*Defensoras condenan detención y retención de 23 mujeres y 3 hombres por parte de Policía.
*Protestas es un derecho no es un delito, recuerdan.
/Redacción/
Cdmx. 10 Marzo 2021.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Front Line Defenders y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) condenaron los que calificaron como “actos arbitrarios de represión y violencia policial” contra las mujeres manifestantes en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Aguascalientes
“Compañeras defensoras que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y exigimos la inmediata liberación de todas las personas que siguen detenidas, haciendo responsables a las instituciones municipales y estatales de Aguascalientes de cualquier vulneración a sus derechos humanos e integridad física y moral”, advirtieron
En una carta señalan los hechos que han dejado a mujeres violentada con los golpes y patadas de la policía si definir si fue estatal o municipal. Además acusan que permanecen privadas de su libertad a casi 72 horas de la manifestación.
“El pasado 8 de marzo, en el marco de las marchas por el Día de la Mujer, policías municipales y estatales de Aguascalientes detuvieron de forma violenta y arbitraria a 23 mujeres y 3 hombres. Dos días después, 8 de las mujeres y uno de los hombres permanecen en situación de privación de libertad. En el momento de las detenciones, elementos de policía cometieron graves agresiones, entre ellas golpear y patear a las mujeres, quienes además fueron arrastradas tomadas del cabello.
Informan que las mujeres que siguen detenidas son Yoselín CV., R Imelda VL., A Paulina MM., F Sofía MC, D Asunción CJ., A Karen L, Y Yarit RO y Yeudiel RO.
“Seis de ellas son mujeres jóvenes que empiezan con su labor de defensa de derechos humanos y participan activamente en acciones dirigidas a la ocupación del espacio público en la protesta, la movilización y organización; las otras dos mujeres fueron detenidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar y momento de las agresiones policiales”. }
Asimismo, exigieron que ninguna de ellas sea judicializada. “Protestar no es un delito, es un derecho que todas las instituciones de todos los niveles del Estado mexicano tienen la obligación de respetar y garantizar”, concluyen en el pronunciamiento.
