*Aspecto de la inauguración del Conversatorio: Seguridad civil: el camino hacia la desmilitarización. De izquierda a derecha, Gabriela Warkentin, periodista y moderadora del evento; Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana; Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, así como Daria Arana (participó vía zoom) y Carlos Zazueta, ambas personas investigadoras de los documentos presentados hoy. (Foto: Amnistía Internacional)
- El objetivo es impulsar la implementación de un paradigma de seguridad ciudadana en el país
- Las propuestas se sustentan en estándares y en el derecho internacional de los derechos humanos
- También recopilan y sistematizan preocupaciones y propuestas de OSCs con trabajo previo en la materia
La militarización de la seguridad pública aplicada en México desde hace 20 años es una estrategia fallida, pues no ha reducido el crimen y la violencia en el país. En cambio, ha propiciado crímenes de derecho internacional. Ante esta crítica situación, Amnistía Internacional presentó al Estado mexicano cuatro principios y diversas recomendaciones para desmilitarizar la seguridad pública, basadas en el derecho internacional de los derechos humanos.
Las propuestas están incluidas en el nuevo informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, y tienen como objetivo impulsar la implementación de un paradigma de seguridad ciudadana en el país. El documento fue presentado hoy en el marco del Conversatorio Seguridad civil: el camino hacia la desmilitarización, efectuado en el Centro Cultural Tlatelolco.
Junto con el informe se lanzó la campaña #SeguridadSí la cual incluye una Petición que podrán firmar todas las personas. Ésta es dirigida al gobierno de México para implementar un enfoque de seguridad que priorice la protección de los derechos humanos.
Las propuestas al Estado mexicano
Los principios y las recomendaciones para la desmilitarización de la seguridad pública están dirigidos a los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos. Ambas se sustentan en los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos. Así como en la recopilación y sistematización de preocupaciones y propuestas hechas por OSCs que han efectuado un trabajo previo en la materia.
Los cuatro principios incluyen: 1) el diseño de estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos; 2) encaminar una reforma policial comprometida a que el cumplimiento de la ley y de las labores de seguridad sean efectuadas por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción sean de carácter civil y con enfoque de respeto y protección de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
El principio 3) establece modificar de forma inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y el 4) encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos.
Nuevo llamado al Estado mexicano
“Desde hace dos décadas Amnistía Internacional ha advertido a los sucesivos gobiernos mexicanos sobre los riesgos de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hoy hacemos un nuevo llamado, esta vez a la Presidenta de la República y a las personas legisladoras, para que analicen los principios y las recomendaciones que les presentamos. Éstas tienen como premisa que la seguridad pública debe poner en el centro a las personas y sus derechos humanos”, declaró Edith Oivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
“De manera reiterada hemos advertido que la formación de las fuerzas armadas tiene como objetivo derrotar a un enemigo y que éstas carecen de la formación y capacitación para abordar conflictos de seguridad pública. Esto se demuestra con hechos lamentables como la muerte de una enfermera, a manos del ejército, y de una niña, por elementos de la militarizada Guardia Nacional, ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los días 11 y 12 de octubre de 2024”, precisó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional advierte en su informe que la militarización aborda la seguridad pública “con una lógica similar a un conflicto armado” por lo que privilegia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas en que se respeten y garanticen los derechos humanos en todo momento.
En ese sentido, la militarización ha propiciado crímenes de derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por las instituciones de seguridad y defensa, lo que impacta sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad.
Al respecto, el documento refiere la masacre del 2 de octubre de 1968; la violación sexual de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en 1994, en Chiapas; los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas me´phaa, que sufrieron violencia sexual como forma de tortura a manos de personal militar en 2002; el asesinato de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes universitarios del Tec de Monterrey, en 2010; y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.
“Es urgente romper con el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia, no podemos, no debemos acostumbrarnos a la presencia de militares en las calles del país y mucho menos a más muertes de personas inocentes a manos de las fuerzas armadas.
“Las propuestas que enviamos a la Presidenta de México y al Poder Legislativo, además de estar sustentadas en estándares internacionales se basan en propuestas recopiladas entre OSCs de todo el país especializadas en el tema. El cambio de paradigma requiere del involucramiento de ambos poderes del Estado y de la sociedad civil para lograr un diseño adecuado e implementación de la política pública que permita arribar a una solución efectiva del problema de la seguridad pública”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Es importante destacar que, de acuerdo con el informe, las propuestas de las OSCs parten de “una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.
La decisión de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene, además, obligaciones internacionales de México, como la sentencia que le dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Alvarado Espinoza, de noviembre de 2018. Ésta advierte claramente que la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana debe ser de manera extraordinaria, subordinada y regulada y fiscalizada por la autoridad civil, lo que no ocurre a cabalidad actualmente.
Las Recomendaciones
Las recomendaciones están dirigidas a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Al primero se le recomienda cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual para el año 2028, las Fuerzas Armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.
La segunda recomendación tiene que ver con “construir una reforma policial integral y un plan específico de retiro de las Fuerzas Armadas de seguridad pública, basado en la evidencia, que se ajuste a las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio”. Dicho plan debe formularse “a partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes comunitarios, academia, y demás actores relevantes”.
Esto último es de particular relevancia porque a la fecha “no se ha generado una política pública de seguridad que involucre activamente a la ciudadanía, que privilegie la prevención sobre la represión y que genere condiciones para el respeto, la protección, y la realización de derechos humanos”.
Al poder Legislativo se le recomienda adecuar el marco normativo aplicable a la seguridad en México para darle la debida congruencia. Esto incluye la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y la normativa del sistema penitenciario, entre otras.
En la segunda recomendación se considera reformar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté efectivamente alineada con los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha ley debe ser suficientemente clara; limitar el uso de la fuerza letal; exigir el uso de la fuerza mínima y la protección de terceras personas; limitar y especificar los tipos de armamento permitido y sus usos, y garantizar el derecho a manifestaciones pacíficas.
Información adicional
Si bien las autoridades han declarado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene como finalidad “mejorar la seguridad de las personas, los hechos reflejan lo contrario. Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”, se precisa en el informe.
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluidos en el informe, indican que desde 2019 hasta agosto 2024 dicha instancia recibió 1,893 quejas en contra de la Guardia Nacional y 2,279 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los hechos que motivaron las quejas están actos de privación de la vida; tratos crueles, inhumanos o degradantes; actos de tortura, y detenciones arbitrarias.
Fuente Amnistía Internacional
