*
18.09.2026 Puebla, Pue.- Las declaraciones del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sobre la designación de hombres al frente de tres Concejos Municipales reabrieron el debate sobre la participación de las mujeres en espacios de poder y sobre la manera en que las instituciones enfrentan los riesgos de seguridad en territorios con presencia de grupos delictivos.
El mandatario consideró “muy delicado” colocar a una mujer al frente de municipios que, según expuso, enfrentan condiciones de inseguridad y presencia de organizaciones criminales. Sus declaraciones ocurrieron después de que el Congreso estatal determinó desaparecer los ayuntamientos de Acatlán de Osorio, Esperanza y Tepeyahualco y sustituirlos temporalmente por Concejos Municipales encabezados por hombres.
“Para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás”, sostuvo Armenta al explicar por qué consideraba adecuada la elección de hombres para encabezar esos órganos de gobierno.
El gobernador agregó que se trata de zonas “complicadas” y mencionó particularmente a Tepeyahualco y Esperanza. También hizo referencia a Los Rojos, grupo criminal que, de acuerdo con su declaración, tiene presencia entre Puebla y Oaxaca y está relacionado con actividades delictivas como el robo y la comercialización ilegal de vehículos.
La postura del mandatario se produjo en un contexto en el que las autoridades poblanas han emprendido acciones contra funcionarios municipales investigados por posibles vínculos con organizaciones criminales. El propio gobierno estatal informó el 7 de septiembre que respaldaba el denominado Operativo Enjambre y la actuación federal contra servidores públicos presuntamente relacionados con grupos delictivos.
Sin embargo, el caso de los tres municipios no es idéntico.
En Esperanza, el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido el 7 de septiembre durante el Operativo Enjambre. Autoridades federales lo relacionaron, junto con otras personas, con una estructura dedicada presuntamente al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
En Tepeyahualco, el presidente municipal Said de Jesús Godos Luna fue detenido el 4 de septiembre por una investigación relacionada con abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Autoridades federales también habían informado que era investigado por posibles delitos vinculados con el robo de transporte de carga.
La situación de Acatlán de Osorio tuvo otro origen. La entonces presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, no fue detenida. El Congreso poblano revocó su mandato y posteriormente desapareció el ayuntamiento después de un conflicto prolongado con integrantes del Cabildo. La alcaldesa había enfrentado señalamientos de regidores relacionados con presuntas irregularidades administrativas y financieras, mientras ella rechazó las acusaciones.
Los tres Concejos quedaron encabezados por hombres
El 12 de septiembre, el Congreso de Puebla aprobó los dictámenes para desaparecer los tres ayuntamientos y establecer Concejos Municipales que ejercerán las funciones de gobierno durante el periodo correspondiente.
En Acatlán de Osorio fue designado presidente del Concejo Ciro Gavilán Domínguez; en Esperanza, Raúl Pineda Raygoza, y en Tepeyahualco, Eduardo Vázquez Márquez. Los tres son hombres y cuentan con experiencia previa en administraciones municipales.
La integración completa, sin embargo, no quedó conformada exclusivamente por hombres. En los tres Concejos participan mujeres como integrantes y síndicas. En Acatlán fueron incluidas Batseba Gallardo Plácido, Araceli Lucero Zúñiga, Zoila Rosas Mendoza, Argelia Bravo Hernández y María Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez; en Esperanza, Berenice Heredia Bustos, Luisa López Flores, Irais Magdalena Gutiérrez Durán, Mónica Peralta Paredes y María Ivette Huerta Velázquez; y en Tepeyahualco, Marycarmen Díaz Jaramillo, Abigail Mollano Salazar, Yoselin Avelino Fernández, María Elena Soto Hernández y Carmen Teresa López Castillo, entre otras.
El punto que generó la controversia es que ninguno de los tres órganos quedó presidido por una mujer.
Seguridad y género
Las declaraciones de Armenta colocan en el centro una discusión distinta a la sola integración de los Concejos: si la presencia del crimen organizado debe traducirse en una exclusión de las mujeres de las posiciones de mayor responsabilidad política o si las instituciones deben generar condiciones de seguridad para que puedan desempeñarlas.
El argumento expresado por el gobernador parte de la exposición que, a su juicio, enfrentaría una mujer al asumir el control político de un municipio con presencia criminal. Pero plantear la protección de las mujeres exclusivamente mediante su retiro de determinados espacios públicos abre otra dimensión del problema: las mujeres también participan en tareas de seguridad, administración pública y toma de decisiones en contextos de violencia.
En marzo pasado, el propio gobierno de Puebla señaló que la igualdad, la protección de los derechos de las mujeres y su empoderamiento formaban parte de las políticas permanentes de la administración estatal.
La diferencia entre ambos planteamientos ha contribuido a que las declaraciones sobre los Concejos generen cuestionamientos en torno a la congruencia entre las políticas de igualdad y los criterios utilizados para seleccionar a quienes encabezan gobiernos municipales en zonas consideradas de riesgo.
El debate también ocurre en un escenario nacional de preocupación por la violencia política y la posible infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y las administraciones públicas. El Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos han reconocido para el proceso electoral de 2027 la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar posibles vínculos entre candidaturas y organizaciones criminales.
Ese fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres que participan en política. Durante las elecciones de 2024 se documentaron 138 agresiones contra personas candidatas, entre ellas 40 asesinatos, según datos citados en análisis recientes sobre violencia político-electoral.
Por ello, el caso poblano plantea dos asuntos que no necesariamente son excluyentes: la necesidad de proteger a quienes ejercen funciones públicas en territorios con presencia delictiva y la obligación de evitar que las condiciones de inseguridad se conviertan en un argumento para limitar la participación de las mujeres en cargos de decisión.
Una discusión que trasciende los tres municipios
Las declaraciones de Armenta también adquieren relevancia porque se producen en un momento en que la representación política de las mujeres ha aumentado en México y mientras los gobiernos federal y estatales han colocado la igualdad sustantiva entre sus compromisos institucionales.
En Puebla, el Congreso local fue quien formalmente tomó la decisión sobre los Concejos Municipales. Durante la sesión en que fueron aprobados, hubo legisladores que cuestionaron distintos aspectos del procedimiento. La diputada Delfina Pozos Vergara se pronunció contra los dictámenes y planteó la necesidad de conocer los perfiles de quienes integrarían los órganos; el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez informó que se abstuvo y señaló que no hubo un ejercicio previo de consenso.
La composición de los Concejos, por tanto, no puede atribuirse únicamente a una decisión personal del gobernador: fue aprobada por el Poder Legislativo estatal. Lo que corresponde a las declaraciones de Armenta es la explicación pública que ofreció sobre la ausencia de mujeres en las presidencias de esos órganos.
El gobernador sostuvo que prefería que los Concejos fueran encabezados por hombres con experiencia previa como autoridades municipales debido a las condiciones de seguridad que atribuyó a esas regiones. Esa explicación es la que ha colocado la perspectiva de género en el centro de la discusión.
Mientras las investigaciones contra los exalcaldes y las autoridades municipales involucradas continúan, los tres Concejos asumirán temporalmente las funciones de los ayuntamientos desaparecidos. La controversia política, en paralelo, se concentra ahora en determinar si la protección frente al crimen organizado debe plantearse mediante la sustitución de mujeres por hombres en los puestos de mayor responsabilidad o mediante instituciones capaces de garantizar condiciones de seguridad para cualquier persona que ejerza una función pública.