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/ Darío Pale /
07.11.2025 Xalapa, Ver.- La abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano, denunció que en Veracruz existe una grave omisión legislativa para prevenir y sancionar la tortura, lo que ha derivado en violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro del sistema penitenciario y judicial del estado.
En conferencia de prensa, señaló que el Congreso del Estado, la Gobernadora de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) incumplen con lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura, al no contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma para atender este delito.
Morales Solano aseguró que representa un caso en el que tres personas de nacionalidad estadounidense se encuentran recluidas desde noviembre de 2022 en el penal de Poza Rica, donde han sido víctimas de tortura física y psicológica, tanto durante su detención como ya en prisión.
“Querían que confesaran a base de golpes. No son hispanohablantes; son ciudadanos estadounidenses que solo hablan inglés”, declaró.
Los tres detenidos cumplen ya tres años en prisión preventiva por los delitos de privación de la libertad y delitos contra instituciones de seguridad pública, acusaciones que —según la defensa— han sido utilizadas para fabricar culpables.
La litigante denunció que dentro del penal se les exige pago de cuotas para recibir alimentos, visitas e incluso medicamentos, pese a que uno de ellos padece diabetes.
Además, afirmó que no se han realizado los dictámenes médicos y psicológicos ordenados por ley como parte del Protocolo de Estambul, lo que ha impedido integrar una investigación sólida por tortura a pesar de que la denuncia fue presentada desde mayo de 2024.
Morales señaló que, aunque en el estado existe una Fiscalía Especializada en Tortura, no es independiente de la FGE:
“Nadie puede ser juez y parte. Si la misma Fiscalía es señalada por tortura, no puede investigarse a sí misma”, acusó.
Expuso que mientras estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit ya cuentan con fiscalías autónomas, Veracruz permanece en rezago y, como consecuencia, solo existe un proceso penal por tortura en la entidad: el caso del exfiscal Jorge Winckler.
La abogada informó que ya se promovió un juicio de amparo contra la omisión legislativa. Sin embargo, el Congreso local y la representación legal del Gobierno del Estado negaron que exista incumplimiento, asegurando que ya hay una fiscalía especializada.
No obstante, omitieron reconocer que la ley exige total independencia orgánica y operativa.
La defensa también acusó que la Embajada de Estados Unidos no fue notificada de la detención de sus connacionales sino hasta marzo de 2024, violando tratados internacionales.
El abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, quien también lleva la defensa del caso, denunció que el Poder Judicial prorrogó la prisión preventiva sin abrir audiencia, decisión que calificaron de ilegal y contraria al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Afirmó que en Veracruz, por falta de operación judicial o mala organización:
Se programan hasta 45 audiencias al día
Pero menos de la mitad se realizan
Muchas decisiones se toman “de escritorio”
“En Veracruz, la ley no se cumple. Los procesos se vuelven eternos y la justicia no llega, ni para víctimas ni para acusados” señalaron.
Los abogados hicieron un llamado a las autoridades para detener la impunidad, “El pueblo de Veracruz merece conocer la verdad en una sentencia. Exigimos que se legisle y que se cumpla la ley”.
Finalmente advirtieron que, mientras no se garantice independencia en la investigación de tortura, las violaciones a derechos humanos continuarán.
