* A Juicio de amparo /
/ María Amparo Casar /
El sábado 22 de noviembre la primera plana del periódico Reforma me puso a reflexionar. De las cinco noticias que contenía, tres se referían, de una u otra manera, a presuntos procedimientos administrativos o judiciales que revelan el ambiente de persecución que se vive en México.
La primera se refería a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió un procedimiento por faltas graves contra consejeros y exconsejeros del INE. El motivo, tal y como lo refiere la nota, es: “haber votado en el 2021 para aplazar la consulta de revocación de AMLO”. El demandante inicial: el órgano de control del propio INE. El delito: abuso de funciones. Los inculpados: el expresidente del INE (Lorenzo Córdova), dos exconsejeros (Ciro Murayama y Roberto Ruiz) y tres consejeros en funciones (Diana Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera). La sanción, en caso de que proceda, es de 20 años de inhabilitación para el servicio público.
Quieren que sean castigados por, como bien ha dicho Ciro Murayama, haber defendido la autonomía del INE.
Y no son sólo los consejeros y exconsejeros del INE. Hay innumerables casos en que a funcionarios públicos del pasado y políticos de la oposición del presente se les persigue con criterios políticos. El último del que se tiene conocimiento es el de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. La legislatura local llegó al punto de solicitar que se separe temporalmente del cargo para que no haya interferencia en la investigación que deberán realizar las autoridades.
La pregunta es ineludible. ¿Por qué no se le ha pedido lo mismo a tantos gobernadores, alcaldes, secretarios, diputados y senadores de Morena señalados de irregularidades?
La segunda es que la ministra Lenia Batres solicitó a la SCJN atraer la revisión de un supuesto adeudo millonario de FEMSA por impuestos presuntamente omitidos en el 2011. Siete días antes, dicha atracción había sido rechazada por no considerarse de relevancia constitucional. Caso cerrado. Por añadidura, en junio de 2024 el presunto adeudo fiscal había sido anulado. Ya no existe el principio elemental de cosa juzgada.
Los empresarios mexicanos medianos, pequeños y grandes enfrentan hoy condiciones que, por decir lo menos, los obligan a repensar sus decisiones de inversión. Los extorsionan el crimen organizado, la inseguridad, el marco jurídico cambiante y las autoridades. Los ahogan los cambios reglamentarios y normativos.
Ante la necesidad de allegarse de recursos el SAT ha recurrido a prácticas como la de querer cobrar impuestos o créditos fiscales a las empresas utilizando misceláneas fiscales o leyes y reglamentos que no estaban vigentes en el momento del presunto adeudo o practicando auditorías a modo como medio de intimidación. A ello se agrega el intento -fallido por fortuna- de querer equiparar el fraude fiscal con el crimen organizado. Recientemente, se ha quitado certidumbre jurídica a la inversión a través de la reforma judicial y a las modificaciones a la Ley de Amparo. La combinación es explosiva.
El tercero, se refiere a la libertad de expresión. Por más que se repita que en “México se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia” y que “desde el gobierno de México … no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión”, los datos y el discurso presidencial no parecen respaldar los dichos.
Hay decenas de comunicadores, medios, académicos e intelectuales perseguidos por la justicia, con denuncias penales, civiles y administrativas, por sus líneas editoriales, sus escritos y sus opiniones. Apenas este año apareció el libro Difamados y Perseguidos de la 4T que entre sus perfiles cuenta a más de 12 periodistas e intelectuales que han sufrido el asedio por parte del aparato del Estado en sus diversas modalidades. Todos casos que destilan censura. El más reciente fue el mensaje lanzado por la presidenta a los actuales y potenciales anunciantes de TV Azteca. Una vieja táctica priísta cuando eran los dueños de la política mexicana como hoy es Morena: el boicot publicitario. Eso hicieron con Excélsior (1976) o con Proceso (1982).
En la prensa nacional e internacional se ha condenado férrea y justificadamente a Donald Trump por la misma conducta en la que hoy incurre el gobierno de México.
Los tres casos son de distinta naturaleza y nadie se opone ni a que los empresarios paguen sus impuestos si los deben, ni a que los servidores públicos -como los consejeros del INE o la alcaldesa- se conduzcan conforme a las facultades que les han sido asignadas sin abusar de sus puestos.
El problema es que cada caso se encuadra más que en la legalidad, en prácticas de abuso de poder, captura de las instituciones y discrecionalidad política. El trato recibido no es conforme a la ley sino a la posición que se tenga frente a la 4T.
Los criterios políticos también operan para los integrantes de los poderes de la Unión y de los gobiernos locales del partido en el poder, pero, en sentido inverso. La inmensa mayoría de los casos de corrupción del sexenio pasado y de éste siguen en la impunidad y son protegidos desde la cima del poder. Por ahí no pasan los principios ni tampoco la ley.
