*Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo .
05.07.2023/CimacNoticias.com/.- El pasado viernes 30 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la ceremonia por los cuatro años de la creación de la Guardia Nacional, no obstante es una de las intituciones con mayor número de quejas presentadas ante el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos con 577 acumuladas a cabo a largo de todo el país.
Entre los hechos violatorios de alto impacto, la Guardia Nacional tiene 3 quejas por privación de la vida; 3 por desaparición forzada; 16 por tortura; 29 por trato cruel, inhumano o degradante; 43 por detención arbitraria.
El gobierno mexicano detalló que para la Guardia Nacional en estos cuatro años ha adquirido 118 mii 230 armas, 81 millones de cartuchos de diferentes calibres, tres mil 747 vehículos, cinco mil 457 bienes informáticos. Lo anterior complementa el armamento, material, equipo y vehículos transferidos por las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina a esta fuerza policial.
Durante este tiempo la Guardia Nacional ha detenido a 32 mil 117 personas por la presunta comisión de diversos delitos, asegurado 7 mil 844 armas de diferentes características, 11 millones de cartuchos, 37 mil 300 cargadores para diversos tipos de armas, 48 mil 370 vehículos terrestres y 81 aeronaves, 104 mil 246 kilos de marihuana y 299 de heroína, 17 mil 620 kilos de metanfetaminas y 450 de goma de opio, tres mil 714 ampolletas y 606 mil 755 pastillas de fentanilo. 352.2 millones de pesos, 19.5 millones de dólares.
Es importante recordar que la Guardia Nacional surgió como un proyecto prioritario del gobierno de la República, supuestamente para atender la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad. De esta manera, el presidente de la República encomendó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a asumir la responsabilidad compartida de contribuir en la integración y consolidación de la Guardia Nacional.
Bajo este contexto y en virtud que la creación y conformación de una nueva institución de seguridad la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a la tarea de analizar, investigar y conocer las capacidades, organización y funcionamiento de cuerpos policiales similares alrededor del mundo, de los cuales 32 países cuentan con una Guardia Nacional o su equivalente y, de estos, 16 naciones tienen un origen militar en el modelo de su organización como son Francia, Italia, España, Argentina y Colombia, entre otros. Siendo esta importante condición un factor fundamental para su permanencia.
Diversas organizaciones promotoras de Derechos Humanos ya habían señalado la gravedad de tener una Guardia Nacional militarizada, por ejemplo el 14 de junio del 2022 cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, respecto de las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional se detalló que sus elementos eran militares.
Detallaron que en 2019 se reportaba que la Guardia Nacional estaba integrada por 15 mil 375 elementos de Sedena; 35 mil 232 de policía militar y 5 mil 584 de policía naval, es decir del total de 91 mil 628 elementos que integraban en ese momento la Guardia Nacional, 58 mil 602 provenían de las fuerzas armadas[1].
En 2020, a los ya reportados, se sumaron 18 mil 683 efectivos de Sedena y Semar[2]. Para 2021, en su informe Anual (publicado en enero de 2022), la Guardia Nacional reportó estar formada por 113 mil 833 integrantes, de los cuáles 90 mil 597 formaban parte de las Fuerzas Armadas, es decir, el 80 por ciento de esa institución es de origen castrense.
Asimismo, los mandos de la Guardia siguen un patrón similar de preponderancia castrense y además el mismo titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, es un militar en retiro. Además, de las 32 coordinaciones estatales, 28 de sus mandos son provenientes de la Sedena y cuatro de la Semar[3], ninguna es de carrera civil.
Y, quien actualmente encabeza la Unidad de Asuntos Internos —el principal control interno considerado en la Ley de la GN— es el general David Enrique Velarde Sigüenza, quien fue acusado presuntamente de tortura y otras violaciones durante su paso por la Policía Judicial Militar (PJM), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Militar[4]
Durante el evento de conmemoración de los cuatro años se dio a conocer que actualmente cuenta con 118 mil 188 elementos desplegados en todo el país, lo que significa un avance del 86.31 por ciento de los 136 mil 702 proyectados en la constitución de su fuerza operativa para el año 2024. También se dijo que en este 2023 tiene 241 instalaciones construidas, 63 están en proceso de construcción, 190 se encuentran proyectadas para su edificación, de las cuales 67 para el segundo semestre de este presente año y 123 para el año 2023.
A estas instalaciones se suman 100 asignadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en diversos lugares estratégicos del país. Adicionalmente, tienen proyectado construir 13 instalaciones para coordinaciones estatales, 40 de nivel batallón, así como 10 unidades habitacionales.
Migración
En el mismo evento de este 30 de junio se dio a conocer que la Guardia Nacional en estos cuatro años “ha rescatado humanitariamente a 487 mil 910 migrantes”, no obstate, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”.
A lo que agregaró el Pro Juárez, que desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras: en febrero de 2022, de 99 mil 946 elementos desplegados en México, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur.
Lo que se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
Esto fue informado el 14 de junio del 2022 cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, respecto de las Leyes Secundarias de la Guardia Nacional.
La acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH), al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos.
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¿Por qué la oposición al vínculo Guardia Nacional-SEDENA? Puntos clave para el debate
Escrito por Diana Hernández Gómez 25 abril, 2023
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional es de carácter civil y tiene el objetivo de velar por la seguridad pública en México tal como lo establece su propia Ley. Aun así, en 2022, el Congreso aprobó que fuera administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La medida fue revertida, lo que ha generado opiniones divididas. Para comprender este debate, es necesario entender qué es la militarización, las consecuencias que ha dejado en México y lo que dicen las leyes respecto a la Guardia Nacional.
Antes de abordar los puntos clave sobre este tema, debemos recordar lo que sucedió el pasado 18 de abril en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aquí se sometió a discusión la decisión del Congreso sobre la GN y SEDENA y, por mayoría, se concluyó que el control operativo y administrativo de la GN no puede estar en manos del Ejército.
Entre otras cosas, los argumentos de ministras y ministros como Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá se centraron en:
- La diferencia entre las funciones y el entrenamiento del Ejército y de un cuerpo de seguridad pública.
- Los casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares en México y las recomendaciones internacionales que ha recibido el país a raíz de ellos.
- La violación a las leyes que suponía la adhesión de la GN a SEDENA.
Los puntos 1 y 3 hablan de un proceso de militarización de la seguridad pública que, entre otras cosas, puede desencadenar más violencia en la República Mexicana.
1. ¿Qué es la militarización y qué tiene que ver con la Guardia Nacional?
De acuerdo con Nancy Carmona Arellano —coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia—, podemos hablar de militarización cuando las instituciones policiales adoptan jerarquías y modos de actuar militares. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con la Guardia Nacional.
Es importante destacar que dentro de las filas de la GN hay exmilitares. El propio titular del organismo, el comisario general David Córdova Campos, fue Oficial Mayor de la SEDENA y se desempeñó como Comandante en diferentes batallones y Regiones Militares.
Tal como indicó Norma Piña en la Suprema Corte, el entrenamiento de los militares es muy distinto al de las instituciones encargadas de la seguridad en las calles. Mientras los primeros son entrenados para defender la soberanía de posibles enemigos o conflictos armados, las segundas deben contar con diferentes estrategias para proteger la integridad y los bienes de la ciudadanía, así como el orden público en general.
De ahí que colocar a militares retirados en la Guardia Nacional implique introducir en ella formas de actuar que pueden no resultar eficaces para garantizar la seguridad pública. Por el contrario: el historial de violencia que el Ejército mexicano ha ejercido contra la población civil habla de un alto riesgo de que esta seguridad se vea aún más vulnerada.
2. La violación de derechos humanos en México por parte del Ejército
En México hay varios casos de violencia ejercida por militares contra la población civil. Algunos de estos casos son los de:
Las tres mujeres son víctimas de tortura sexual por parte de miembros del Ejército mexicano. A raíz de estos y otros casos, diversos organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano retirar a las fuerzas armadas de las labores de seguridad e invertir en la capacitación correcta de los cuerpos de seguridad pública. Algunos de los organismos que han emitido sus recomendaciones al respecto son:
- El Comité Contra la Desaparición Forzada
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- El Comité Contra la Tortura
- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
De acuerdo con un recuento elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) México, desde 1998 hasta 2022, nuestro país contaba con 33 recomendaciones que incluyen señalamientos como la participación de militares en casos de desaparición forzada, homicidios y diversos tipos de tortura.
Aún con estos antecedentes, el Congreso había optado por reforzar aún más el carácter militar dentro de la Guardia Nacional, la cual —de por sí— ya tiene un historial por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este historial acumuló 219 quejas contra la GN interpuestas entre marzo de 2019 y agosto de 2020.
Además de esto, Amnistía Internacional ha reportado que la GN tiene por lo menos tres acusaciones por tortura y dos por desapariciones forzadas. Y, recientemente, se ha dado a conocer vía la Plataforma Nacional de Transparencia que la institución acumula 60 quejas por violencia sexual. De ahí que trasladar su operatividad a SEDENA hubiera implicado el riesgo latente de incrementos en la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero, además de estos factores, la unión de la Guardia Nacional con SEDENA hubiera resultado una violación a la ley.
3. Contradicciones al legislar sobre la Guardia Nacional
Además de los argumentos explicados hasta ahora, ministras y ministros también decidieron no dejar las operaciones y la administración de la GN en manos de SEDENA simplemente porque esto supone violar la Ley de la Guardia Nacional.
El artículo 4 de dicha ley establece que la Guardia Nacional “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional”. De igual forma, especifica que esta institución está adscrita “como órgano administrativo desconcentrado” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por lo tanto, cambiar su administración al Ejército significaba romper con su carácter civil y con ello violar la ley. Sin embargo, esta no sería la primera vez que algo así sucediera. El artículo 5de la misma ley citada arriba establece que para que los elementos de la GN colaboren en labores de seguridad pública necesitan celebrar convenios con las entidades federativas o los municipios que así lo soliciten.
Este requisito, sin embargo, no se cumplió cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó que la Guardia Nacional desplegar sus elementos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Cuando Cimacnoticias solicitó información al respecto tanto al Metro como al Gobierno de la Ciudad de México, ambas instituciones respondieron que no tenían esa documentación. Tampoco pudieron ofrecer datos sobre la inversión económica que supuso la medida de Sheinbaum Pardo.
Así, la opacidad se une también a los factores detrás del rechazo a la unión de la Guardia Nacional contra la SEDENA. Estos factores hicieron posible la anulación de la medida, pero aún así no deja de haber inconformidad con la actuación de la GN hasta este momento.
[1] Guardia Nacional. “Situación de la Guardia Nacional”, 13 de agosto de 2019, diapositiva 6, disponible en: http://rednacionalporlaseguridad.com/wp-content/uploads/2019/08/CPM-GN-despliegue-y- situación-13ago19.pdf.
[2] Guardia Nacional. “Informe anual de actividades de la Guardia Nacional 2020”, p. 86, disponible en: https://www.gob.mx/sspc/documentos/informe-anual-de-actividades-2020-282860.
[3] Ibíd., p. 22. Véase también, Guardia Nacional. “Informe de seguridad”, 20 de enero de 2022, p.4, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/693978/CPM_Informe_de_seguridad__20ene22.p df.
[4] Véase Ferri, Pablo. “Un general vinculado a casos de tortura dirige la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional” en El País, 30 de junio de 2021. https://elpais.com/mexico/2021-06-30/un-militar- vinculado-a-casos-de-tortura-dirige-la-unidad-de-asuntos-internos-de-la-guardia-nacional.html.
