De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
Este 15 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez entregó su segundo informe de gobierno al Congreso del Estado de Veracruz.
Han transcurrido prácticamente 2 años de que en un clima de gran expectación y optimismo dábamos la bienvenida a una nueva administración que con un nuevo ideario, oferta política y programa de gobierno se anunciaba como una bocanada de aire fresco luego de catorce años de administraciones marcadas por el binomio negocios y corrupción que llevaron a Veracruz a una profunda y grave crisis en todos los órdenes que llevará muchos años remontar.
La renovación de la esperanza sexenal de los ciudadanos se vislumbraba como un cambio radical en las prácticas y estilos de hacer política. Así lo ofreció el gobernador Cuitláhuac García, todos los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional con cargos de representación popular, lo mismo que quienes se integraron en el nuevo equipo gobernante.
La sociedad esperaba un gobierno austero, honesto, con verdadera visión del servicio público, en el que el compromiso social, la tolerancia, el diálogo respetuoso y la búsqueda de acuerdos sin excluir al otro, fueran instrumentos cotidianos para el ejercicio de la política.
Demandábamos un gobierno de descentralización política y administrativa, de puertas abiertas, transparente y sin simulaciones, que propiciara en verdad la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Nos urgía contar con un gobierno en el que nadie estuviera por encima de la ley, en el que la vigencia plena del derecho no admitiera excepciones, sin arreglos en lo oscurito o la famosa justicia y gracia para los amigos, los compañeros de partido o los cercanos al círculo del poder.
Una administración que se abocara a restaurar el tejido social y garantizar seguridad a todos los veracruzanos; que combatiera la impunidad y rompiera el círculo de complicidades entre el crimen organizado y políticos ambiciosos y sin escrúpulos que abonan a la descomposición, al quiebre de la convivencia y a que Veracruz siguiera siendo un camposanto, con un espantoso baño de sangre y violencia, que se expresa de manera desgarradora en el tema de los desaparecidos que enluta miles de hogares en nuestro estado.
Esperábamos un gobierno cercano a la gente, eficaz, transparente y de auténticas manos limpias.
Una administración en la que la disciplina presupuestal y la honestidad en el uso de los recursos gubernamentales fueran la constante. Sin subejercicios presupuestales, ni cuentas concentradoras de recursos o reintegros de los mismos al presupuesto federal; con el impulso al despliegue de una importante obra pública que atendiera necesidades regionales y demandas insatisfechas de la población, lo mismo que con un apoyo sin precedentes a los sectores productivos abandonados por décadas.
Un gobierno en el que la transparencia y la rendición de cuentas fueran reales, que consolidara los mecanismos de fiscalización y control, en el que la política financiera y la administración de los recursos fuera transparente, moderna y eficiente, más profesional, en la que no tuvieran cabida los negocios al amparo de las obras públicas o el uso de recursos gubernamentales para campañas políticas, comprar voluntades o financiar proyectos solo por su rentabilidad electoral.
Un gobierno sin funcionarios inaccesibles que creen que les hacen un favor a los veracruzanos al ocupar los cargos públicos, que dejaran atrás visiones patrimonialistas del poder, y donde el nepotismo y el tráfico de influencias fueran erradicados y sancionados.
Una gestión marcada por la profesionalización del servicio público, por el desarrollo de un auténtico Servicio Civil de Carrera que asegurara la estabilidad laboral en función del mérito y con una nueva cultura administrativa de servicio al ciudadano, donde los puestos gubernamentales dejaran de ser espacio para la improvisación y el acomodo de familiares o compañeros de partido.
Un gobierno que garantizara el derecho a la información, que fuera cercano al ciudadano, en el que los funcionarios no se encierren en sus oficinas, camionetas o entre sus escoltas. Un gobierno que no ponga vallas para impedir que la gente se acerque.
Una administración que generara condiciones de gobernabilidad, en el que la tolerancia y el diálogo inteligente y respetuoso fueran la norma de interacción con los diversos grupos sociales y las fuerzas políticas en la entidad; que mantuviera con los poderes Ejecutivo y Judicial la relación de colaboración y respeto que prevén las leyes, sin groseras intromisiones, escándalos o luchas por el control de los recursos públicos. Lo mismo que una administración respetuosa a carta cabal de la independencia de los órganos autónomos previstos en la Constitución.
Esperábamos, en suma, un gobierno de auténticos servidores públicos: profesionales, eficaces, sensibles, respetuosos de la ley y genuinamente cercanos a la gente.
Han transcurrido ya dos años.
Los veracruzanos confiamos en diciembre de 2018 en la palabra empeñada porque el clamor por un auténtico cambio en Veracruz era enorme. Y a 24 meses de ejercicio del poder, sigue siéndolo.
¿Se han cumplido alguna o algunas de las expectativas arriba enunciadas?
¿La crisis por la pandemia sanitaria obligó a incumplir, matizar o dejar atrás lo ofrecido?
¿Qué ha pasado? ¿Han fallado algunos de los colaboradores del mandatario?
Usted tiene la palabra.
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