*Otálora fue una figura incómoda para el Gobierno mexicano, sobre todo por los casos que promovió y los fallos que decidió.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
05.11.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El pasado 30 de octubre, Janine Madeline Otálora Malassis, exmagistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se despidió de su cargo en medio de una cálida ovación. Su última sesión marcó el cierre de una trayectoria de nueve años en la que se reconoció por su defensa de la paridad de género y de los derechos políticos de grupos históricamente marginados en México.
A Otálora Malassis se le atribuye además de su larga trayectoria la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.
“No podemos hablar de justicia en un país, en una democracia, si no hay acceso efectivo a los tribunales, ya sea por cuestiones económicas, por la complejidad del procedimiento, por cuestiones de lengua o por las distancias”, expresó. Magistrada Presidenta del TEPJF al participar en el panel “El defensor público electoral: Su contribución a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por Naciones Unidas.
La participación de las mujeres en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido escasa. La primera magistrada electoral fue la jalisciense Alfonsina Berta Navarro Hidalgo quien fue electa en 1996.
Posteriormente fue designada María del Carmen Alanís Figueroa, quien creó la Dirección de Equidad y Género para la igualdad sustantiva dentro de la carrera electoral judicial para las mujeres. Para el 2016 fue cuando llegaron Janine Madeline Otálora Malassis y Mónica Soto Fregoso, actual presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es de recordar que fue en 1996 cuando en México se efectuó una reforma constitucional en materia política electoral, la cual dio origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo reconocía como órgano especializado del Poder Judicial y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
El antecedente fue en 1987, con la reforma al artículo 60 de la Constitución Política al crear un Tribunal garante de la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales, denominado: Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), que fue un órgano autónomo de carácter administrativo.
En 1990, el Poder Legislativo Federal creó el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral que tuvo la tarea de construir la institución.
Figura incómoda
Diez días antes de su despedida, Otálora comunicó al Senado de la República su decisión de retirarse de manera anticipada. Aunque su periodo estaba programado para concluir el 31 de octubre de 2025, éste había sido extendido hasta 2027 tras la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, la cual transformó el método de elección del Poder Judicial, instaurando el voto popular en dos periodos e incluso permite que pudiera volver a postularse.
Sin embargo, Otálora decidió ejercer su derecho a concluir su función en la fecha correspondiente a su nombramiento original, el 20 de octubre de 2016. Esta posibilidad fue prevista en la Reforma Judicial, que permitió abandonar su cargo a quienes no desearan someterse al nuevo proceso de elección. De esta manera, se negó a prolongar su estancia en el tribunal lo que, para muchos, su renuncia demostró su firma a de estar en contra de la reforma judicial.
A lo largo de su gestión, Otalora dejó huella en múltiples decisiones relevantes. Este 2025, llevó a discusión el controvertido uso de listados o “acordeones” durante la elección judicial, al considerar que su utilización había influido en los resultados. Junto con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, promovió un debate fundamental sobre la equidad en los procesos electorales internos. Aunque el TEPJF no encontró causa suficiente para anular la elección, sí se impusieron sanciones, las cuales fueron retiradas durante su última sesión como magistrada.
Un episodio especialmente significativo en su carrera ocurrió en 2019, cuando enfrentó presiones políticas por su postura en el caso de la elección a la gubernatura de Puebla. El 8 de diciembre de ese año, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la exmagistrada resistió presiones vinculadas al fallo que mantuvo como válida la elección ganada por Martha Erika Alonso Hidalgo, del Partido Acción Nacional (PAN). Su voto fue decisivo y como consecuencia de esta controversia y por preservar la independencia judicial, renunció a la presidencia de la Sala Superior, un puesto que había ocupado desde el 4 de noviembre de 2016.
Desde entonces, Otálora fue una figura incómoda para el Gobierno mexicano, sobre todo por los casos que promovió y los fallos que decidió. Este año, Aristegui Noticias reveló la existencia de una campaña de desprestigio contra Otálora a través de una unidad clandestina de Televisa llamada “Palomar”. La investigación Televisa Leaks, documentó tres ataques dirigidos a la exmagistrada en la que se fabricaron supuestas pruebas y piezas de desinformación para erosionar su reputación y credibilidad.
El camino de Jannine Otalora
Janine Otalora es una abogada y jurista que cursó su licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con un diplomado en Estudios Profundizados en Sociología Política en la Universidad de la Soborna y un doctorado en Ciencias Políticas por la misma institución. Ha desempeñado una extensa carrera tanto en México como en el extranjero.
Comenzó su trayectoria en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), donde colaboró entre 1977 y 1980. Posteriormente, fue asesora en el Centro de Documentación Legislativa de la UNAM y, más adelante, en un despacho jurídico privado. Su carrera internacional inició en Francia, donde trabajó como asesora legislativa del Grupo de Senadores Republicanos e Independientes del Senado francés de 1988 a 1996, llegando a coordinar al equipo de asesores de esa misma bancada.
A su regreso a México, continuó su ascenso en el ámbito judicial. Fue Secretaria Técnica en el Consejo de la Judicatura Federal (1996-2006), Secretaria Instructora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, posteriormente, Magistrada Presidenta en la Sala Regional la Ciudad de México entre 2013 y 2016.
Por petición de la SCJN fue seleccionada para ser magistrada por un periodo de nueve años de entre una lista de 126 aspirantes, de los cuales solo 20 eran mujeres. En una segunda etapa, la lista se redujo a 42 finalistas con apenas 10 mujeres, reflejo de la desigualdad de género en los espacios judiciales más altos. Entre las últimas rondas, Otalora fue elegida junto con otras cinco mujeres y 15 hombres, marcando un precedente en la representación femenina dentro del tribunal electoral más importante del país.
Ese mismo año, en 2016, fue elegida Magistrada de la Sala Superior del TEPJF por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte, y sus pares la nombraron presidenta del Tribunal. Durante su gestión, lideró la calificación de uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente, en el que se validaron más de 18 mil cargos. Fue ella quien entregó la Constancia de Mayoría al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con su libro Criterios relevantes del TEPJF, entre los criterios más importantes entre los que Otalora participó se encuentran la protección de los derechos políticos-electorales de grupos históricamente vulnerados como las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Por ejemplo, que la auto-adscripción sea suficiente para acreditar permanencia indígena o la orden al INE para instaurar casillas especiales para personas indígenas desplazadas por la violencia.
En cuanto a la paridad de género y la reelección, el Tribunal dejó claro que el derecho de las y los legisladores a reelegirse no puede usarse para desplazar a mujeres o afectar la progresiva consolidación de la paridad. Bajo esta línea, validó los lineamientos del INE que ordenan a los partidos postular mujeres como cabezas de listas plurinominales tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fortaleciendo así su presencia en espacios de decisión.
Respecto a las sanciones por violencia política de género, el Tribunal fue enfático en señalar que aquellas personas que hayan sido condenadas por este tipo de violencia y no hayan cumplido sus sentencias no pueden registrarse para la reelección. Adicionalmente, declaró que los partidos políticos que incumplan su obligación de postular mujeres en sus listas no podrán recibir lugares por representación proporcional, cerrando la puerta a cualquier simulación en materia de paridad.
Finalmente, el TEPJF también se ha pronunciado a favor de la inclusión efectiva de personas con discapacidad en los cargos públicos, así como en la simplificación de requisitos para candidaturas independientes. Entre esas medidas se destacan la disminución del porcentaje de apoyo ciudadano requerido, la disponibilidad de herramientas tecnológicas adaptadas para recoger firmas en comunidades rurales o marginadas y la flexibilización del financiamiento privado, de modo que estas candidaturas puedan competir en condiciones más equitativas frente a los partidos políticos.
Frente a la salida de Otálora, la Sala Superior del TEPJF vuelve a quedar incompleta luego de dos años en la que se tuvo que esperar para integrarla con seis magistradas y magistrados. Ahora se espera que sea María del Rocio Balderas Fernández quien asuma el cargo, pues el artículo 98 de la Constitución mexicana, modificado con la Reforma Judicial, establece que, tras la ausencia del cargo, ocupara el puesto la segunda persona del mismo género en obtener el mayor número de votos en la elección. El nombramiento será oficializado con la toma de protesta en el Senado de la República.
