*Mi Opinión Conservadora.
/por Fernando S. Sanchez Campos/
La política mexicana se encuentra en una encrucijada crítica, donde emergen claros indicios de una inminente conflagración entre los tres poderes de la unión. El poder ejecutivo y el legislativo, en una alineación preocupante, se preparan para rechazar los resultados de la revisión que el poder judicial llevará a cabo sobre la reforma judicial aprobada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, considerada por muchos como un acto de soberbia, se perfila para ser declarada improcedente, alegando que se distancia del espíritu del constituyente.
Este desacuerdo entre los poderes no es un tema trivial; de hecho, podría abrir la puerta a una crisis política que amenace la gobernabilidad del país. En el peor de los escenarios, si dos de los tres poderes decidieran desconocer al tercero, las repercusiones no serían solo institucionales, sino que también afectarían el tejido social y la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. La separación de poderes, esencia de nuestra democracia, estaría en grave peligro, y el costo de dicha confrontación podría resultar catastrófico para el futuro del país.
Las fichas están alineándose de manera alarmante en este tablero político, y lo más preocupante es la aparente falta de comprensión sobre la gravedad de esta situación. La ausencia de un diálogo constructivo y el desprecio por la autoridad judicial podrían condenar a México a una ingobernabilidad que haga que los ciudadanos se conviertan en simples espectadores de conflictos de poder, sin capacidad de influir en las decisiones que impactan sus vidas.
La historia ha demostrado que cuando la lucha por el control político se convierte en la norma, las consecuencias son devastadoras. Las instituciones pasan a un segundo plano y la corrupción y la impunidad pueden extenderse como un virus. México, con una historia llena de altibajos políticos, no puede permitirse caer de nuevo en el caos.
La adopción de un pacto de gobernabilidad es más urgente que nunca. Este pacto debe no solo reforzar el respeto a la independencia judicial sino también fomentar un compromiso real entre los poderes para trabajar juntos en pro del bienestar de la nación. Cada actor político, desde el más alto funcionario hasta el ciudadano común, tiene un papel que desempeñar en esta búsqueda de estabilidad.
La responsabilidad de actuar recae en todos nosotros: líderes y ciudadanos. Es vital que se priorice el interés público sobre las ambiciones individuales. Esto requiere una acción inmediata, ya que si se permite que el conflicto se desarrolle con impunidad, el futuro de la democracia en México podría estar en juego, y con ello, la esperanza de un país más justo y equitativo.
Es hora de reconocer que el camino hacia adelante exige diálogo, consenso y un compromiso renovado con los principios democráticos. La paz social y la estabilidad política son bienes preciosos que deben resguardarse, y la tarea de mantenerlos en equilibrio depende de la voluntad colectiva de todos los actores en esta compleja trama política. En este punto crítico, la capacidad de unir fuerzas para preservar nuestro sistema democrático se convierte en una obligación compartida.
Publicado
8 de octubre de 2024
en
Etiquetas:
Mi Opinión Conservadora
Orgullosamente impulsado por WordPress
