudor alimentario de su hija de 4 años.
Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina y activista por la defensa de los derechos humanos de las madres autónomas es quien ha acompañado el caso de esta madre y su hija que desde hace un par de años, se encuentran en una batalla legal para que Ernesto Prieto pague la pensión alimentaria y reconozca a su hija, sin embargo, la lucha más que personal, se ha vuelto estructural; el caso encarna fenómenos como la colusión, el pacto patriarcal y una sólida bancada morenista que ha sido permisible.
En entrevista con Cimacnoticias, Diana Luz narra que, desde el 2021, Ernesto Prieto estaba enterado del embarazo de su pareja, sin embargo, la mujer fue abandonada y el político «se desentendió de todos los gastos, de la presencia y de los cuidados que implican que una bebé nazca», denunció la defensora en entrevista.
Un juez ya implementó la primera medida cautelar que exige a Ernesto Prieto pagar el 25% de su salario mensual mientras se realizan las debidas diligencias, siendo la más importante, la toma de ADN para zanjar el caso, sin embargo, en 4 años el caso se ha alargado debido a dilataciones del propio diputado. El asunto medular que denuncia la defensora es que, en añadidura, Ernesto Prieto entrega pensión de manera esporádica y eso lo ha blindado de ser judicializado.
¿Qué representa que estos personajes en la política continúen ejerciendo en total impunidad?: El hecho de que este señor llegue como representante de un partido político al INE nos habla de los pactos patriarcales, de la falta de consciencia cuando hay un proceso jurídico abierto que él ha prolongado para evitar ser sentenciado, el partido hace mutis de las violencias pasivas, de las amenazas que usa el diputado para quitarle la niña a la madre y de la revictimización; con su tolerancia y permisibilidad, sigue burlando la justicia, refiere Diana Luz.
¿En qué consiste esta reforma?
La Cámara de Diputados explaya en su publicación , que la reforma incorpora la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos en los siguientes supuestos:
Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual o por violencia familiar, equiparada, doméstica, violación a la intimidad sexual.
Por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos
Por ser declarada como persona alimentaria morosa
Los congresos de la Ciudad de México y Tlaxcala fueron los últimos en lograr aprobar la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y lo hicieron antes del plazo establecido del 25 de noviembre del 2023, en la Legislatura de Veracruz se quedó en revisión el dictamen; sin embargo, no cumplieron con el proceso Campeche, Morelos, Michoacán, gobernados por Morena, y Nuevo León, encabezado por Movimiento Ciudadano.
El 29 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, como resultado de una ardua lucha y bajo el liderazgo de colectivas feministas.
