El autor alerta sobre la instauración de una “necrocracia”.
Por: Jonathan Lomelí
La imagen y video filtrados por criminales en donde asesinan a jóvenes cuyas características coinciden con los cinco desaparecidos de Lagos de Moreno rebasó un nuevo umbral de violencia.
Una víctima amordazada en la foto se convierte después en el victimario que le quita la vida a uno de los muchachos. Todo indica que los delincuentes obligaron a uno de los cautivos a masacrar a uno o varios de sus compañeros.
Esta brutalidad supera fronteras impensables.
La intención de los criminales es enviar un mensaje propagandístico de miedo y espectacularización de la muerte. Una televisora y un rotativo nacionales difundieron esa imagen y video como un simple producto generador de audiencia. Condenable. No seamos voceros del crimen.
El significado de esas imágenes -más allá de la literalidad atroz del hecho- debe ponernos a reflexionar. Implica un grado simbólico de control de la violencia y de los agentes generadores de la misma. Ya no sólo los matan, ahora obligan a las víctimas a matar. Deciden quién vive, quién muere y quién mata.
Es la instauración simbólica de una “necrocracia”: el Gobierno de la muerte en donde víctima y victimario se confunden y subvierten. Cualquier frontera moral queda anulada bajo el designio criminal.
Detrás de esos contenidos hay una trama social en donde el papel del Estado quedó relegado a la de un espectador que renunció al monopolio de la fuerza para proteger nuestra vida y seguridad.
Hay que elevar el reclamo a los tres niveles de Gobierno: alcaldes, gobernador y Presidente. Busquemos maneras de participar más activamente en nuestra vida pública. Hay que discutir y hablar de estos temas. El abono de la violencia es la apatía de una sociedad que no se indigna. Hay que politizarnos en el buen sentido. Hacernos ciudadanos y ciudadanas de la polis, más participativos, más conscientes, más fuertes para interpelar la ineficiencia de nuestras autoridades. No toleremos el cinismo fársico de Enrique Alfaro para desmarcarse y exigir, como un “ciudadano” más, que el Gobierno federal actúe. El fuero común y federal son competentes y corresponsables de impartir justicia tras esta tragedia.
La desaparición múltiple en Lagos de Moreno rebasó un límite que impacta sobre todo a una comunidad. Las familias de esos muchachos se conocen y viven en un territorio común. Hay un desgarramiento invisible que condicionará sus vidas en adelante.
Ante esta barbarie debemos anteponer nuestra civilidad, no podemos dejarnos llevar por esa idea que quieren instaurar y que -por omisión o irresponsabilidad- muchos medios alimentan.
La mejor respuesta debe ser la solidaridad con las familias de los desaparecidos. El involucramiento en actividades comunitarias, la cohesión vecinal, los gestos de empatía cotidiana con los demás. Son pequeños actos de resistencia, simbólicos, pero necesarios ante el mensaje de barbarie que quieren inculcarnos los criminales y al que abona el negacionismo inhumano de la clase gobernante.
Las razones para mantenernos unidos son más fuertes que la idea que buscan sembrar los delincuentes sobre nosotros mismos.
