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30.10.2025 Ciudad de México.- En medio de la polémica la Cámara de Diputados aprobó esta semana la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en medio de una fuerte polémica por una reserva presentada de último momento por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
La modificación reduce las penas de prisión para funcionarios públicos que, por omisión, encubran o no denuncien actos de extorsión, lo que ha desatado críticas desde la oposición y organizaciones civiles que advierten un retroceso en la lucha contra este delito.
La reserva, aprobada con el respaldo del Partido Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, modifica el artículo 21 de la nueva ley y establece que los servidores públicos que omitan informar sobre conductas ilícitas relacionadas con extorsión enfrentarán penas de 6 a 12 años de prisión, en lugar del rango original de 10 a 20 años. La iniciativa fue votada con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones con la mayoria de la Bancada de Monreal.
La reducción de penas ha sido interpretada por legisladores panistas como una maniobra para proteger a funcionarios que han sido señalados por encubrimiento o negligencia en casos de extorsión.
El diputado Héctor Azuara Zúñiga calificó la reforma como la “Ley Hernán Bermúdez”, en referencia al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien ha sido cuestionado por los vínculos con la creación del cartel de “la barredora” , donde las redes de extorsión y desaparición fueron parte del crimen organizado por omisiones en investigaciones locales.
Durante el debate, Monreal justificó la modificación argumentando que “no se le puede aplicar al funcionario una pena mayor que la que se aplica al extorsionador”, lo que generó aún más críticas por parte de legisladores que consideran que la omisión institucional es una forma grave de complicidad.
La diputada Julia Olguín, también de Morena, defendió la reserva como una medida de proporcionalidad jurídica, aunque reconoció que el tema requería mayor discusión.
La nueva ley, que ahora será revisada por el Senado, busca unificar la tipificación del delito de extorsión en todo el país, permitir su persecución de oficio y habilitar la denuncia anónima a través del número 089.
Sin embargo, el ajuste en las sanciones para funcionarios omisos ha opacado el resto del contenido legislativo y ha encendido alertas sobre la efectividad real del marco legal, toda vez que se prevé conflicto de intereses en el Senado al revisarla.
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia y el Observatorio Nacional Ciudadano han señalado que la impunidad institucional es uno de los principales obstáculos para combatir la extorsión, especialmente en estados donde las policías locales y ministerios públicos han sido infiltrados por grupos criminales.
En ese contexto, consideran que reducir las penas a funcionarios omisos envía un mensaje equivocado y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
La polémica ocurre en un momento en que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos y menos denunciados en México por amenazas, afectando desde familias, sectores, comerciantes hasta transportistas y migrantes.
La reforma, lejos de cerrar brechas, parece haber abierto una nueva grieta entre el discurso oficial de combate al crimen y las prácticas legislativas que, según críticos, favorecen la opacidad y el encubrimiento.
