/ Darío Pale /
23.12.2025 Xalapa, Ver.- Aun cuando las cifras oficiales de feminicidio en Veracruz ya no alcanzan los niveles críticos registrados en 2017 —año en el que el estado ocupó el primer lugar nacional con más de 100 casos—, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema grave y complejo, advirtió Estela Casados, integrante del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana.
Durante una entrevista con medios de comunicación, la especialista señaló que, si bien la cifra oficial reportaba 33 feminicidios hasta el 10 de octubre, existen otros fenómenos igualmente alarmantes que no pueden analizarse de manera aislada, como el incremento desproporcionado de la desaparición de mujeres.
Casados explicó que, de acuerdo con los registros del Observatorio, desde 2021 se ha observado un aumento significativo en los casos de desaparición de mujeres, tendencia que se desbordó a partir de ese año. Subrayó que estas situaciones suelen atenderse una vez que ocurren, pero no se previenen, lo que refleja fallas estructurales en las políticas públicas de seguridad y prevención.
“No podemos ver el feminicidio como un hecho aislado; está relacionado con otros delitos como la desaparición y el homicidio doloso. Veracruz se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en homicidio doloso, y una parte importante de las víctimas son mujeres”, apuntó.
En cuanto a las cifras documentadas por el Observatorio Universitario, Casados detalló que de enero a noviembre de 2025 se han registrado 67 feminicidios en la entidad, con Coatzacoalcos como el municipio con mayor número de casos. También llamó la atención sobre Papantla, que pese a ser un municipio de menor tamaño, presenta una alta incidencia de feminicidios.
Destacó que el caso de Papantla es especialmente preocupante por tratarse de un municipio con población indígena, sector que también debe ser atendido dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la cual, aunque inicialmente contempló solo 11 municipios, establece que todos aquellos con población indígena deben ser considerados.
La académica recordó que el pasado 23 de noviembre de 2025 se cumplieron nueve años de la implementación de la Alerta de Violencia de Género por feminicidio en Veracruz, sin que hasta el momento exista información pública clara sobre sus resultados.
“La población no sabe cuáles son los municipios con mayor incidencia, si ha habido un decremento sostenido, qué medidas de prevención se han implementado, ni cuántos perpetradores han sido detenidos, sentenciados o cumplen una condena”, señaló.
Más allá de evaluar el desempeño de las administraciones estatales —ya van cuatro gobiernos que han atendido esta declaratoria—, Casados afirmó que el acceso a esta información es fundamental para que las mujeres veracruzanas conozcan a qué se enfrentan y qué tan efectiva ha sido la respuesta institucional.
Asimismo, sostuvo que la impunidad sigue siendo una constante en los delitos cometidos contra mujeres. “No lo decimos para generar opinión, sino porque como población lo padecemos. Lo que esperamos es justicia en los casos de feminicidio, homicidio y desaparición de mujeres”, expresó.
Finalmente, recalcó que la Alerta de Violencia de Género debe entenderse como un mecanismo de coordinación interinstitucional, en el que no solo participe la Fiscalía General del Estado, sino también dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, Educación, Salud, e incluso Turismo, con estrategias integrales que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, exigió mayor sensibilidad hacia las víctimas y un trabajo más eficiente en la apertura e integración de las carpetas de investigación, recordando que, conforme al Código Penal, todo asesinato de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio cuando exista al menos una razón de género.
