AMLO expropia terrenos para construir la obra del tren maya .

81007043. Campeche, 7 Oct 2018 (Notimex-Especial).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, Víctor del Río R. de la Gala, afirmó que el proyecto del Tren Maya es una obra muy importante de más de mil 500 kilómetros que va a unir poblados y generará conectividad en toda la Península de Yucatán. NOTIMEX/FOTO/ESPECIAL/COR/EBF/TREN/

*Sedatu les pagara lo que “en términos de ley” contemple, advierte el escrito publicado esta tarde.

01/08/2022/ México.- Contrario a lo que prometió de que no habría expropiaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes un decreto para la expropiación de un millón 93 mil 118 93 metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, estado de Quintana Roo, para la obra del Tren Maya.

Expropiación que se da a una horas de una segunda suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en el Tramo 5, otorgada por un juez del Primer Distrito del estado de Yucatán, mismo juzgado que había resuelto la primera y que no fue acatada por el Jefe del Ejecutivo.

Con esta medida se suponía se detenía nuevamente las obras que se llevan a cabo de Cancún a Tulum, sin embargo el decreto rebasa el mandato judicial.

Decreto que también se registra además con la militarización de las obras pues Lopez Obrador determinó que sea el ejército quien la construya, ante la polémica de considerar la obra como de seguridad nacional Pues no cumplia con los elementos y el juez solicitó la información.

Con el decreto AMLO oficializó la expropiación de un millón 93 mil 118 metros cuadrados de cuatro municipios para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, de acuerdo con el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”, cita el decreto.

De acuerdo con el documento, la expropiación contempla todo lo que se encuentre en los predios incluyendo construcciones e instalaciones.

A partir del decreto, que entrará en vigor mañana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tomará posesión de los terrenos.

Sedatu, determina, “cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.

DECRETO por el que se expropia una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, estado de Quintana Roo, a favor de la Federación, para la construcción del tramo 5, subtramos norte y sur, del Proyecto Tren Maya.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5659945&fecha=01/08/2022#gsc.tab=0

La decisión presidencia fue determinada y basada en que el Tren Maya fuera considerada obra de seguridad nacional, para reanudar las obras para el Tramo 5, suspendidas por tres meses debido a la suspensión definitiva que ordenó el Juzgado Primero de Yucatán.

Suspensión que derivó de la destrucción de la Selva de la península maya, el sistema de cenotes, así como los vestigios arqueológicos hallados en la zona, que fueron base de los amparos amparos de buzos y ambientalistas integrados en el colectivo Sélvame del Tren.

Aunque en un principio se habló de que el proyecto incorporaría las llamadas “energías verdes” o renovables, el pasado 08 de junio se anunció que el tren funcionará con diésel. Ello implicaría introducir una fuente adicional de contaminación en la zona selvática del oriente y sureste de México. Incluso si finalmente se utilizase biodiesel, el impacto ambiental de este tren irá más allá de la vía férrea, pues se ha denunciado que la producción de este combustible, en una planta instalada en Palenque, Chiapas, ya ha implicado la deforestación de muchas hectáreas para producir la palma aceitera que se usa para hacer el biodiesel.

Existe oposición al ambicioso proyecto económico desde varias vertientes:

a) las comunidades locales que serán desplazadas y probablemente despojadas de territorio por las obras.

b) si bien para las comunidades organizadas que luchan en contra de la imposición de este proyecto capitalista promovido por mal gobierno el horizonte es la autodeterminación, y NO que los consulten, el mal gobierno no ha respectado ni siquiera sus propias reglas. Por ejemplo, el mal gobierno violó los acuerdos de consulta plasmados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde 1989, los artículos 6º y 19º de dicho convenio establecen que todo proyecto de “desarrollo” que cruce los territorios que cuidan y usufructúan deberá ser sometido a consulta: Artículo 6o “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: […] consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”

La llamada “consulta popular”, que realizó el gobierno de López Obrador, fue fuertemente criticada por no haber realizado una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades que serán impactadas por dicho proyecto.

Los zapatistas han dicho que dicha consulta es una farsa que oculta la intensión de barrer a los pueblos originarios: “Ahora estamos viendo que viene por nosotros, los pueblos originarios. Esa consulta que hacen, tenemos que decirlo claro, cómo manipulan al pueblo, esa consulta le está pidiéndole permiso, a través de voto, para que nos vengan a atacar a nosotros los pueblos originarios.”

c) el proyecto se inició sin un estudio de impacto ambiental, refieren en estudios de opositores.

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