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04.09.2025 Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron que el gobierno mexicano ha incumplido con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana tras la condena por el asesinato de la defensora Digna Ochoa, ocurrido en 2001.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección advirtieron este 3 de septiembre que el Estado no ha implementado las acciones estructurales exigidas en la sentencia emitida por la Corte IDH en 2021. Entre ellas, un plan integral para fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, una campaña de reconocimiento público a las personas defensoras y un protocolo de investigación para esclarecer agresiones en su contra.
La falta de cumplimiento ocurre en un contexto alarmante. Desde 2016 se han documentado 177 asesinatos de personas defensoras y 88 de periodistas, así como intentos de homicidio, desapariciones y otras formas de violencia. De las víctimas, más de 100 defendían el medio ambiente o el territorio, y 82 eran mujeres.
Las organizaciones también señalaron deficiencias graves en el funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección. Entre enero de 2023 y julio de 2025, se rechazaron más del 60 por ciento de las solicitudes presentadas por personas defensoras en riesgo.
Las organizaciones exigieron al Estado mexicano cumplir plenamente con la sentencia y garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos.
A continuación el comunicado completo:
BOLETÍN DE PRENSA, La deuda del Estado mexicano con las personas defensoras de derechos humanos: el incumplimiento de las obligaciones estatales a más de cuatro años de la Sentencia de la Corte IDH en el Caso Digna Ochoa
Ciudad de México, 03 de septiembre de 2025.
A cuatro años de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Digna Ochoa y a casi 24 años de su asesinato, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en calidad de representantes de la familia de Digna Ochoa, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresamos nuestra profunda preocupación por el incumplimiento de las medidas de reparación ordenada y, encaminadas a generar cambios estructurales que garanticen la protección de las personas defensoras en México.
El asesinato de Digna Ochoa en 2001 marcó un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos en el país. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado mexicano y ordenó, entre otras cosas, la implementación de medidas de carácter estructural orientadas a garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y desarticular los obstáculos identificados en materia de investigación de ataques contra ellas, particularmente entre ellas:
- Un plan de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con participación de la sociedad civil.
- Una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras.
- La adopción de un protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras.
Estas medidas, además, responden a una necesidad y una demanda histórica de la sociedad civil sobre la protección de personas defensoras y periodistas en México.
Si bien se han registrado avances parciales, estas medidas siguen sin cumplirse, lo que refleja un retraso preocupante en la protección de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo en México. El contexto de violencia persiste: con base a la documentación de las organizaciones de derechos humanos, desde 2016 han sido asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas en presunta relación con su labor; además, se documentaron 28 casos de intentos de homicidio: 14 de ellos perpetrados en perjuicio de personas periodistas; 2 contra trabajadoras de medios y 12 contra personas defensoras. En el mismo periodo fueron desaparecidas 25 personas periodistas, un trabajador de medios y 37 defensoras (40 recuperaron su libertad, mientras 23 de ellas permanecen desaparecidas).
De estas 364 víctimas, 82 eran mujeres y al menos 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio. A ello se suman otros ataques contra personas defensoras como criminalización, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado.
Adicionalmente, persisten retos al interior del Mecanismo de Protección, sobre todo en solicitudes de incorporación, coordinación interinstitucional e implementación de medidas. Entre enero de 2023 y julio de 2025, según cifras oficiales solo se admitieron 116 de 361 solicitudes de personas defensoras en riesgo (67.9 % de inadmisiones) y 136 de 246 solicitudes de periodistas (44.7 % de inadmisiones).
Esta situación ha generado desprotección y un aumento de recursos legales contra el Mecanismo: se presentaron 85 amparos (63.4 % del total desde 2012) y 44 recursos de inconformidad (32.4 % del total) en este mismo periodo.
En este contexto, y ante el incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH en el caso Digna Ochoa para abordar estas problemáticas estructurales, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a:
- Promover campañas públicas de reconocimiento y sensibilización sobre la labor de las personas defensoras del medio ambiente y de derechos humanos, que transformen la narrativa social y reduzcan los riesgos que enfrentan.
- Crear espacios de diálogo y trabajo con organizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar un plan de fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, que pueda operar al corto plazo, en concordancia con lo dispuesto por la CorteIDH, con recursos suficientes, capacidades técnicas y un enfoque territorial, colectivo, interseccional y de género, que atienda los riesgos específicos de mujeres defensoras, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
- Garantizar el cumplimiento de la obligación estatal de aprobar, difundir e implementar un protocolo homologado de investigación de ataques cometidos contra personas defensoras, para revertir la impunidad en estos crímenes.
A casi 24 años del asesinato de Digna Ochoa, exigimos al Estado mexicano cumplir de manera plena y sin dilación las medidas ordenadas en la sentencia de la CorteIDH que impactan sobre la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la impunidad que persiste sobre crimenes comedios en su perjuicio. Asimismo, llamamos a la comunidad internacional a dar seguimiento cercano a este proceso.
Desde las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a coadyuvar en el fortalecimiento de la política de protección, el Mecanismo Federal y la lucha contra la impunidad, para que la memoria de Digna y la labor de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos en México sean reconocidas y protegidas.
Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas
Contacto
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) / sespinal@cejil.org
Consejo Consultivo / Correo electrónico: consejo.mecanismo@gmail.com
Espacio OSC / Correo electrónico: Espacioosc@gmail.com; Web: https://espacio.osc.mx
