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23.06.2025 Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó su preocupación por las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley General contra las Desapariciones Forzadas que son discutidas en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión.
“El periodo extraordinario que inicia, con una cargada agenda que no augura discusión de fondo, no trae buenas noticias para los derechos humanos: preocupan las reformas de la Guardia Nacional y las reformas a la Ley en Materia de Desapariciones”, publicó el Centro Prodh en sus redes sociales.
Señaló que la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar la ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia asegura que ésta “sea plenamente militar, sin controles civiles”, además de que al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública “se amplían excesivamente las atribuciones de Sedena (Secretaría Nacional de Defensa) en inteligencia”.
“Así, avanza la militarización”, afirmó el centro de derechos humanos sobre la propuesta, con la que la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Sedena y con la que se permitiría, entre otros puntos, legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del ejército.
Por su parte, el Centro Prodh criticó que las reformas a la Ley General en materia de Desaparición “no parecen representar un avance sustantivo”, por lo que la iniciativa “se seguiría quedando corta frente a la magnitud de la crisis”.
“Esto ocurriría, por poner solo un ejemplo, si no se fortalece normativamente al hoy abandonado Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), fundamental para enfrentar el rezago forense, y si sí se elimina en cambio la figura del reporte administrativo por desaparición, lo que disminuirá las denuncias y permitirá controlar las cifras”, precisó el centro.
De acuerdo con la organización, con las modificaciones “no se avanzaría sustantivamente” en la atención a la crisis de desaparición, “que requiere medidas de fondo”, y por el contrario se desmovilizaría la exigencia de justicia por los hallazgos de desaparecidos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco; se cancelaría la exigencia de renovación de funcionarios en cargos clave; se facilitaría que se informen al Comité Contra la Desaparición Forzada “avances ficticios en el marco de la activación del artículo 34 de la Convención”, y “se retrocedería en victorias ganadas”.
“Celebrar y saludar los diálogos del gobierno con las víctimas no tiene por qué conllevar bajar la exigencia y la revisión crítica sobre las medidas que se adoptan frente a una realidad tan dolorosa como la crisis de desapariciones”, concluyó el Centro Prodh.
