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/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
25.06.2025 /CimacNoticias.com / Ciudad de México.- A seis años de la implementación de la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad nacional y la aprobación de la Cámara de Diputados de la Ley Guardia Nacional, se debe poner en relevancia el panorama de militarización en el que México se encuentra, sobre todo cuando han sido las mujeres quien han enfrentado la violencia de esta medida.
El pasado 17 de junio, durante la sustentación del X informe periódico del Estado mexicano ante el Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), negó que exista la militarización en el país, a pesar de que las expertas del comité cuestionaron con insistencia los resultados de la intervención de la GN en labores de seguridad.
En su intervención, Citlalli Hernández describió a la GN como una nueva figura policial de carácter civil que ha sido acompañada por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) e insistió en que esto no constituye en un problema de militarización. Asimismo, al referirse a las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, lo atribuyó a un evento en el pasado sin mencionar que dichas agresiones contra mujeres continúan en la actualidad.
En contextos de militarización, la violencia estructural que viven las mujeres se incrementa, especialmente en zonas donde las fuerzas armadas asumen funciones de seguridad pública. En estos entornos, los cuerpos de las mujeres no solo son desprotegidos, sino que se transforman en objetivos simbólicos y materiales de control y castigo, volviéndose territorios de guerra.
Anteriormente la CEDAW ha expuesto las consecuencias para las mujeres y niñas ante el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública en México, advirtiendo que dicha estrategia contribuiría a una intensificación de la violencia contra las mujeres. El despliegue de la fuerza militar también se traduce en impunidad y violaciones a derechos humanos, ya que tiende a criminalizar a las mujeres, especialmente si son jóvenes, pobres, racializadas o migrantes. Por tanto, hablar de militarización no solo implica el uso de la fuerza en espacios públicos sino un modelo que reproduce violencia de género.
La propuesta de formar la Guardia Nacional surgió como una respuesta a la percepción generalizada que las fuerzas policiales locales y estatales eran insuficientes y con frecuencia, estrechaban relaciones con grupos del crimen organizado; ante tan incontrolable erosión social, la Guardia Nacional apareció en el panorama como respuesta clave para actuar de manera transparente contra el crimen a lo largo y ancho del país.
Cabe mencionar que la militarización del país ya se había puesto en marcha desde la implementación de las me didas de seguridad pública impuestas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dando como resultado un aumento considerable en la proporción de mujeres que son asesinadas con armas de fuego. Mientras que en 2007 este porcentaje era de aproximadamente un tercio del total, los registros disponibles para 2020 indican que seis de cada diez mujeres mueren de esta manera, según reportó el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Como dato primario, recordemos que el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Guardia Nacional un 28 de febrero del 2019, y fue formalmente establecida el 26 de marzo de ese mismo entonces con la publicación de la Ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación.
Desde ese entonces, la GN ha estado involucrada en diversas operaciones de seguridad a nivel nacional, colaborando con otras instituciones del gobierno mexicano e incluso, supliendo funciones de otras fuerzas como la policía estatal y local, siendo así que, un grupo castrense y de combate, terminó por convertirse en una institución que ha desdibujado la línea de sus funciones.
Desde 2021 se realizaron reformas legales para que la Guardia Nacional pase a depender operativa y administrativamente de la DEFENSA, ya que al tener estructura militar sería el Ejercito quien gestionaría mejor los recursos y la disciplina y se hizo oficial el 1 de octubre de 2024 cuando entró en vigor la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre.
«Las implicaciones de la militarización van más allá del abuso sistemático por parte de las fuerzas armadas en las detenciones, del aumento generalizado de violencia por su mera presencia en las calles y la perpetración de agresiones a mujeres dentro de su misma institución», menciona el informe de la UNAM. Añade que, México ha apostado por esta estrategia abandonado el apoyo de otras estrategias, aspecto que se ha visto reflejado en la asignación presupuestaria donde cada vez más aumenta recursos a la DEFENSA y no a programas que tienen incidencia en la vida de las mujeres y que se encuentran en el Anexo 13.
Panorama de violencia contra mujeres en datos
Desde el 2024, el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024’ del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunció que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, particularmente entre 2020 y 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 664 quejas hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y mil 816 en contra de la Guardia Nacional.
En 2023, la organización Intersecta analizó dos instrumentos estadísticos para conocer en qué medida miembros del ejército y la marina han sido autores de violencia contra mujeres. Después de revisa la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, encontraron que más de 68 mil mujeres fueron agredida por la GN y la Marina.
Las agresiones reportadas fueron piropos ofensivos, con 38.2%; en menor medida, se encuentran ofensas u otras instancias de humillación, con 14.7%; miedo a ser atacada sexualmente, con 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego con 3.3%, mientras que el 1.1% y el 0.2% indican intentos de violación y violación.
La ENPOL evidenció que la incidencia de violencia perpetuada al momento de la detención de una mujer incrementa en operativos conjuntos con 87%, seguido de la Marina con 86.4% y del ejercito con 77.4%. Particularmente se denunció que un tercio de las mujeres detenidas por la Marina vivieron descargas eléctricas, el 19.4% vivió violencia sexual y el 11.5% de las mujeres detenidas por la entonces SEDENA, también sufrió esta agresión.
Asimismo, se denunció la existencia de una relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad, pues nueve de cada diez detenidas por la Marina, el ejército o por un operativo conjunto, afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas vivieron algún tipo de violencia. Estos datos fueron publicados en el informe «Entre dos guerras» de Intersecta.
Mujeres migrantes, indígenas e infancias, el blanco común de la Guardia Nacional
La militarización en México provocada por los cambios de las políticas públicas migratorias ha creado un escenario idóneo para profundizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a sufrir diferentes tipos de violencia. De acuerdo con el articulo ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’, las políticas migratorias se han ido modificando a lo largo de los años en beneficio de las necesidades de Estados Unidos.
De esta manera, aunque México es un país de tránsito y destino, actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado la militarización fronteriza como parte de una estrategia que busca frenar el flujo migratorio y el contrabando de fentanilo ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donal Trump. De esta manera, en enero de 2025 se enviaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 ciudades fronterizas de Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte.
Migrar en territorio militarizado, consecuencias para mujeres – cimacnoticias.com.mx
A esto se suma que varias estancias migratorias están vigiladas bajo la GN cuando los estándares internacionales establecen que el personal en cargado de los centros de detención migratoria debe pertenecer al sector público y cuando se deleguen a empresas privadas, deben sestar a cargo responsables civiles. No obstante, son las fuerzas armadas quienes las controlan, por lo que tienen acceso y poder para ejercer violencia contra las migrantes.
Lo mismo ocurre cuando hablamos de mujeres indígenas en contextos de desplazamiento forzado. En muchos casos son doblemente vulneradas: por su condición de género y por su pertenencia étnica. Son desplazadas de sus tierras por megaproyectos, crimen organizado o conflictos armados, y en esos procesos suelen ser las principales afectadas. El desplazamiento forzado rompe sus redes comunitarias, desestructura su rol en la vida colectiva y las expone a situaciones extremas de pobreza, explotación y violencia.
Además, la presencia militar en sus territorios tiende a desarticular las formas de justicia comunitaria, imponiendo un modelo externo que no responde a sus necesidades ni reconoce sus derechos. Cuando las fuerzas armadas se despliegan en comunidades indígenas, suelen hacerlo bajo la lógica de control y vigilancia, ignorando los marcos culturales, los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios. Esta presencia militar, lejos de brindar seguridad, genera nuevas formas de violencia.
Las infancias también se están viendo afectadas por las consecuencias de la militarización. Tan solo en 2025 ocurrieron dos casos emblemáticos que termino con la muerte de los menores de edad: el de Alexander (9 años) y Gael (12 años) que fueron asesinados por militares cuando se encontraban regresando de ver un partido de béisbol en su vehículo en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán, Sinaloa; y el de Alexa (7 años) y Leydi /11 años) cuando viajaban en una camioneta por Badiraguato, Sinaloa. En ambos casos, los militares confundieron los vehículos y dispararon directamente con armas de fuego.
Lo que está en juego
El día de hoy, la Cámara de Diputados discutirá la Ley Guardia Nacional, una propuesta enviada desde el Ejecutivo Federal que regula diversas disposiciones de la Guardia Nacional. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han advertido que estas medidas profundizan el carácter militar de la GN.
| LEY A REFORMAR | DISPOSICIONES |
| Ley Orgánica de la Administración Pública Federal | En materia de seguridad nacional, coadyuvará y se coordinará, en el ámbito de su competencia, con las instancias de seguridad nacional, en la realización de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano |
| Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas |
Se establece que la Guardia Nacional participará con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, así como garantizar la seguridad interior, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas |
Se dispone que la educación del personal de la Guardia Nacional estará orientada al conocimiento y aplicación en materia de seguridad pública, en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y será dirigida al conocimiento y aplicación en materia de seguridad pública. |
| Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas | Podrán concursar por ascensos con rangos equivalentes a los de la Defensa y la Armada. |
