*El caso de María Elena Ferral evidencia la impunidad de la violencia contra la prensa.
06.04.2026 México.- A seis años del asesinato de la periodista María Elena Ferral, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, familiares y colegas mantienen vigente la exigencia de justicia en un caso que se ha convertido en símbolo de la impunidad que enfrentan los crímenes contra periodistas en Veracruz y en el país.
La organización Article 19 México y Centroamérica recordó que el homicidio, ocurrido el 30 de marzo de 2020 en el municipio de Papantla, permanece sin una resolución integral. A seis años de los hechos, las investigaciones no han logrado establecer responsabilidades más allá de algunos presuntos autores materiales, mientras los posibles autores intelectuales continúan sin ser identificados ni llevados ante la justicia.
Ferral se desempeñaba como corresponsal del Diario de Xalapa y dirigía el medio digital Quinto Poder, desde donde documentaba de manera constante casos de corrupción, abusos de autoridad y problemáticas sociales en el norte de Veracruz.
Su labor periodística, centrada en señalar irregularidades en el ejercicio del poder, la colocó en una situación de riesgo constante.
Antes de su asesinato, la periodista ya había sido objeto de amenazas, campañas de desprestigio y agresiones en entornos digitales. Estas advertencias, que no fueron atendidas con medidas de protección eficaces, forman parte del contexto de violencia que rodeó su trabajo y que, de acuerdo con organizaciones civiles, no fue debidamente considerado en la investigación.
El día del ataque, Ferral fue agredida con disparos de arma de fuego tras salir de una oficina en el centro de Papantla. La agresión le provocó heridas que derivaron en su muerte, generando una profunda conmoción en el gremio periodístico y en la sociedad veracruzana.
A lo largo de estos seis años, el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades. Diversos imputados han sido liberados debido a fallas en el debido proceso, lo que ha debilitado aún más la posibilidad de alcanzar justicia.
En este sentido, Article 19 México y Centroamérica ha advertido que el caso refleja un patrón recurrente en México: investigaciones incompletas, errores procesales y ausencia de una estrategia para perseguir a los autores intelectuales.
La situación se ha agravado con hechos posteriores al crimen. En mayo de 2020, apenas semanas después del asesinato, Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista, también fue víctima de un ataque armado que no ha sido esclarecido. Desde entonces, ha encabezado la exigencia de justicia, enfrentando riesgos y condiciones adversas.
“Han pasado seis años y seguimos sin respuestas claras. No sólo perdimos a mi madre, también enfrentamos un sistema que no nos garantiza justicia ni seguridad”, ha señalado De Luna Ferral en distintos pronunciamientos públicos, donde ha denunciado la falta de avances sustanciales en la investigación.
De acuerdo con registros de organizaciones civiles, la entidad acumula al menos tres decenas de asesinatos de comunicadores vinculados a su labor, lo que evidencia una crisis estructural en materia de libertad de expresión.
Para Article 19 México y Centroamérica, la falta de justicia en estos casos no solo representa una deuda con las víctimas y sus familias, sino también una amenaza directa al derecho de la sociedad a estar informada. “La impunidad envía un mensaje de permisividad que incentiva nuevas agresiones contra la prensa”, ha señalado la organización.
En este nuevo aniversario, el llamado se centra en que las autoridades retomen el caso con una investigación exhaustiva, independiente y apegada a estándares internacionales, que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Así como garantizar la seguridad de Fernanda De Luna Ferral y de todos los familiares de periodistas asesinados que exigen justicia, y cesar cualquier forma de hostigamiento o presión en su contra.
COMUNICADO ARTÍCULO 19
Seis años sin justicia: recordamos a María Elena Ferral y renovamos nuestra exigencia al Estado mexicano
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica recordamos al estado Mexicano que hoy es el sexto aniversario luctuoso del asesinato de María Elena Ferral, periodista del estado de Veracruz. Ante estos 6 años de impunidad, expresamos también nuestra solidaridad con la familia, particularmente Fernanda De Luna Ferral, quien ha cargado con el peso de esta búsqueda de justicia con valentía y determinación, pese a las amenazas y falta de garantías de protección.
María Elena Ferral era corresponsal del Diario de Xalapa y directora del medio Quinto Poder. De manera continua cubría temas de corrupción y abusos de autoridad en Papantla y municipios aledaños del norte de Veracruz. Su incansable lucha por la justicia en su comunidad le generó múltiples agresiones como una amenaza de desaparición, campañas de desprestigio y agresiones digitales perpetradas tanto por funcionarios públicos como por personas desconocidas.
El 30 de marzo de 2020, al salir de una oficina notarial en el centro de Papantla, sujetos desconocidos le dispararon, arrebatándole la vida. Aquel día su familia y su comunidad perdieron no sólo a una periodista, sino a una mujer que dedicó su vida a decirle la verdad al poder.
Seis años después, la impunidad sigue siendo la constante. Como muchos otros casos de asesinatos de periodistas, la justicia en el caso de María Elena se ha enfocado únicamente en intentar sentencias de autores materiales, con fallas en el debido proceso provocando la liberación de varios sospechosos, y sin avances sobre una investigación de fondo que esclarezca la responsabilidad de los autores intelectuales.
La situación se ha agravado de manera preocupante. En agosto del año pasado se liberó al segundo de los presuntos implicados en el asesinato de la periodista y directora del medio Quinto Poder. ARTICLE 19 señalamos que la primera liberación ocurrió en 2024, cuando un juez civil ordenó la excarcelación de otro de los nueve presuntos implicados, también por supuestas irregularidades en el proceso encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Aunado a esto, la violencia no se detuvo con el asesinato de María Elena. En mayo de 2020, tan solo dos meses después, sujetos desconocidos dispararon contra Fernanda De Luna Ferral, también periodista e hija de María Elena. Este atentado tampoco ha sido esclarecido y permanece igualmente en la impunidad. La falta de coordinación de autoridades en materia de protección ha sido notoria. El viernes 20 de febrero de este mismo año, Fernanda fue notificada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz sobre el retiro de su esquema de seguridad a pesar de que, este tipo de medidas, se llevan a cabo en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En Veracruz, el homicidio de periodistas es un símbolo de impunidad. Las familias enfrentan un doble calvario: el crimen y un sistema de justicia que libera a imputados por fallas procesales, mientras los autores intelectuales permanecen prófugos. Con al menos 32 periodistas asesinados por su labor, Veracruz se mantiene como la entidad federativa más letal contra la prensa en el país.
Ante estos hechos, ARTICLE 19 nos solidarizamos con la familia Ferral, reiterando que el periodismo no se silencia. La memoria de María Elena Ferral vive en cada reportera y reportero que sigue exigiendo el derecho a la verdad, acceso a la información y libertad de expresión.
Por lo anterior, ARTICLE 19 exige:
A la Fiscalía General del Estado de Veracruz:
Llevar a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial del caso de María Elena Ferral, conforme al Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, con pleno respeto al debido proceso y con especial énfasis en identificar y procesar a los autores intelectuales del crimen, quienes hasta hoy permanecen impunes.
Al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno Federal:
Garantizar la seguridad de Fernanda De Luna Ferral y de todos los familiares de periodistas asesinados que exigen justicia, y cesar cualquier forma de hostigamiento o presión en su contra.
Reconocer que la impunidad en el asesinato de periodistas no es solo una deuda con las familias: es una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.
