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/ Escrito por Paola Piña /
14.10.2025.- /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- A un año de la integración de la Guardia Nacional (GN) a la fuerza armada permanente, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, organizaciones civiles alertan que esta medida ha generado una crisis de derechos humanos y ha incrementado la violencia, la cual afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas en el país.
De acuerdo con cifras documentadas por Intersecta, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante detenciones realizadas por fuerzas de seguridad. Mientras que el riesgo de violación sexual es de 5% cuando la detención es llevada a cabo por policías municipales, aumenta a 12% cuando interviene el Ejército y llega hasta 19% en detenciones realizadas por la Marina.
Además, mientras que 8% de los hombres detenidos por personal militar reportó haber sufrido acoso sexual, tocamientos indebidos, intentos de violación u otras agresiones sexuales, en el caso de las mujeres esta cifra se eleva a 28.8%, datos que evidencian que la violencia sexual se utiliza como un mecanismo de tortura y control.
Hay que recordar que una vez ganadas las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el primero de octubre del 2024, su gobierno consolidaría la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que estaba en puerta en el Congreso de la Unión.
Así lo dio a conocer en Santa Cruz Xoxocotlán durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Oaxaca, donde definió a ésta como «una gran institución». Esto, a pesar de la advertencia constante de defensoras de Derechos Humanos quienes han señalado que la militarización no es y no será el camino para consolidar la seguridad y la paz en el país.
Sheinbaum confirma a Guardia Nacional en tareas de seguridad ¿Qué nos espera a las mujeres?
Durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, la política de seguridad ha consolidado el modelo basado en el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, particularmente mediante la presencia de la GN en funciones antes destinadas a instituciones civiles, bajo el argumento de que son más eficaces e incorruptibles.
Estos mecanismo se ha implementado pese a que desde 2022, organizaciones como el Comité contra la Desaparición Forzada (Comité ced), en su informe publicado en abril 2022 , instó al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública, al que evaluó como una de las causas estructurales del aumento de la violencia y el gran número de personas desaparecidas.
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), tras evaluar al Estado mexicano en su Décima Revisión Periódica y observar el uso de personal militar en la seguridad publica, señaló que dichas labores deberían ser llevadas a cabo, por regla general, por personal civil encargado de hacer cumplir la ley.
Incluso se han atrevido a decirle en foros internacionales como el momento en que el gobierno federal negó de manera reiterada que exista militarización en el país, esto duurante su participación ante la CEDAW, la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, en junio del 2025, afirmó que la implementación de la GN no representa un problema y aseguró que las violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas forman parte del pasado.
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han cuestionado estas afirmaciones. En entrevista con Cimacnoticias, Constanza Carrasco, coordinadora del área de Incidencia en Intersecta, explicó que la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas consolidó su carácter militar, lo cual representa un riesgo, ya que son instituciones creadas bajo una narrativa de guerra y no para garantizar seguridad ciudadana ni protección de derechos humanos.
Esto es un potencial riesgo para la vida de las mujeres, pues señaló que estas instituciones operan bajo lógicas machistas y patriarcales, sustentadas en estructuras jerarquizadas de obediencia donde no existe posibilidad de diálogo ni participación, lo que genera entornos propicios para la normalización de la violencia y los abusos contra mujeres y niñas.
Por otro lado, Carrasco denunció que el despliegue de personal de la Guardia Nacional y del Ejército en estaciones migratorias y espacios públicos, donde realizan patrullajes, detenciones e inspecciones, ha derivado en múltiples denuncias por parte de mujeres migrantes, quienes han reportado extorsión, violencia física y psicológica, así como de agresiones sexuales durante estos operativos. Estos abusos, de acuerdo con la organización, son aún más frecuentes contra mujeres racializadas, indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, la agudización de la violencia en enfrentamientos donde participan las Fuerzas Armadas han tenido consecuencias graves contra las niñas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), ha documentado al menos cuatro casos de niñas que fueron privadas de la vida de manera arbitraria en operativos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como resultado del uso excesivo de la fuerza y disparos indiscriminados.
Estos hallazgos sobre la participación de las Fuerzas Armadas permiten afirmar que la Guardia Nacional también representa un riesgo al reproducir las mismas lógicas militares, por lo que lejos de solucionar la violencia, los homicidios y otros delitos, se ha demostrado que «este modelo de seguridad no solo ha sido ineficaz, sino que ha contribuido a exacerbarlos», enfatizó Carrasco,
Acceso de las mujeres a la justicia
La incorporación de la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Permanente fortalece el uso del fuero militar, un sistema de justicia interno de las Fuerzas Armadas que históricamente ha sido utilizado para mantener la opacidad y evitar la rendición de cuentas.
Si bien, señaló Carrasco, gracias a la presión de organizaciones civiles, se ha limitado parcialmente el fuero militar para que no aplique en casos que involucren a civiles; sin embargo, en la práctica esto no garantiza investigaciones transparentes ni acceso efectivo a la justicia.
En consecuencia, persisten la impunidad y la falta de supervisión civil, lo que es especialmente grave para las mujeres víctimas de abusos cometidos por militares, quienes enfrentan mayores obstáculos para denunciar y obtener justicia.
Ante ello, señaló que desde Intersecta se ha exigido la entrega de informes sobre el uso de la fuerza que, todas las instituciones de seguridad pública están mandatadas a proporcionar; sin embargo, no se entregan bajo el argumento de que no recaba la información, por consiguiente no se puede conocer con precisión cuántas personas mueren en enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, ni evaluar de manera efectiva el impacto de su actuación en la población.
Cabe señalar que por ley la Guardia Nacional no puede operar sin supervisión, por lo que sus actividades deberían estar sujetas a la revisión del Senado y a la autorización de jueces en acciones de investigación sensibles. Sin embargo, el Centro Prodh señala que la falta de fiscalización tangible y la opacidad en su actuar a menudo impiden que se cumplan estas obligaciones que garantizan el cese de la violencia.
Como resultado, se ha observado que no existen controles efectivos sobre las Fuerzas Armadas en México ni mecanismos que las obliguen a rendir cuentas de manera efectiva, lo que representa un riesgo para la continuación del modelo de seguridad militarizado.
