17.02.2026.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una denuncia penal presentada por organizaciones de abogados estatales que lo señalan de mantener nexos con la delincuencia organizada, situación que —afirman— ha profundizado la crisis de inseguridad en la entidad y afectado la vida social y económica de la población.
De acuerdo a Latinus, La Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa, entregaron la querella ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dirigida a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos. Los delitos que le imputan incluyen ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones, encubrimiento, delitos vinculados con la administración de justicia y delincuencia organizada.
En el documento, particularmente en la página 17, se recuerda que el propio Rocha Moya, durante su campaña a la gubernatura, reconoció que “para gobernar Sinaloa se tenían que llegar a acuerdos con el crimen organizado”, declaración realizada el 23 de abril de 2021 en entrevista con Latinus.
Los litigantes sostienen que el mandatario ha incumplido con su obligación de garantizar seguridad y que incluso ha obstaculizado investigaciones y el acceso a la justicia. Como ejemplos de esa presunta colusión mencionan el montaje atribuido a la entonces fiscal estatal, Sara Bruna, en torno al homicidio de Héctor Melesio Cuén, así como el viaje que Rocha habría realizado el mismo día del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024.
De acuerdo con los abogados, estos hechos detonaron la ola de violencia registrada desde el 9 de septiembre de 2024, cuyos niveles —aseguran— son superiores a los que reportan las autoridades. “Nosotros estamos obligados a poner en conocimiento del Ministerio Público hechos que a nuestro juicio sean constitutivos de delitos”, expresó Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa.
Las cifras que presentan son contundentes: 2 mil 883 homicidios, 3 mil 314 privaciones de la libertad y 9 mil 714 robos de vehículos desde septiembre de 2024. Según los denunciantes, los datos oficiales están manipulados por instrucciones del gobernador en coordinación con el gobierno federal.
El abogado Ricardo Beltrán Verduzco ejemplificó la impunidad con el secuestro de diez mineros en Concordia, de los cuales cinco fueron hallados sin vida. Criticó la postura oficial al señalar: “Hoy ya lo hemos reducido como ‘Pinocho Harfuch’ porque lo que sucedió en Concordia con el levantamiento de los mineros pues va y dice que los habían confundido con integrantes de los poderes fácticos, es mentirle al pueblo, es contaminar una carpeta de investigación”.
Los litigantes advirtieron que, si la FGR no actúa, llevarán el caso ante instancias internacionales como el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Todos los elementos necesarios llevarlos ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana, ante la ONU, donde sea tenemos que ir, ya estamos bien cansados, ya estamos hartos, ya la impotencia nos arropa”, sentenció Beltrán.
