EXPRESIÓN
/Por: Sergio Sarmiento /
“Pobre Veracruz, tan lejos
de la justicia y tan cerca
del autoritarismo”. Ricardo Monreal
El gobernador de Veracruz no ha tratado de ocultar su odio por los jueces y la justicia. El secuestro y la tortura de la juez Angélica Sánchez Palacios, sin embargo, va más allá de todo lo visto hasta ahora. Es un abuso descarado que no se atrevería a realizar si en México hubiese un verdadero estado de derecho o si no tuviera el respaldo del presidente López Obrador.
Atendiendo los deseos de AMLO, el 20 de mayo Cuitláhuac García encabezó y financió -presumiblemente con recursos públicos-una manifestación contra la Suprema Corte. Afirmó que los ministros “no quieren acabar con una etapa de nefastas políticas impopulares del período neoliberal”. Sus manifestantes pasearon ataúdes con las imágenes y los nombres de la presidente Norma Piña y el ministro Alberto Pérez Dayán, en una no muy velada amenaza de muerte.
El 5 de junio el gobernador ordenó la captura ilegal y tortura de la juez Angélica Sánchez Hernández porque no le gustó su decisión de liberar al empresario guanajuatense Itiel Palacios, a quien la fiscalía veracruzana acusaba del homicidio del diputado priista Juan Carlos Molina. El fallo fue consecuencia de un amparo federal, que ordenaba la reposición del proceso por las irregularidades de la fiscalía, y la falta de pruebas. La presidenta del Poder Judicial del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Domínguez, cuestionó a la juez por no haberla alertado de su resolución y le advirtió: “Atente a las consecuencias”: Sánchez Hernández fue detenida el 5 de junio sin orden de aprehensión con el argumento de que transportaba armas y drogas, que le plantaron los policías estatales que la detuvieron. El 7 de junio fue liberada porque no se le encontró responsabilidad.
A Itiel Palacios, el gobernador lo acusó no solo del homicidio del diputado Molina sino de ser miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación bajo el alias de Compa Playa. Palacios afirma ser un empresario legítimo, lo cual avalan quienes lo conocen, y no haber tenido nunca el sobrenombre que le achacan. El día del asesinato del diputado Molina se encontraba en León, Guanajuato, en una fiesta infantil, a 750 kilómetros de distancia. Muchos testigos lo vieron ahí y la geolocalización de su teléfono celular lo ratifica. Ese día, además, pagó la fiesta infantil con su tarjeta de crédito y firma electrónica. Cuitláhuac, sin embargo, insiste en que es culpable y acusa de corrupción a los jueces por absolverlo. La juez Sánchez Hernández le dijo a Reforma que el gobierno de Veracruz da constantemente instrucciones sobre qué casos deben resolverse y en qué sentido, con lo cual viola la autonomía del poder judicial.
En diciembre de 2021 Cuitláhuac ordenó también la detención de José Manuel del Río Virgen, militante de Movimiento Ciudadano y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Lo acusó del homicidio en junio de 2021 de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones. El caso se cayó también por falta de pruebas. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, defendió la inocencia de Del Río: “La interpretación sesgada que tiranos dan a las resoluciones judiciales muestra cómo la ignorancia y el desconocimiento del derecho causan estragos y pretenden justificar excesos e ilegalidades, como en Veracruz”.
Cuitláhuac no se da por aludido porque tiene el apoyo del presidente, quien declaró que “hizo bien” en montar la protesta contra la Corte y lo llamó “un gobernador extraordinario”. Mientras cumpla su tarea de atacar a la Corte, al presidente no le importa que encarcele a inocentes.
Adelantadas
La ley dice que las precampañas presidenciales deben empezar en la tercera semana de diciembre, pero las corcholatas de Morena tendrán un período de “recorridos informativos” del 19 de junio al 30 de agosto. Del 28 de agosto al 3 de septiembre se realizará la encuesta y el destape será el 6 de septiembre. Habrá, pues, precampañas adelantadas.
