*A Juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
Imposible conceder el beneficio de la duda. México se decanta entre dos polos opuestos. Sí. La polarización. Existen dos proyectos perfectamente diferenciados.
El primero, por lo pronto, hegemónico. No porque la población en su gran mayoría se haya decantado por él. Ni por un minuto podemos ni debemos olvidar que la oposición tuvo 46% de los votos en la representación para el Congreso que es donde se hacen las reformas constitucionales y las normas secundarias. Tampoco podemos olvidar, que un Tribunal incompleto, capturado, coaccionado o comprado transformó fuera de la legalidad el 54% de la votación morenista en un 66% para que esa fuerza política pudiera imponer su voluntad y literalmente cambiar el régimen político en una dirección opuesta a lo que esa oposición ofreció al electorado.
Esa que jugó un papel muy importante en la creación de la democracia del país. Esa que que ayudó a crear el andamiaje institucional que nos rigió hasta 2018: un instituto y tribunal electorales independientes que quitaron de las manos del gobierno la organización, el conteo de los votos y la validación de las elecciones; una decena de órganos que sustrajeron del poder ejecutivo áreas completas de la política pública para convertirlas en políticas de Estado (medición de la pobreza, derechos humanos, competencia económica o regulación independiente de las telecomunicaciones; que introdujo la representación proporcional para que los partidos minoritarios tuvieran la capacidad de negociar y pudieran hacer valer sus puntos de vista; que sentó las bases de un poder judicial autónomo e independiente; que enarboló la libertad de expresión y la transparencia; que decidió firmar tratados internacionales cuyas normas tendrían el mismo rango que las de la Constitución Política Mexicana que; que se resistió a la militarización de la seguridad pública y a otorgar a las fuerzas armadas facultades que en cualquier democracia pertenecen al ámbito civil.
Una vez en el poder, esa coalición con su mayoría ilegal dio un viraje de 180°, olvidó sus principios y entronizó un régimen aún más autoritario que el que los mexicanos habíamos padecido en los años 50, 60 y 70. Constitucionalizó el autoritarismo.
El otro proyecto es el proyecto democrático. Uno que cree en la separación de poderes, en la acotamiento del poder ejecutivo a través de instituciones que impiden la imposición unilateral de las decisiones presidenciales, que valora la pluralidad, que piensa que las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias deben ser negociadas o al menos enriquecidas por las ideas de la oposición y de la sociedad civil, que cree en los derechos fundamentales, que valora la competencia de los servidores públicos, que aprecia la crítica y las contribuciones de la academia, que cree en la transparencia, que estima que la mejor manera de dar seguridad a los ciudadanos es a través de una policía civil, que cree en el debido proceso y rechaza la prisión preventiva y la vigilancia de los ciudadanos a través de los sistemas de inteligencia.
Son estos dos proyectos los que tienen enfrentados a los mexicanos. Insisto, no hay un polo claramente mayoritario.
Sin duda los programas sociales, que son en realidad transferencias en efectivo, al igual que el aumento en los salarios, han sido un acierto del hoy partido hegemónico y que le dan una gran aceptación social. Pero estos programas ya son parte de la normalidad. Son parte de la Constitución y ningún partido quisiera o podría quitarlos. Lo que sí es posible es que la hoy oposición, intentara darle viabilidad a largo plazo a través de una reforma fiscal y de políticas sociales que recompusieran los programas de salud y educación que creen oportunidades.
Estos programas sociales son los que dieron y siguen dando gran popularidad a los gobiernos de AMLO y CSP. Pero las mismas encuestas que miden la aceptación de los programas, miden también el rechazo del resto de las políticas: seguridad, corrupción, transparencia, inversión pública productiva, infraestructura, salud, educación, derechos fundamentales, empleo y crecimiento económico.
La narrativa ya no da para culpar al pasado neoliberal. Lo que ocurre hoy en el país es responsabilidad de los seis años de gobierno de López Obrador y de la continuación y profundización de sus políticas ineficaces por prácticamente cualquier indicador que se les mida. No se trata de que no tengan pretextos de que “me bloquean” o “no me dejan gobernar”. No hay pretexto que valga cuando todo el aparato del Estado está en manos de un partido.
El enorme poder arrebatado ha sido para concentrar el poder, disponer a discreción de los recursos públicos, disminuir derechos, dejar a los gobernados en estado de indefensión y usar el aparato de poder contra los adversarios.
Hablar del pasmo de la oposición o traspasarle la culpa que lo que ocurre es no entender. No tienen los números para hacerlo. Si quieren seguir por la vía de la legalidad no les queda más que seguir desnudando el proyecto autoritario e intentar una política de alianzas capaz de quitar la mayoría calificada a la coalición morenista y por esa vía intentar una eventual restauración.
Por lo pronto no hay margen de maniobra y no nos queda más que denunciar, advertir y pronosticar la debacle.
Sí, hay una polarización y no debiéramos ni tratar de esconderla ni avergonzarnos de ella.
Los mexicanos no tenemos la opción entre una democracia ineficaz y una dictadura exitosa. Lo que nos han dejado es un autoritarismo improductivo
