*Las mujeres indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales o para huir de situaciones de violencia, en particular, la violencia dentro del hogar durante el confinamiento.
/ONUMujeres/
Guerrero 19 abril 2021.- Un sábado de finales de mayo de 2020, Citlali, una joven nahua estudiante de bachillerato, recibió un mensaje en su celular, en el que le decían que fuera a Tlapa a revisar un problema con su número telefónico en un local comercial.
Fue sola de su comunidad hacia la cabecera del municipio más grande de La Montaña de Guerrero, corazón de una región históricamente marginada. Justo cuando se acercaba al establecimiento de telefonía en el centro, un auto la interceptó y dos hombres se la llevaron.
Dos días después, una madre angustiada recibió instrucciones para ir a recoger a su hija al zócalo de Tlapa, acordonado por la pandemia de la COVID-19, que ya se había cobrado la vida de 16 personas y tenía contagiados a más de 40 habitantes de la Montaña. La madre esperó en las bancas, y su hija no llegó.
Fue hasta el día siguiente cuando Citlali fue liberada en una calle del municipio de Huamuxtitlán, a unos 40 minutos de Tlapa. Su madre supo entonces que fue violada por dos hombres durante su captura, la cual se resolvió, además, con una cantidad de dinero de por medio.
Las condiciones específicas de la pandemia han transformado las posibilidades y los obstáculos que las mujeres y las niñas tienen para denunciar la violencia o las amenazas de todo tipo que reciben por parte de parejas, familiares o personas en su entorno.
Dada la ausencia de estas perspectivas en un país con grandes desigualdades étnicas, económicas y de género, muchas mujeres prefieren no denunciar la violencia de género por miedo a ser revictimizadas o porque los propios funcionarios de las instituciones desconfían de sus declaraciones y ponen en entredicho sus testimonios[2]: Aunque Citlali y su madre buscaron apoyo, el miedo a grupos criminales y la aquiescencia de autoridades locales las hizo abstenerse de poner una denuncia. Por eso su caso no aparecerá en ninguna estadística oficial.
De la Costa Chica y de La Montaña “no tenemos tantas llamadas de auxilio al 911, nada más tenemos cuando ocurre un hecho (asesinato)”, nos dice en entrevista David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública. El 40% de las atenciones del 911 en 2020 fueron de Acapulco; y del 30 a 35% de Chilpancingo, la capital de Guerrero; del total de incidentes, menos de 20% llegará a una denuncia ante el Ministerio Público, estima el funcionario.
El 911 ha sido el programa más visible de la federación y del estado para monitorear la violencia contra las mujeres durante la pandemia y un medio para que las víctimas accedan a servicios de apoyo, pero las mujeres de comunidades indígenas, rurales y colonias urbanas de periferia están totalmente excluidas, señalan activistas y académicas.
“En la Montaña las mujeres no tienen facilidades de hacer llamadas. En muchos poblados no hay señal de teléfono, ni de internet, y a veces ni luz eléctrica debido a las lluvias que además deterioran los caminos de una geografía de por sí accidentada (…) y si una mujer llama para decir que el esposo la está golpeando, llega el comisario o la policía municipal, como la autoridad más cercana, y lo primero que hacen es meterlas a la cárcel para obligarlas a volver con sus parejas”, denuncia la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien lleva 20 años trabajando estos temas en la región.
Cuando las mujeres se sienten en riesgo, acuden a la comisaría, a la sindicatura o a las instancias de la Mujer, donde no las protegen, asegura Neil Arias, quien tiene documentados 42 casos de violencias contra mujeres y niñas, la mayor parte de finales de marzo a octubre de 2020, en el periodo de confinamiento. Incluye tres desapariciones y 20 asesinatos en Tlapa, Cochoapa, Zapotitlán, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Atlamajalcingo, José Joaquín de Herrera y Olinalá.
Para Viridiana Gutiérrez Sotelo, representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, y Rosa María Gómez Saavedra, exsecretaria de la Mujer, académica y feminista, es importante que funcionarias de primer contacto estén capacitadas para recibir denuncias con eficiencia, para dar certidumbre a las mujeres, saber cómo ayudarlas y a dónde referirlas, y que la atención sea eficaz. —
Por eso, además de reforzar en conjunto con el Gobierno Mexicano las acciones en la atención a denuncias telefónicas a través del 911 para ocuparse de la contingencia con perspectiva de género, desde la Iniciativa Spotlight en 2020, se distribuyeron 400 kits de higiene, 500 kits de dignidad para mujeres, 450 kits de dignidad para niñas y 430 kits de dignidad para bebés, los cuales se enviaron a instancias que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia en Chihuahua, Estado de México y Guerrero. Así como recursos extraordinarios para fortalecer el trabajo de las organizaciones de base en la primera línea de respuesta de la violencia contra las mujeres y las niñas, que atienden y contribuyen a la prevención, considerando especialmente personas con discapacidad, mujeres buscadoras, jóvenes y sobrevivientes de violencia.
Retomado – Texto original deLourdes Chávez.
