* Delitos que fallan en el principio de taxatividad del derecho penal, refieren los detractores.
16.06.2025 Puebla, Pue.- Ante los señalamientos de organizaciones pro libertad de expresión de lo que llaman la “Ley Censura” el Gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier solicitó al poder Legislativo local establecer foros en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegio de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso.
“En Puebla, el respeto a los derechos humanos es un principio irrenunciable.
Desde el Gobierno del Estado, que dirige el mandatario @armentapuebla_, hacemos un llamado al @CongresoPuey a asociaciones de Derechos Humanos a construir una mejor sociedad a través del diálogo y análisis sobre la Ley de Ciberseguridad, con responsabilidad, visión social y pleno respeto a las libertades. La meta es clara: proteger sin reprimir”, escribió el Gobernador en sus redes sociales.
Las diputadas y diputados locales avalaron el jueves, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el paquete de reformas al Código Penal de Puebla, iniciativa impulsadas por el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.
Dentro de las modificaciones, se estableció la adición del artículo 480, que define el ciber asedio como el acto de insultar, injuriar, ofender o vejar a una persona a través de medios digitales con la insistencia suficiente para dañar su integridad física o emocional.
La pena establecida para quienes incurran en ello va de 11 meses a 3 años de prisión, además de una multa económica de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que representa un monto aproximado de hasta 30 mil pesos.
Ante ello organizaciones como Artículo 19 consideraron que la modificación al Código Penal de Puebla en materia de ciberseguridad era un riesgo para la libertad de expresión.
La Oficina para México y Centroamérica y la Red de Periodistas de Puebla habían urgido a la LXII Legislatura del de Puebla a rechazar el Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal del estado de Puebla en materia de ciberseguridad.
“Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, argumentaron.
Describieron que el propuesto Artículo 480, del delito de ciberasedio, se define como quien […] “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud […]”[1]. En ese sentido, se recuerda a las y los legisladores que la libertad de expresión incluye discursos que pueden “ofender, insultar”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltando algunos de los rasgos sobresalientes de la libertad de expresión, sobre todo su doble dimensión individual y colectiva, y su función democrática, establece que “este derecho protege tanto la información que resulta favorable, indiferente o inofensiva, como aquella que resulta chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”.
Refieren además que los otros delitos propuestos contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico. Por ejemplo, el Artículo 479 en materia de espionaje digital simplemente indica que es quien “que se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”. Por su parte, el propuesto Artículo 258 Ter establece que comete el delito de usurpación de identidad “[…] quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”.
“No sólo estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal[3] al ser amplios o carentes de definiciones exactas, sino que a su vez utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico. El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, expone la organización Article19.
En este sentido hace un recuento del acoso judicial contra periodistas en Puebla.
Al respecto, se recuerda que el acoso judicial, utilizando la normativa mexicana para iniciar procesos legales contra periodistas, es una tendencia a la alza. En Puebla, tan sólo de 2018 a 2024 ARTICLE 19 documentó un total de 22 procesos judiciales iniciados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones. Esto resalta que la entidad debe generar medidas apropiadas para proteger a la prensa y que nuevos delitos no sean utilizados en contra del acceso a la información o a la publicación de información de interés para la sociedad poblana.
Las organizaciones firmantes reconocen la importancia de la protección de los derechos de la ciudadanía en la esfera digital, así como la justificación e intenciones para fortalecer el marco normativo de estas protecciones y de las capacidades de las autoridades para investigar delitos cometidos con el uso de estas tecnologías, incorporando el resguardo de datos personales, así como la protección de la niñez. Sin embargo, deben incorporarse los más altos estándares de libertad de expresión y de acceso a la información.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica y la Red de Periodistas de Puebla expresan su preocupación por la propuesta y urgen a la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a rechazar elProyecto de Decreto en materia de ciberseguridad.
