Escrito por Wendy Rayón Garay .
25.05.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La periodista Adela Navarro Bello, directora general del seminario ZETA en Tijuana, Baja California, ha recibido un total de ocho llamadas telefónicas entre el 29 de abril y 16 de mayo del 2025. Esto después de publicar una investigación sobre el ocultamiento de narco fosas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta la más reciente sobre la revocación de visas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.
Adela Navarro, informó las amenazas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado una investigación o se ha ofrecido una respuesta efectiva y satisfactoria para la periodista, a pesar de que la inacción de las autoridades pone en riesgo su vida y las integrantes del seminario ZETA, un medio reconocido por cubrir temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado, según denunció Articulo 19.
El ataque hacia la periodista Adela Navarro revela que las voces de personas periodistas que denuncian la ola de violencia que se vive en el país, incomodan, ya sea a grupos criminales o funcionarios públicos que permanecen sin actuar y se mantienen desligados de la realidad que viven miles de mexicanas y mexicanos, cuyas vidas sí son expuestas a diferentes delitos que violan los derechos humanos.
Las narcofosas y el retirado del visado, investigaciones de Adela Navarro
Las amenazas comenzaron tras la publicación de la investigación «FGE oculta información de narcofosa» en donde aborda la denuncia sobre dos fosas en un predio del Cañón de las Carretas en Tijuana, que albergaba varios cuerpos enterrados. La información del medio señala que la FGE contaba con una orden de cateo emitida el 15 de abril, pero exploró el terreno un día después.
Pese a que uno de los predios tiene una extensión de 80 metros, la FGE solo cavó en un punto en donde encontraron tres cuerpos, mientras que en comunicados y entrevistas mencionaron solo haber hallado dos cuerpos. El seminario Zeta acusó a la FGE de mostrar información imprecisa, ocultar información y abandonar la exploración, ya que dos hombres que habían detenido en relación a la narcofosa fueron liberados, siendo que anteriormente revelaron la existencia de más de 20 cadáveres en 7 áreas del terreno.
La zona donde se localizan ambos terrenos, es decir, en el Cañón de las Carretas, tiene una alta incidencia criminal y es una de las principales zonas de búsqueda para colectivos de familias de personas desaparecidas. quienes denunciaron a ZETA el ocultamiento de información por parte de las autoridades.
La segunda investigación más relevante en los últimos días es la revocación de visas B1/B2 a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres, esto como parte de una estrategia migratoria de Estados Unidos para evidenciar nexos con el crimen organizado, esto después de que la mandataria ordenara el cese de las excavaciones en las narcofosas de Cañón de las Carretas, aunque no tienen una investigación en proceso por parte del país vecino.
En resumen, la investigación «Los Torres, investigados en EEUU y México», escrito directamente por la periodista Adela Navarro, informa que, fue a Carlos Torres a quien primero se le retiró el visado y la investigación estadounidense tiene en la mira a Luis Alfonso Torres, quien ocupó cargos públicos en el sexenio de Felipe Calderón. A ambos se le atribuyen cargos de evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El medio Zeta reveló que existe una carpeta de investigación que fue abierta el pasado 26 de marzo de 2025 contra Carlos Torres por la localización de un predio en Ensenada en donde se encontraron ocho millones de litros de hidrocarburo. Presuntamente se involucra a Luis Alfonso Torres por su antecedente de ser titular de la Administración General de Aduanas de Tijuana en el sexenio del presidente Felipe Calderón, y otros funcionarios públicos.
La última parte de la investigación señala que al Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado le llamó la atención el descubrimiento de las narcofosas ubicadas en el Cañón de las Carretas y la inacción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando la FGR detuvo la exploración de los predios.
Entre los presuntos motivos, señalan que en la investigación del huichiocoleo de los hermanos Torres participó una empresa y su administrador José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex alcalde de Teuchitlán, quien permanece preso por su relación con el Rancho Izaguirre en Jalisco.
La crisis de desaparición, un tema latente
El tema de la crisis de desapariciones en México ha estado vigente desde hace varios años; sin embargo, ha tomado relevancia tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, Jalisco. Desde ahí, el país recibió un golpe de realidad cuando el caso se viralizó en redes sociales gracias al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes dieron a conocer la fosa.
Esta problemática afecta a profundidad a las mujeres, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay 128 mil 575 personas, de los cuales 29 mil 585 son mujeres, siendo que la mayoría son menores de edad.
De acuerdo con el reporte de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), cada día 28 personas entre los 0 y los 17 años desaparecen llegando a contabilizar 112 mil 579 casos, de los cuales dos de cada tres son mujeres, es decir 75 mil 479.
Cada día 28 niñas desaparecen en México: REDIM – cimacnoticias.com.mx
Ataque a mujeres periodistas
De acuerdo con el informe “Voces en Resistencia. Diagnósticos e impactos en la vida de las periodistas” de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), existe el siguiente panorama que enfrentan las mujeres periodistas:
- En 2021 la tasa de asesinatos de mujeres periodistas se elevó a 11% comparada con el 6% del año previo. (UNESCO, 2022).
- De acuerdo con el Informe Estadístico de agosto de 2024 del Mecanismo de Proteccion de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actualmente, de las 1994 personas beneficiarias del Mecanismo, 674 son periodistas y de esta cifra el 28.4% representa a mujeres periodistas. (SEGOB, 2024)
- En el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) correspondiente al mes de septiembre de 2024, se señala que de 2010 a 2024 se reportan dos indagatorias relacionadas con hostigamiento sexual o abuso sexual, una del año 2018 y otra en 2024, y una indagatoria relacionada con delitos contra el honor en el año 2010.
- Casi tres cuartas partes de las entrevistadas -de 392 mujeres participantes- sexual. (PUM 2019) han vivido en su trabajo algún tipo de acoso, hostigamiento o agresión
- La mayoría de estas situaciones ocurrieron en los sitios de trabajo y fueron perpetradas, en primer lugar, por compañeros periodistas y, en segundo, por algún jefe o superior. (PUM 2019)
- El 57% de los medios no tienen protocolos de violencia de género. (UNESCO 2024) – Se examinaron 95 medios de 14 países de América Latina
- En el 41.5% de los casos hubo represalias contra las personas que denunciaron: fueron despedido, amenazadas.
Resulta importante apuntar que cada vez las agresiones contra personas periodistas se agravan. Organizaciones del Espacio OSC señalaron que hubo pocos avances en cuatro de los cien compromisos hacia el segundo piso de la cuarta transformación por parte de Sheinbaum, el cual hace referencia a la garantía de libre expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, por ello, expresaron que se necesitaba implementar un plan de protección a personas defensoras y periodistas.
Adicionalmente, se observaron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 respecto a la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. El Mecanismo de Protección Federal sufrió una disminución del 4.27% pasando de los 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.
Por ello, la organización Articulo 19 pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciar una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables; y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA.
Hasta el momento, la gobernadora expresó su apoyo a la periodista Adela Navarro por medio de una publicación de X en el que informó que el gobierno de Baja California esta dando acompañamiento y seguimiento al caso.
