*No están poniendo fin a los secuestros de mujeres y niñas, impidiendo los malos tratos físicos, los matrimonios forzados y, probablemente, la trata de seres humanos, entre otros.
29.07.2025.- El gobierno sirio debe redoblar con urgencia sus esfuerzos para prevenir la violencia de género, investigar sin demora y de forma exhaustiva e imparcial los casos de secuestro de mujeres y niñas alauíes, y hacer rendir cuentas a los responsables, ha declarado Amnistía Internacional.
Desde febrero de 2025, Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que al menos 36 mujeres y niñas alauíes, de edades comprendidas entre los 3 y los 40 años, han sido secuestradas en las gobernaciones de Latakia, Tartús, Homs y Hama por personas no identificadas. Amnistía Internacional documentó entre esos casos el secuestro a plena luz del día de cinco niñas alauíes menores de 18 años.
En todos salvo en uno de los casos documentados, la policía y los agentes de seguridad no investigaron de manera efectiva la suerte y paradero de las mujeres y niñas secuestradas. El 22 de julio, el comité de investigación creado por el presidente Al Sharaa para investigar los homicidios en la costa siria declaró que no había recibido ninguna información acerca del secuestro de niñas o mujeres.
“Las autoridades sirias han prometido en reiteradas ocasiones construir una Siria para toda la ciudadanía; sin embargo, no están poniendo fin a los secuestros de mujeres y niñas, impidiendo los malos tratos físicos, los matrimonios forzados y, probablemente, la trata de seres humanos, ni llevando a cabo una investigación efectiva y enjuiciando a los responsables. La comunidad alauí, ya devastada por masacres anteriores, se ha visto profundamente afectada por esta ola de secuestros. Las mujeres y las niñas tienen miedo a salir de casa o a caminar solas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En los ocho casos que ha documentado Amnistía Internacional, las familias denunciaron ante la policía o los servicios de seguridad el secuestro de familiares de sexo femenino. En cuatro casos, se rechazaron o nunca se admitieron nuevos indicios proporcionados por las familias. De manera sistemática, las familias no recibieron información sobre los avances en las investigaciones. En dos casos, la policía y agentes de seguridad culparon del secuestro a la familia de la mujer o la niña.
En un caso, el secuestrador envió a la familia de la víctima una fotografía de ésta, que parecía haber recibido una paliza. En dos casos, el secuestrador o un intermediario pidió a las familias un rescate de entre 10.000 y 14.000 dólares estadounidenses. Sólo una de las dos familias pudo pagarlo, pero el captor no liberó a la mujer. En al menos tres casos, las personas secuestradas, una de ellas menor de edad, fueron probablemente sometidas a matrimonio forzado por el captor.
Muchas de las personas entrevistadas contaron que las mujeres y las niñas, principalmente las pertenecientes a la comunidad alauí, aunque también otras que viven en las gobernaciones afectadas, ahora tienen miedo o son extremadamente cautas cuando salen de casa para ir a la escuela, la universidad o el trabajo.
Una activista que visitó recientemente la región costera de Siria afirmó: “Todas las mujeres están en alerta máxima. No podemos tomar un taxi solas, caminar solas ni hacer nada sin sentir miedo. Aunque no soy alauí, y mi familia se mostró escéptica al principio, me siguen pidiendo que no vaya sola a ningún sitio y que tenga mucho cuidado.”
Pedimos a las autoridades sirias que actúen con rapidez y transparencia para localizar a las mujeres y las niñas desaparecidas, para hacer rendir cuentas a los responsables y para proporcionar a las familias información y apoyo oportunos, creíbles y que tengan en cuenta el género.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional;
“Pedimos a las autoridades sirias que actúen con rapidez y transparencia para localizar a las mujeres y las niñas desaparecidas, para hacer rendir cuentas a los responsables y para proporcionar a las familias información y apoyo oportunos, creíbles y que tengan en cuenta el género”, ha manifestado Agnès Callamard.
Amnistía Internacional entrevistó a familiares cercanos de ocho mujeres y niñas secuestradas entre febrero y junio de 2025. En cuatro casos, los secuestradores se pusieron en contacto con las familias desde números de teléfono de Siria o de otros países, como Irak, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, para pedir un rescate o amenazar a las familias si buscaban a sus seres queridos.
Sólo dos de las ocho víctimas han podido volver con sus familias. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya producido ninguna detención ni de que se hayan presentado cargos o iniciado procesamientos contra responsables de alguno de los ocho casos de secuestro.
La organización también recibió informes de dos activistas, dos periodistas y de la organización de derechos humanos independiente Syrian Feminist Lobby sobre otros 28 secuestros. En dichos casos, 14 de las mujeres y niñas han sido liberadas. La suerte y el paradero de las demás sigue sin conocerse.
La organización cotejó estos casos con otras fuentes, por ejemplo conversaciones telefónicas, mensajes de voz y capturas de pantalla de conversaciones escritas entre los secuestradores o las mujeres y las niñas y familiares; testimonios en vídeo publicados en Internet por familiares, que incluían peticiones directas de ayuda dirigidas a la población o peticiones a las autoridades para que actuaran, y exigencias o amenazas enviadas por los secuestradores a las familias.
El 27 de junio, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria declaró que había documentado los secuestros de al menos seis mujeres alauíes por parte de “personas no identificadas” y que “se habían recibido informes creíbles de otros secuestros”. La Comisión añadió que las autoridades habían abierto investigaciones “sobre algunos de estos casos”.
En mayo, Amnistía Internacional abordó durante una reunión con el ministro del Interior celebrada en Damasco el tema de los secuestros de mujeres y niñas alauíes. El ministro dijo que había ordenado a las autoridades pertinentes investigar. El 13 de julio, Amnistía Internacional se dirigió por escrito al ministro para trasladarle sus conclusiones preliminares y solicitar información sobre las medidas que las autoridades habían adoptado para garantizar la protección de las mujeres y las niñas, sobre la situación de las investigaciones y sobre las medidas adoptadas hasta la fecha para hacer rendir cuentas a los responsables. En el momento de publicar este comunicado, no se había recibido respuesta.
Desaparecidas a plena luz del día
En seis de los casos, las familias recibieron llamadas telefónicas o mensajes de voz de los secuestradores, todos ellos varones, o de las mujeres y las niñas secuestradas. Esas llamadas y mensajes de voz incluían peticiones de rescate, ofertas de pruebas de vida, o breves garantías del secuestrador o de las mujeres y las niñas en las que se afirmaba que éstas gozaban de buena salud.
Un familiar dijo: “Fue a la ciudad. Su familia esperaba que regresara a primera hora de la tarde, que es cuando sale el último taxi hacia su pueblo. Ella envió un mensaje de texto a su familia diciendo que había llegado y, entonces, unas horas después, en vez de ver cómo volvía, sus familiares recibieron una llamada de un número extranjero que les dijo: ‘No esperen que vuelva. Les llamamos para que lo sepan. No intenten buscarla’.”
Pocas semanas después, la familia recibió una prueba de vida junto con una petición de rescate. Pagó el rescate, pero la mujer no fue liberada.
En otro caso, una mujer entrevistada contó que una niña de su familia había estado con familiares, que durante un instante la perdieron de vista y que nunca regresó. Unos días después, la familia recibió una llamada del secuestrador, que proporcionó una prueba de vida y pidió un cuantioso rescate.
Violencia de género
Aunque algunos familiares siguen sin saber qué le ha pasado a sus seres queridos desaparecidos, dos mujeres secuestradas, que en el momento del secuestro estaban casadas, se pusieron en contacto con sus familias para pedir el divorcio, y les informaron de que iban a casarse con su secuestrador o de que ya lo habían hecho, lo que indica que habían sido sometidas a matrimonio forzado o habían sido obligadas a pedir el divorcio.
Una persona contó: “Tres días después de su desaparición, la familia recibió notas de voz de un número extranjero. Era ella. Decía: ‘Estoy bien… No se preocupen por mí…. No me hizo daño, pero se casó conmigo. Me dijo que no podía volver…’”
En otro caso, una menor de edad fue secuestrada para exigir un rescate. Posteriormente, Seguridad General —las fuerzas de seguridad sirias— informó a la familia de que la niña había “contraído matrimonio”. Amnistía Internacional verificó de manera independiente la información sobre el caso y confirmó que el matrimonio se había contraído sin el consentimiento de los padres de la niña y probablemente sin aprobación judicial, por lo que era ilegal en virtud de la legislación siria.
Amnistía Internacional recibió una fotografía en la que se veía a una menor de 18 años secuestrada para exigir un rescate que había sido golpeada, presuntamente por su captor. En otro caso, Amnistía Internacional examinó un vídeo de una persona que explicaba que el captor de una familiar suya y del hijo de ésta le había afeitado la cabeza a la mujer por negarse a casarse con él.
El matrimonio forzado es un abuso contra los derechos humanos que puede poner a una mujer o una niña en peligro de sufrir una variedad de otros abusos, como otras formas de violencia sexual, otras formas de abusos físicos y otros malos tratos. Como se ha descrito supra, el secuestro de mujeres y niñas también puede constituir trata de personas —que está prohibida por el derecho internacional— si, por ejemplo, fueron transportadas, trasladadas o albergadas con el propósito de explotarlas. Las autoridades deben adoptar todas las medidas posibles para prevenir y castigar esas formas de abuso y garantizar ayuda integral para las víctimas y las sobrevivientes.
Además, el derecho a la libertad y la seguridad de la persona está protegido por el derecho internacional, y se vulnera cuando el Estado no cumple debidamente con su deber de poner fin a las privaciones impuestas por terceros. El derecho internacional también prohíbe la tortura y otras formas de malos tratos y exige a los Estados tomar medidas para prevenir que se inflijan, así como llevar a cabo investigaciones adecuadas ante la presunta comisión de dichos actos.
Inacción de las autoridades a la hora de realizar investigaciones efectivas
En los ocho casos, las familias denunciaron formalmente la desaparición de sus seres queridos ante las autoridades, como la policía local y Seguridad General, en la zona donde tuvo lugar el secuestro o en su lugar de residencia. En todos los casos salvo en uno, las autoridades no mantuvieron al corriente a las familias ni les proporcionaron información sobre los avances en las investigaciones.
Por ejemplo, un familiar de una mujer raptada en febrero de 2025 preguntó en múltiples ocasiones por el caso a las fuerzas de seguridad, e incluso les proporcionó el número de teléfono del presunto secuestrador, que se había puesto en contacto con la familia. Pese a ello, a fecha de julio de 2025, las autoridades no habían proporcionado información alguna a la familia.
En tres casos, hubo familiares que contaron a Amnistía Internacional que la policía y las fuerzas de seguridad habían culpado del secuestro a las familias —por ejemplo, acusándolas de negligencia por permitir que la persona secuestrada saliera a hacer recados durante el día—, que se habían burlado de ellas por no proteger a la mujer o la niña, o que habían descartado pistas concretas e indicios que podían ayudar a localizar a su familiar, alegando que no eran importantes o que eran falsos, pese a ser a todas luces creíbles.
Un familiar de una mujer a la que se habían llevado de su casa contó los desesperados intentos de la familia por localizarla: “La familia acudió a Seguridad General y presentó una denuncia oficial, pero el trato recibido fue horrible… Acusaron a la familia de no ser capaz de impedir el secuestro… La familia se arrepintió de haber ido allí. La familia volvió durante semanas [a Seguridad General], pero no se produjo ningún cambio. Simplemente les dijeron que no había sucedido nada, y no tenemos ni idea de dónde se la llevaron.”
Familiares que habían recibido peticiones de rescate, incluidos familiares de una menor de edad, contaron a Amnistía Internacional que se había notificado a Seguridad General cada llamada, número de teléfono y comunicación relacionados con las peticiones de rescate. Incluso proporcionaron la identidad de las personas a cuyos nombres se habían realizado las transferencias; aun así, al parecer los agentes encargados de hacer cumplir la ley no adoptaron medida alguna.
En los casos en los que las mujeres y las niñas habían sido liberadas, a menudo sus familiares dejaron de informar sobre ellos. Contaban que eso se debía sobre todo al temor a sufrir represalias a manos de los perpetradores, que no habían sido arrestados, y de las autoridades, que habían dicho a las familias que permanecieran calladas y habían ordenado a las sobrevivientes que negaran que los secuestros se hubieran producido.
Todas las mujeres de Siria merecen vivir sin miedo a sufrir abusos, discriminación o persecución.
Agnès Callamard
“Las autoridades tienen la responsabilidad legal y moral de actuar para prevenir y castigar la violencia de género. Todas las mujeres de Siria merecen vivir sin miedo a sufrir abusos, discriminación o persecución. Las investigaciones deben llevarse a cabo de manera inmediata y exhaustiva, y deben ser lideradas por investigadores independientes que puedan acceder sin trabas a los recursos necesarios. Se debe buscar la rendición de cuentas y proporcionar reparación. No hacerlo constituye una violación de los derechos humanos”, ha declarado Agnès Callamard.
