*EL LINCE.
/ Por: Cesar A. Vazquez Lince /
Dicen que no habrá “impuestos nuevos”. Técnicamente cierto: lo que trae el Paquete Económico 2026 no son tributos inéditos al Congreso, sino una lluvia de ajustes selectivos que, sumados, pesan como un impuesto general. Suben IEPS, sube la retención al ahorro, suben aranceles y —como si estuviéramos en una moda punitiva— ahora hasta los videojuegos violentos entran en la mira recaudatoria. No es un plan neutro; es una estrategia para tapar un hueco fiscal con agujas que pinchan el bolsillo ciudadano.
Empecemos por lo técnico: Hacienda propone un IEPS del 8% para los videojuegos catalogados por su violencia o contenido extremo, duplicar la cuota del IEPS a bebidas azucaradas (de ~1.64 a 3.08 pesos por litro) y aumentar la retención del ISR sobre intereses bancarios de 0.50% a 0.90%.
A la vez, planea aranceles más altos que, según la propia Secretaría, elevarían los ingresos por importación en alrededor de 40.7%. Todo eso suma ingresos en papel; en la práctica, sube el costo de la vida, erosiona el rendimiento del ahorro y encarece insumos importados.
¿Por qué el gobierno recurre a medidas así? Porque hay un hueco fiscal y poco margen para recortar lo que ya está políticamente blindado: los programas sociales. Es más fácil subir retenciones puntuales y crear “impuestos saludables” que despedir beneficiarios o tocar erogaciones de alto impacto social. Pero la pregunta práctica es inevitable: ¿a quién golpean estas medidas? Al que ahorra poco, al pequeño comerciante, al hogar que compra refrescos y, por supuesto, a la industria cultural y de entretenimiento que ya opera con márgenes delgados frente a piratería y competencia internacional.
Las consecuencias económicas son claras y —mal que nos pese— previsibles:
- Erosión del ahorro real: la mayor retención reduce el rendimiento neto y puede desalentar la colocación de recursos en instrumentos formales.
- Inflación importada: aranceles más altos encarecen productos y cadenas productivas que dependen de insumos extranjeros.
- Presión sobre Pymes y comercios locales: el alza de IEPS en bebidas y tabaco se traslada en precios y reduce demanda en el comercio de barrio.
Ante ese cuadro económico, el argumento oficial para el impuesto a videojuegos suena cómodo: “es por la salud, por proteger a menores, por la seguridad”. Es una narrativa que calza con la etiqueta de “impuestos saludables” —la misma que se usó para refrescos y tabaco— pero que merece escrutinio científico: la evidencia académica es mixta.
Hay metaanálisis que encuentran asociaciones estadísticamente significativas, aunque pequeñas, entre exposición a juegos violentos y conductas agresivas; y hay estudios experimentales y de neuroimagen que no hallan impacto en empatía o en reactividad emocional tras exposición. En otras palabras: no hay consenso que sostenga que gravar videojuegos vaya a reducir la violencia social; el vínculo causal es, cuando mucho, tenue y condicionado por múltiples factores.
Ese detalle importa. Si la justificación principal del gravamen es la seguridad pública, entonces la política debería apoyarse en pruebas sólidas y en medidas complementarias (educación, control parental, regulación de plataformas). Convertir la recaudación en la única palanca es o bien un error técnico, o bien una jugada política: recaudar sin enfrentar las causas estructurales de la violencia.
Y aquí volvemos al nudo peor del asunto: a pesar de los grandes programas sociales, la violencia rampante y la violencia organizada no retroceden como se prometió. México cerró 2024 con cifras de homicidios que siguen siendo alarmantes; la violencia asociada al crimen organizado sigue siendo el impulsor principal de las muertes violentas en la última década. Cambiar la composición fiscal mientras la inseguridad persiste no es reparar una falla: es poner pintura nueva en una casa llena de grietas.
Entonces, ¿qué significa esto para la gente de a pie y para estados como Veracruz? Significa que pagarás más por el refresco de la tienda, que tus ahorros rendirán menos, que la consola o el juego subirán de precio, y que, sin políticas públicas integradas, la energía fiscal no va a resolver lo que la política de seguridad no pudo: la disminución sostenida del crimen organizado, la mejora del Estado de derecho y la reparación institucional que atraiga inversión real. Veracruz, con sus conflictos por megaproyectos, amparos ambientales y disputas fiscales, necesita una Corte que funcione rápido y unas instituciones que administren el riesgo, no un paquete fiscal que parezca improvisado para tapar hoyos.
El riesgo político es otro: castigar el ahorro y el ocio cultural puede generar descontento entre capas medias y erosionar la confianza en las instituciones. Y cuando la clase media se siente apretada, la presión política crece y la legitimidad de las medidas se viene abajo.
¿La alternativa?
- Auditoría real del gasto social (transparencia y resultados).
- Reforma fiscal progresiva y debatida, que no se base en imponer múltiples microgravámenes.
- Estrategias públicas contra la violencia con enfoque en inteligencia, justicia y prevención (no solo transferencias).
- Regulación digital y parental educativa en vez de impuestos punitivos basados en evidencia débil.
En los pasillos del poder se toman decisiones con el olor de la política inmediata; en la calle se pagan las consecuencias a largo plazo. Subir retenciones y multiplicar IEPS puede resolver un número en la columna de ingresos, pero no cura la fragilidad institucional ni apaga la sensación de injusticia. Y mientras tanto, a la gente le piden paciencia: promesas de inversión y programas que tardan en materializarse.
La paciencia tiene un límite; la paciencia con impuestos que castigan el ahorro, la recreación y la canasta básica, también.
Si lo que busca el gobierno es proteger futuras generaciones, entonces el debate debe ser abierto, técnico y con evidencias a la vista: gravar lo que daña y fortalecer lo que previene. Si, en cambio, lo que se busca es tapar hoyos fiscales sin tocar estructuras, la factura llegará mañana —y será cara.
