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/ Eduardo Sadot /
La designación y gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) representan uno de los capítulos más complejos en la historia reciente de los órganos autónomos en México. Más allá del debate partidista, la postura de la actual administración frente al órgano electoral plantea serios interrogantes sobre su compromiso real con la imparcialidad, la transparencia y el Estado de derecho. Un ejemplo elocuente de esta intromisión ocurrió desde el inicio de su gestión, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador avaló su llegada mediante una descalificación directa de la administración saliente, al afirmar públicamente que Taddei era «incapaz de actuar como el presidente que está saliendo», en alusión a Lorenzo Córdova. Utilizar la tribuna del Estado para deslegitimar a un exárbitro electoral y, al mismo tiempo, otorgar un «certificado de bondad e integridad» a una nueva funcionaria evidenció la intención de someter el perfil del árbitro a los intereses del régimen. A ello se suma el uso de esa misma tribuna durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para emitir juicios o amagos de investigación contra figuras del pasado electoral ¿acaso no lo investigaron? Y no encontraron nada, vulnerando el principio de separación de poderes y recurriendo al juicio mediático en lugar de privilegiar los cauces institucionales y el debido proceso. Resulta paradójico contrastar aquella promesa de autonomía con el desempeño que posteriormente ha mostrado la presidencia del Instituto. Si la exigencia histórica era contar con un árbitro neutral, las recientes decisiones técnicas, como la controvertida resolución sobre el cómputo de boletas sin doblez, han sembrado dudas legítimas sobre la rigurosidad de los procedimientos y la posible dependencia operativa del Consejo General frente al poder político. Ante las críticas por presuntas irregularidades, la respuesta oficial ha recurrido sistemáticamente a la evasión. Apelar a narrativas de victimización o al sesgo de género para blindar el desempeño institucional reduce la rendición de cuentas a un cálculo retórico y desvirtúa causas legítimas. Esta incongruencia se extiende al estilo de vida de figuras clave del partido gobernante, cuyo distanciamiento de los principios de austeridad erosiona la autoridad moral que el oficialismo pretende enarbolar. El nombramiento de los futuros liderazgos del INE no debe tratarse como un botín político. La democracia no subsiste únicamente gracias a reglas escritas; requiere un árbitro con genuina legitimidad de origen y de desempeño, capaz de actuar con absoluta independencia del poder en turno. México exige con urgencia instituciones firmes. Reducir el arbitraje electoral a una extensión de la correlación de fuerzas partidistas pone en riesgo la certidumbre de los próximos procesos comiciales y debilita los cimientos de nuestra vida democrática.
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