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/Ana Laura Magaloni Kerpel /
El tamaño, la extensión y el poder de los grupos criminales en México solo se explican por niveles de corrupción equivalentes en los órganos estatales. Este fue el diagnóstico de López Obrador al inicio de su sexenio; está escrito en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024. El problema es que la enfermedad hasta hoy sigue sin tratamiento.
Es muy llamativo que, desde flancos opuestos, se llegue a la misma conclusión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la administración de Trump coinciden en que la penetración del crimen organizado en los gobiernos y las instituciones de seguridad principalmente locales es un cáncer que tenemos que extirpar. Cuando quienes están en las antípodas políticas llegan a la misma conclusión, el problema deja de ser sólo ideológico.
El informe de la CIDH sobre personas desaparecidas en el país, el cual fue presentado ante las autoridades federales esta semana, documenta con rigor la más grande tragedia del México de la transición democrática hasta hoy: la crisis de nuestros desaparecidos. Las autoridades federales estiman que existen 42 mil personas desaparecidas (no quiero entrar en la disputa de las cifras) y, además, también que existen, según la Comisión Interamericana, más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. México vive una de las más importantes crisis de desaparición forzada en el mundo.
Ese número de víctimas es el resultado de una fusión entre el poder político, las instituciones de seguridad y el poder del crimen organizado. El informe describe en tres modalidades esa fusión. La primera son policías, militares y marinos que desaparecen personas directamente. La Comisión documenta casos en Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua, en 2009 y en 2015. La segunda es el crimen organizado que actúa con la autorización, el apoyo o la complicidad activa de algunas autoridades de seguridad: retenes donde las fuerzas de seguridad se ausentan en el momento preciso, entrega de personas a grupos delictivos, intercambio de información. El caso Ayotzinapa es el ejemplo más conocido, pero el informe identifica patrones equivalentes en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz durante periodos prolongados entre el 2005 y el 2018. La tercera modalidad es la más difícil de erradicar y de perseguir penalmente. Se trata de la aquiescencia estructural, es decir, la omisión sistemática y deliberada que convierte al Estado en cómplice. Esta modalidad es la más extendida y ha existido desde el 2005 a la fecha.
La diferencia de los modos en que opera la penetración del crimen es importante para definir la estrategia de solución. La corrupción de las instituciones de seguridad y de justicia, que involucra a agentes y funcionarios individuales que se corrompen dentro de un sistema que sigue siendo funcionalmente independiente del crimen, se puede atacar con procesos rápidos de depuración y de persecución penal. En cambio, cuando el crimen se infiltra a través de las urnas y captura a las cabezas políticas de los dos niveles de gobierno locales, las soluciones son mucho más complejas, pues requieren de acuerdos políticos, de investigaciones y acusaciones sólidas y de procesos de reconstrucción institucional que toman más tiempo.
El principal reto de cualquier estrategia de solución es que en México existen tres niveles de gobierno con atribuciones en materia de seguridad, que no necesariamente cooperan entre sí. Además, el crimen captura simultáneamente a municipios, estados y agentes y funcionarios federales, lo cual debilita la posibilidad de solución. Para terminar con la penetración del crimen en nuestras instituciones es indispensable que exista un nivel de gobierno suficientemente limpio y fuerte para operar sobre los demás. ¿Quién tiene hoy en México la fuerza y la legitimidad para limpiar la casa? Yo realmente espero y deseo que la Presidenta.
El cáncer sin tratamiento a tiempo casi siempre es letal.