El diputado niega tener el control del órgano de vigilancia
31.10.2026 Ciudad de México.- Un nuevo escándalo sacude al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que extrabajadores del Órgano Interno de Control (OIC) denunciaran un supuesto mecanismo de cobro de cuotas mensuales a funcionarios para conservar sus empleos, una práctica que, según sus testimonios, habría operado bajo una estructura de influencia política atribuida al diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.
El legislador rechazó categóricamente las imputaciones, negó controlar plazas dentro de esa dependencia y calificó las acusaciones como parte de una campaña de la derecha en su contra.
La controversia se hizo pública el 30 de octubre, a partir de una investigación de la periodista Aurora Zepeda, publicada en Excélsior, que recogió testimonios de antiguos colaboradores del órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las normas administrativas y revisar posibles irregularidades dentro del instituto electoral.
Los señalamientos apuntan a una presunta red de cobros vinculada con la asignación y permanencia en puestos de trabajo. Según las personas entrevistadas, quienes conseguían una plaza recibían instrucciones sobre la cantidad que debían entregar periódicamente, así como los datos para realizar los depósitos. En otros casos, el dinero supuestamente era recibido en efectivo por intermediarios.
Uno de los aspectos más delicados de las denuncias es que las cantidades habrían sido establecidas de acuerdo con el nivel jerárquico y las percepciones de cada empleado. Los extrabajadores señalaron que quienes ocupaban subdirecciones, con ingresos netos cercanos a los 73 mil pesos mensuales, tenían que entregar alrededor de 15 mil pesos cada mes, una cantidad superior a una quinta parte de su salario.
Para las jefaturas de área, los testimonios refieren aportaciones que superaban los siete mil pesos mensuales. También se mencionaron presuntas cuotas para directores y titulares de unidades administrativas, aunque no se precisaron los montos correspondientes a todos esos niveles.
La investigación periodística refiere que algunos de los depósitos fueron realizados a una cuenta bancaria cuya beneficiaria sería una funcionaria del Gobierno de Veracruz. Otros pagos, según las versiones recabadas, se entregaban en efectivo mediante terceras personas. La publicación señala que tuvo acceso a comprobantes bancarios relacionados con algunas de las operaciones denunciadas.
Los testimonios también describen presuntas condiciones de vigilancia sobre los trabajadores. Entre las prácticas relatadas se encuentran revisiones de teléfonos celulares para detectar posibles filtraciones de información y supervisión constante de las actividades del personal. Estas versiones forman parte de las denuncias de los exempleados y no constituyen, por sí mismas, una resolución oficial que determine responsabilidades.
En el señalamiento político aparece Sergio Gutiérrez Luna, actual diputado federal de Morena y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los extrabajadores lo identifican como una de las figuras que habría tenido mayor influencia en la integración de la estructura del Órgano Interno de Control.
De acuerdo con la investigación, después de la salida del anterior contralor, Jesús George Zamora, y de un periodo de transición, se produjo una renovación de personal tras la llegada de Víctor Hugo Carvente Contreras a la titularidad del órgano. Los denunciantes sostienen que, aunque las posiciones se distribuyeron entre grupos políticos, una parte importante habría quedado en manos de personas vinculadas con el legislador.
La acusación adquiere relevancia por la función que desempeña el OIC: investigar posibles faltas administrativas, revisar el manejo de recursos y vigilar el desempeño de los servidores públicos del propio INE. Esto coloca bajo escrutinio la independencia de la instancia que debe garantizar que las investigaciones internas se desarrollen sin intereses políticos o personales.
Otro elemento que rodea la controversia es la relación política que, según la publicación, existió entre Gutiérrez Luna y Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE. La investigación refiere que el legislador tuvo un papel relevante en el respaldo a su llegada a la presidencia del organismo y que durante los primeros años de su gestión existieron consultas frecuentes sobre asuntos electorales.
Los señalamientos también coinciden con el escrutinio sobre la actuación de la Contraloría frente a posibles irregularidades en la administración de Taddei. En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación envió personal auditor a instalaciones del INE para revisar aspectos relacionados con el funcionamiento del órgano de control, de acuerdo con la información publicada.
Así, las denuncias no solamente plantean posibles abusos contra trabajadores, sino también interrogantes sobre la independencia de la estructura encargada de investigar las irregularidades dentro del árbitro electoral.
La respuesta de Gutiérrez Luna: niega vínculos y acusa campaña política
Frente a la difusión de las acusaciones, Gutiérrez Luna publicó una carta aclaratoria en la que rechazó cualquier participación en el supuesto mecanismo de cobros y negó tener influencia sobre la plantilla laboral del órgano fiscalizador.
“Es totalmente falso que se diga que tengo colonizado el Órgano Interno de Control del INE con personas allegadas a mí o que cuento con plazas”, sostuvo el legislador.
También negó mantener una relación personal o política con Víctor Hugo Carvente Contreras. Explicó que conoció al contralor cuando acudió a rendir protesta ante la Cámara de Diputados y que posteriormente solamente han coincidido en un par de ocasiones por cuestiones institucionales.
Sobre el nombramiento de Carvente, argumentó que el procedimiento correspondió a las comisiones de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de San Lázaro, las cuales, según su versión, realizaron de manera autónoma la evaluación de los aspirantes.
El diputado también respondió a la versión sobre los depósitos bancarios que presuntamente habrían llegado a una persona vinculada con el Gobierno de Veracruz. Aseguró que ninguna persona cercana a él trabaja en esa administración estatal y utilizó ese argumento para cuestionar la credibilidad de los señalamientos.
En su posicionamiento, el morenista fue más allá y atribuyó la difusión de las acusaciones a una estrategia de sus adversarios políticos.
“Es claro que toda la semana ha existido una campaña de la derecha para pretender vincularme con actos falsos”, manifestó.
Como parte de su defensa, recordó su participación como representante de Morena ante el INE durante los procesos electorales de 2021 y 2024. Sostuvo que su confrontación con anteriores autoridades electorales y su defensa de las posiciones de su partido han provocado que recurrentemente se le vincule con controversias relacionadas con el organismo.
Sin embargo, respecto de las denuncias de los extrabajadores, el legislador planteó que, si efectivamente existieron cobros por conservar puestos, corresponde a la Contraloría ofrecer explicaciones y a quienes tengan conocimiento de los hechos presentar las denuncias respectivas para que se investigue y se sancione a los responsables.
La controversia deja dos versiones enfrentadas: por un lado, antiguos colaboradores que describen un presunto sistema de aportaciones económicas obligatorias y atribuyen influencia política sobre las plazas a Gutiérrez Luna; por otro, un legislador que niega cualquier intervención y exige que las acusaciones se investiguen.
Hasta el 31 de octubre, los señalamientos difundidos públicamente no equivalen a una determinación judicial ni acreditan responsabilidad penal o administrativa del diputado. Tampoco se ha informado de una resolución que confirme la existencia de una red de cobros bajo su dirección.
Lo que sí queda bajo cuestionamiento es el funcionamiento del Órgano Interno de Control del INE, precisamente la instancia que tiene la responsabilidad de investigar posibles actos de corrupción dentro de la institución. La credibilidad de sus actuaciones dependerá de que las denuncias sean esclarecidas, se identifique a los posibles responsables y se garantice que las investigaciones no estén sujetas a intereses partidistas.