*” Con todo cariño, les mandó a decir en un mensaje público en su mañanera.
11.04.2025. Puebla, Pue.- Durante la mañanera de Puebla del jueves el Gobernador de Puebla Alejandro Armenta realizó una advertencia al Grupo Proyecta de Larrea para que donará dos hectáreas para construir viviendas para policías estatales, mujeres y jóvenes, porque dijo que trabajan por la seguridad y el Grupo de el ahora propietarios Germán Larrea tiene “que repartir su riqueza”.
La declaración del mandatario poblano incendió las redes pues se le calificó de autoritario entre otras descalificaciones aun cuando la reputación del Grupo de Larrea ha sido acusado de abusos aprovechándose de la miseria de otros.
Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, precisó a la empresa constructora Grupo Proyecta donar al estado de Puebla un predio de dos hectáreas en los próximos 30 días o de lo contrario, expropiarían 4.
“Ya entrado en calor, quiero hacerle un llamado a Grupo Proyecta para que le done al estado dos hectáreas, para hacer una unidad en esa zona para la policía, para sus elementos de policía”.
“Han tenido mucha riqueza, se han beneficiado mucho grupo proyecta de los poblanos, extraen mucha agua, aprovechan muchos recursos, son un corporativo que se ha enriquecido bien, no hay queja, pero ya es hora de que le den algo a Puebla”, sostuvo ante representantes de medios de comunicación.
Alejandro Armenta en entrevista en Radio Fórmula justificó su declaración pues dijo que el Grupo Proyecta tienen muchas tierras en litigio de campesinos a quienes despojaron de miles de hectáreas y acusó empresas inmobiliarias de enriquecerse legalmente a costa de los poblanos y de usar muchos recursos, por lo que considera que “es hora” de que le den algo al estado.
“Se las robaron con el amparo de la ley” desde 1990 (gobierno de Mariano Piña Olaya) empresas inmobiliarias que les arrebataron el patrimonio a miles de campesinos” y se los entregaron a los empresarios bajo la figura de expropiación, acusó.
“No estamos haciendo nada incorrecto”, dijo Armenta Mier quien explicó que La expropiación está justificada constitucionalmente pues dijo que la Carta Magna establece la expropiación por causa de utilidad Pública, y la utilidad Pública es el bien público, y el bien publicó es dotarles legalmente de viviendas a policías estatales.
“Esto no es Venezuela” sentenció al escuchar voces que defienden a los empresarios pues señala que su gobierno no pueden comprarlas porque además quieren vender los terrenos como si fueran de oro.
“Esos empresarios mezquinos no quieren dar dos hectáreas; les vamos a pagar como les pagaron a los campesinos, con centavos”.
Queremos construir al menos 10 mil casas para el personal de seguridad que ofrenda su vida diariamente argumentó el gobernante poblano y adelantó que estan revisando los casos de los campesinos afectados por estas inmobiliarias.
Fiscalía reactiva denuncias contra integrantes de la resistencia de Santa María Malacatepec.
Hace menos de una semana el empresario Germán Larrea, líder de Grupo México, presuntamente compró Grupo Proyecta y con ello el desarrollo inmobiliario City Lomas Ocoyucan, tras que en diciembre del 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) habría reactivado denuncias penales por despojo en contra de nueve integrantes del Campamento por la Resistencia de Santa María Malacatepec, que defienden el área común de esta demarcación.
La defensa de los afectados, Hilario Alonso, dijo estar al tanto de la supuesta compra-venta de Grupo Proyecta por parte de Grupo México, liderado por el magnate Larrea, dueño de mineras en el país y solicitó al Gobernador alejandro Armenta instalar una mesa de dialogo para resolver el conflicto de tierras.
Afirmó que después de que trascendió que Larrea habría invertido 5 mil millones de pesos para adquirir Grupo Proyecta, el pasado 3 de diciembre se reactivó la denuncia FGEP/CDI/FIM/FIM-I/005396/2022/CHOLULA en contra de nueve activistas que se ha erigido en resistencia para defender la zona de uso común del ejido de Santa María Malacatepec ubicada en los cerros de esta comunidad perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.
Los hijos de campesinos afectados y hoy nuevamente denunciados son Emiliano Zambrano Aguilar -líder del movimiento de defensa del territorio que está preso en el penal de Cholula acusado de supuesto abuso sexual-; Cruz Pastrana Vázquez; Manuela Tochihuitl García; Sofía Pastrana Vázquez; Antonia Morales Bueno, Cruz Jiménez García -ejidatario que se ha opuesto desde 2016 al proyecto City Lomas Ocoyucan-; Azucena Ramírez Bueno; Francisco Pastrana Vázquez y Juana Bueno González, dos de los cuales son finados.
Denunciaron incluso que se está preparando un desalojo violento del campamento de los dueños de la tierra y posiblemente haya más denuncias y detenciones en contra de las y los activistas que se resisten al proyecto inmobiliario. .
Señalan que tanto la reactivación de las denuncias y en todo caso las aprehensiones y el desalojo violento dejaría evidente que las instituciones se ponen al servicio de los grupos de poder económico.
El grupo de resistencia se opone al cambio de lugar de la caseta de cobro de la autopista a Atlixco que dijo responde al mismo interés de beneficiar al Grupo Proyecta México, el cual detonaría más proyectos inmobiliarios de lujo en otros territorios de Santa Clara Ocoyucan y de otros municipios que colinden con dicha vialidad.
“El cambio de ubicación de la caseta va a beneficiar a las empresas inmobiliarias. Se afectará a los ejidos y bienes comunales de Chalchihuapan a un lado de la carretera”.
Agregó que es claro que el municipio de Santa Clara Ocoyucan gobernado por la organización Antorcha Campesina está coludido con los intereses inmobiliarios.
Según un artículo de Carlos Fernández Vega, publicado en agosto de 2022 en el periódico La Jornada, Germán Larrea Mota Velasco es un “oscuro personaje” que heredó fortuna, negocios, contactos políticos y la actitud de su padre, Jorge, conocido por los mineros como El Azote, quien, pegado al poder alemanista, construyó un imperio económico que a su muerte, en 1999, pasó al control de su hijo.
Cuando ello sucedió, Mota Velasco quedó a cargo de la fortuna familiar, valuada, de acuerdo con Forbes, en mil 100 millones de dólares. De entonces hasta 2022, tal patrimonio se había multiplicado por 28, -según una fuente del autor- para sumar, en 2022, 30 mil 800 millones de dólares.
Según la publicación, toda su fortuna fue acumulada a costillas del erario y la riqueza nacional, mediante “negocios turbios”, “facilidades” fiscales, jueces a modo, políticos a su servicio y más de 800 concesiones mineras que amparan millones de hectáreas, otorgadas durante el régimen neoliberal, el cual, de entrada, favoreció al clan con la privatización de Compañía Minera de Cananea, la joya de la corona que le entregó Carlos Salinas de Gortari, no sin antes “limpiarla” financieramente, reprimir brutalmente a los mineros y venderla a precios de remate.
