*También se reportó un retroceso en los derechos de las mujeres en México como la disminución de la atención especializada frente a la violencia contra las mujeres, entre otros.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /.
16.06.2025 /Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- A seis meses de que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) entrara en operaciones, un informe sombra reveló que la institución no ha sido capaz de asumir la función de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ante la falta de estructura administrativa y personal, por lo que la nueva reestructura se ha traducido a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las mujeres.
Recordemos que el próximo 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajarán a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico. México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
La AVGM sufrió de cambios estructurales ante el lanzamiento de la Semujeres, pues ahora la secretaría asumió la responsabilidad de gestionar las alertas a través de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia (Art. 15 del Reglamento Interior de la Secretaría, DOF 15/11/2024) poniendo en relieve que, «la continuidad y eficacia de las AVGM dependen de la capacidad de la nueva Secretaría para coordinar acciones con otras dependencias y niveles de gobierno, así como de la asignación adecuada de recursos para su implementación», según apuntó el informe sombra.
Sin embargo, en diferentes ocasiones se ha señalado a la Semujeres por realizar la transición de instituciones desde la opacidad comenzando con el despido masivo de empleadas de Inmujeres y de la CONAVIM, que anteriormente Cimacnoticias documentó. Asimismo, otro grupo de mujeres fueron recontratadas con salarios menores, perdiendo antigüedad y sus derechos laborales adquiridos. Esta situación provocó que fueran víctimas de violencia institucional, económica y psicológica.
Un segundo reto de los retos fue el tema presupuestario, pues la Semujeres obtuvo un presupuesto de 2 mil 93 millones para 2025, siendo que tendrá a su cargo 15 funciones, entre ellas como prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, física, psicológica y de género que viven las mujeres. Esta cifra en inferior en comparación con la suma del presupuesto destinado anteriormente a Inmujeres y la CONAVIM y en adherencia, se desconoce la distribución de este recurso.
Respecto a las AVGM, el informe señala que la CONAVIM fue un ente rector para su implementación fortaleciendo el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) y mejorando la coordinación entre órdenes de gobierno. También agilizo el procedimiento de emisión de la alerta garantizando mayor rapidez y estableciendo la debida diligencia como principio.
Con la eliminación de la CONAVIM para dar lugar a la Semujeres, la nueva reestructura vulneró el enfoque garantista de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) «al debilitar objetivos clave como la protección de la vida, integridad y acceso a justicia para mujeres, niñas y adolescentes», así como la omisión de disposiciones presupuestarias para implementar la AVGM, limitando su efectividad.
Las Alertas de Género y su operatividad
Una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de respuesta en contra de la violencia feminicida (la forma más extrema de violencia contra las mujeres). Se trata de un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, en el que se implementa una serie de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para enfrentar esta violencia en un territorio determinado.
De acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación», entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM, de las cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26 declaratorias de alerta de género, para 24 estados:
Dos en el Estado de México (una por violencia feminicida y otra por Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (Declarada por Gobierno Local).
En contraste en 10 estados se determinó la improcedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, siendo en Tabasco
denegada por segunda ocasión: Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Sonora, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México y Tabasco.
En 5 estados se encuentran en alguna etapa del proceso de AVGM, Sonora (segunda solicitud violencia feminicida), Chihuahua (violencia feminicida), Ciudad de México (con la segunda solicitud por violencia feminicida), Tlaxcala (violencia feminicida) y Baja California (segunda solicitud violencia feminicida).
En 4 entidades están en proceso de determinación para la declaratoria de Alerta siendo Puebla (desaparición), Veracruz (desaparición), Sonora (AC) y Coahuila (VF). En cuanto a las solicitudes de ampliación de la AVGM, solo hay un procedimiento, que es el caso de Nuevo León y acerca de los estados que no han tenido algún proceso activo de solicitud de AVGM están Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California Sur.
Para la Ciudad de México, el 7 de junio de 2019 la SEGOB a través de la CONAVIM emitió improcedencia de la AVGM; sin embargo, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la alerta el 21 de noviembre de 2019, siendo esta una decisión del ejecutivo de la capital.
Proceso y seguimiento de las solicitudes de alerta
De acuerdo con el informe, el proceso y seguimiento de las solicitudes de AVGM presentan avances formales, pero también graves limitaciones. La falta de claridad en los tiempos de cumplimiento, la insuficiente sistematización de datos y la débil articulación institucional ha impedido que este mecanismo opere con eficiencia en muchas entidades del país.
El proceso de solicitud de la AVGM comienza con la conformación de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en el que participan diversas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Este grupo se encarga de analizar los hechos expuestos en la solicitud y en un plazo de 30 días naturales, debe emitir un informe que incluyan propuestas de medidas para prevenir y erradicar la violencia.
Una vez entregado el informe al GIM, la declaratoria de AVGM debe resolverse en un plazo no mayor a 45 días naturales; sin embargo, no existe un límite normativo para la implementación o cumplimiento total de las medidas propuestas provocando una falta de certeza jurídica y seguimiento. Esta omisión en el marco legal ha generado demoras y ha dificultado la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables.
En varios estados donde se ha declarado improcedente la solicitud de AVGM, existe una preocupación por la ausencia de información sistematizada sobre la violencia feminicida que dificulta la identificación de patrones de violencia y limita la capacidad para exigir responsabilidades.
Las fallas en la articulación y coordinación de la AVGM
Aunque la legislación nacional establece un marco normativo que regula la AVGM para agilizar su proceso, los esfuerzos entre los niveles de gobiernos son desiguales. Uno de los principales obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios que fragmentan la implementación de medidas recomendadas.
Estados como Colima, Guerrero y Durango, los programas estatales y municipales no se alinean con las acciones establecidas en la declaratoria de AVGMA debido a la escasa articulación institucional como la limitada capacidad operativa de los municipios quienes no cuentan con personal capacitado, recursos o presupuesto suficiente.
A esto suma la falta de voluntad política en gobiernos locales que impide a los programas trascender más allá de lo discursivo. La alternancia política y los cambios administrativos interrumpen los esfuerzos iniciados, así como la falta de coordinación con mecanismos estatales en municipios. Como resultado, muchas acciones quedan sin ejecutar o aplicarse de manera ineficiente.
La falta de conocimiento de los decretos de AVGM por parte de las autoridades locales y la carencia de formación en perspectiva de género, refuerzan la ineficacia de las políticas diseñadas para prevenir la violencia feminicida. Algunos estados como Zacatecas han logrado avances importantes, pero se trata de logros parciales que no están acompañados por el respaldo presupuestal o estrategias de implementación.
Algunos estados que se destacaron en el informe gracias a documentación proporcionada por grupos de trabajo revelaron los siguientes panoramas:
- Chihuahua: precariedad en los servicios de justicia, falta de programas municipales y violencia generalizada marcada por el crimen organizado, la impunidad y revictimización institucional hacia las mujeres.
- Colima: creación de un «semáforo de cumplimiento» para dar seguimiento a las medidas recomendadas en los informes. Se busca facilitar la evaluación técnica y ciudadana del desempeño institucional.
- Coahuila: identificación de problemáticas específicas como la alta maternidad infantil y adolescente y la falta de bancos de datos estatales que centralice la información sobre violencia de género.
- Estado de México: ineficiencia en el sistema de justicia ante falta de diligencias en las investigaciones, uso indebido de figuras como la conciliación entre víctimas y agresores.
- Veracruz: situación mixta en donde hay reapertura de expedientes y fortalecimiento de registros de violencia, sí como deficiencia en investigaciones de feminicidios y homicidios dolosos.
La creación de la Semujeres bajo la opacidad
El pasado 26 de noviembre de 2024, se aprobó la creación de la Secretaría de las Mujeres promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su imagen se vendió como una institución que buscaba reducir la violencia de género, promover la igualdad sustantiva y transformar las estructuras patriarcales en las instituciones públicas.
La Semujeres sustituyó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), absorbiendo así sus funciones, las cuales se encontraban limitadas por acciones institucionales y presupuestarias. Oficialmente entró en funciones el pasado 1 de enero de 2025.
Antes de su extinción, la CONAVIM era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuya labor consistía en diseñar una política nacional para promover la cultura de respeto de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Fue creada en 2009 y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de políticas públicas, así como de las Alertas por Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) uno de los programas con mayor relevancia.
El informe advierte que para su eliminación no se consideró «una reforma a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia ni a su reglamento, tampoco se tomó en cuenta en el decreto de creación de la secretaría las funciones de la CONAVIM, lo que implica una grave falta y retroceso de los derechos humanos».
La nueva reestructura se argumentó bajo la búsqueda de una coordinación efectiva con el sistema de justicia y las instituciones de seguridad pública, asegurando mecanismos establecidos como las AVGM y los protocolos de atención que serían implementados de manera más eficiente y con un mayor impacto. De esta manera, la presidenta apuntó que se garantizarían la continuidad de programas, la ampliación de su alcance y su efectividad contra la violencia de género.
No obstante, el informe apunta que tras la desaparición de la CONAVIM existe riesgo sobre la desvinculación de principios constitucionales como la igualdad sustantiva y la perspectiva de género; incertidumbre y complicaciones vinculadas con la lucha contra la violencia feminicida; falta de garantía en las políticas y programas destinados a prevenir y erradicar la violencia; y la obstrucción de una vida libre de violencia a las mujeres.
También se reportó un retroceso en los derechos de las mujeres en México como la disminución de la atención especializada frente a la violencia contra las mujeres, la pérdida de autonomía, y la afectación en la implementación de políticas y programas destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
