*Fotografía: ARTICLE 19
19.01.2026 Ciudad de México.- La agresión física y las amenazas de muerte contra tres periodistas del medio digital SinEmbargo en la Ciudad de México, ocurrida el 15 de enero de 2026, reavivan la alerta sobre el grave riesgo que enfrenta el periodismo en el país. ARTICLE 19 México y Centroamérica denunció que el ataque se produjo cuando el equipo cubría la venta ilegal de animales vivos en el Mercado de Mixhuca, en la Alcaldía Venustiano Carranza.
Los comunicadores fueron perseguidos, golpeados y amenazados con armas de fuego por dos individuos que les exigieron borrar el material obtenido durante la cobertura. El caso refleja la continuidad de un patrón de violencia que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.
Los hechos comenzaron dentro del mercado, donde un comerciante reaccionó de manera violenta al ser grabado y exigió que se borrara el material. Posteriormente, los periodistas notaron que eran seguidos y decidieron retirarse. Ya en la vía pública, dos personas en motocicleta les cerraron el paso en inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre, abrieron las puertas del vehículo y los golpearon en el rostro, torso y cabeza, además de dañar el automóvil.
Durante la agresión, uno de los atacantes lanzó una amenaza de muerte directa, advirtiendo que si intentaban huir “les darían un plomazo”. El equipo logró escapar y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina, aunque las lesiones fueron clasificadas inicialmente como faltas administrativas, lo que refleja la falta de reconocimiento del riesgo específico que enfrentan los periodistas en México.
ARTICLE 19 recordó que los estándares interamericanos obligan al Estado a investigar con debida diligencia reforzada los ataques contra la prensa, priorizando la línea de investigación vinculada con la labor informativa y considerando el efecto inhibidor que generan.
La organización exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la FEADLE atraer el caso, garantizar una investigación independiente y sancionar a los responsables. También pidió al Mecanismo de Protección medidas urgentes para los tres periodistas y a las autoridades locales garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en espacios públicos.
Este ataque no es un hecho aislado. México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ARTICLE 19 ha documentado 176 periodistas asesinados desde el año 2000 en posible relación con su labor. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 47 asesinatos de periodistas, mientras que en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum la cifra asciende a 11 casos hasta enero de 2026.
Estos números reflejan la continuidad de un patrón de violencia que no ha sido contenido por las autoridades y que coloca al país en niveles críticos de riesgo e impunidad.
Los antecedentes muestran que la violencia contra la prensa en México se explica por la convergencia de crimen organizado, corrupción, omisiones institucionales y campañas de estigmatización que deslegitiman el trabajo periodístico.
La agresión en Mixhuca se inscribe en este contexto, pues los periodistas investigaban una economía ilegal tolerada por autoridades locales. El ataque buscó impedir la difusión de información de interés público y enviar un mensaje de intimidación a otros comunicadores.
La persistencia de estos hechos confirma que el Estado mexicano no ha logrado garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión. La impunidad en los casos de agresiones y asesinatos contra periodistas favorece la repetición y debilita el debate democrático.
El caso SinEmbargo es un recordatorio de que la protección de la prensa es una obligación urgente y que sin justicia y garantías efectivas México seguirá siendo uno de los peores países para ejercer el periodismo.
COMUNICADO
Ciudad de México, a 17 de enero de 2026.– ARTICLE 19 México y Centroamérica condena la agresión física, las amenazas de muerte y la obstrucción al ejercicio periodístico cometidas contra tres periodistas del medio digital SinEmbargo, cuyos nombres se mantienen en anonimato por razones de seguridad.
Los hechos ocurrieron la tarde del 15 de enero de 2026, en inmediaciones del Mercado de Mixhuca, en la Alcaldía Venustiano Carranza, cuando el equipo periodístico realizaba una cobertura informativa sobre la venta ilegal de animales vivos, una práctica prohibida por la normativa local y de alto interés público por sus implicaciones en materia de protección animal, salud pública y posibles omisiones de autoridad.
Hostigamiento previo y agresión dentro del mercado
De acuerdo con los testimonios recabados por ARTICLE 19, el equipo ingresó al mercado para documentar, con teléfonos móviles, la venta de aves enjauladas y otras especies, visibles a plena luz del día. Durante el recorrido, un comerciante reaccionó de manera hostil y exigió que dejaran de grabar y que borraran el material, bajo el argumento falso de que “era ilegal” documentar el lugar.
Posteriormente, el equipo notó que era seguido por individuos dentro del mercado, por lo que se retiró por el mismo acceso por el que había ingresado ante el incremento del riesgo.
Persecución y ataque directo en la vía pública
Ya en el exterior del mercado, cuando los periodistas se encontraban dentro del vehículo dos personas a bordo de una motocicleta les cerraron el paso de manera violenta en calles aledañas, específicamente en inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre.
De forma inmediata, los agresores abrieron las puertas del automóvil y comenzaron a golpear a los periodistas. Uno de ellos fue golpeado con puñetazos y patadas en el rostro y el torso, resultando con lesiones visibles en la cara y costillas. Otra de las personas periodistas fue golpeada por detrás en la cabeza, mientras intentaba protegerse dentro del vehículo.
Durante la agresión, los atacantes exigieron que se borraran los videos obtenidos durante la cobertura. Aunque uno de los periodistas mostró su teléfono para evidenciar que el material ya no estaba disponible, los agresores continuaron con la violencia y dañaron el vehículo, rompiendo el espejo lateral con patadas.
En ese momento, uno de los atacantes lanzó una amenaza de muerte directa, advirtiendo que si intentaban huir y dañar la motocicleta que les bloqueaba la salida “les darían un plomazo”. Ante el riesgo inminente, quien conducía aceleró el vehículo y logró salir del lugar.
Tras los hechos, las personas periodistas acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Unidad de Investigación de Venustiano Carranza, donde presentaron una denuncia por amenazas y lesiones. Sin embargo, de acuerdo con los periodistas afectados, las agresiones físicas fueron clasificadas inicialmente como faltas administrativas, al no superar el umbral de días de sanación previsto en la legislación penal.
Estándares interamericanos de libertad de expresión y deber reforzado de investigación
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que las amenazas, agresiones e intimidaciones contra periodistas constituyen graves restricciones a la libertad de expresión y activan un deber reforzado del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Asimismo, el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión establece que, en casos de violencia contra la prensa, las autoridades deben investigar con debida diligencia reforzada, priorizando la línea vinculada con la labor periodística y considerando el contexto y el posible efecto inhibidor, pues la impunidad favorece la repetición de los ataques y debilita el debate democrático.
La agresión documentada no fue un hecho aislado ni fortuito. Se trató de una acción coordinada de seguimiento, persecución y ataque, cuyo objetivo fue impedir la difusión de información de interés público y dañar el ejercicio periodístico mediante violencia física y amenazas de muerte.
Este tipo de ataques genera un efecto inhibidor grave, no sólo para las víctimas directas, sino para otras personas periodistas que investigan economías ilegales toleradas, omisiones de autoridades locales y redes de complicidad en espacios públicos.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:
1. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE):
Realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las agresiones cometidas, incorporando desde el inicio la línea de investigación vinculada con la labor periodística; así como ejercer la facultad de atracción del caso por parte de la FEADLE y colaborar de manera efectiva para identificar y sancionar a los responsables de la agresión.
2. Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales a favor de los tres periodistas, considerando la amenaza de muerte, el seguimiento previo, la violencia física ejercida y el riesgo derivado de su labor informativa.
3. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Alcaldía Venustiano Carranza:
Garantizar condiciones para el libre ejercicio periodístico en espacios públicos, abstenerse de tolerar actos de intimidación contra la prensa y prevenir la repetición de hechos violentos en mercados y zonas bajo su jurisdicción.
