* 5 mujeres y seis hombres.
16.05.2024.- Un comando armado asaltó de nuevo la comunidad de Morelia, y mascaró a 11 civiles y quemó sus viviendas sin que las autoridades federales y locales informen o frenen la violencia que ha obligado al desplazamiento de cientos de familias indígenas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a organizaciones de la sociedad civil denuncian el estado de indefensión en que viven ante el control del crimen organizado como principal generador de violencia en la zona.
“Hemos venido denunciando de manera reiterada la situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas, e insistido en las graves afectaciones e impactos contra la población civil que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región frontera y sierra.”
Alertan que el Centro de Derechos Humanos recibió información referente a los hechos acontecidos el 13 de mayo del 2024 en el ejido Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo; en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de al menos 11 personas de la población civil asesinadas (5 mujeres y 6 hombres), de las cuáles dos eran catequistas de la Iglesia católica.
Los testimonios refieren que los recientes enfrentamientos comenzaron desde el viernes 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica, e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias por lo que Frayba alerta se extiende a otras comunidades vecinas en impunidad.
“Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas. Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extraccion de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales.
Reclaman la inacción del gobierno federal ante la estrategia de los grupos delictivos de apropiarse del territorio de las comunidades indígenas masacrandolos.
“El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, si no que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, así como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional.
Apenas en enero se reportó un saldo preliminar de 20 personas muertas y cientos de familias desplazadas en el poblado de Chicomuselo, en Nueva Morelia, Chiapas, presuntamente por un enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel De Sinaloa que habría durado más de 70 horas.
Según las autoridades se desplegaron más de 200 elementos de seguridad tanto al municipio como a Frontera Comalapa y se instalaron al menos dos puestos de control vehicular bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas.
“El Grupo Interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo realizaron el levantamiento de los cuerpos haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares”, escriben en un comunicado –
La pugna por el control territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa ha generado altos niveles de violencia desde 2021. Los constantes ataques e intentos por adueñarse de las rutas de tráfico de migrantes y drogas han provocado que cientos de habitantes de la región fronteriza abandonen sus comunidades.
