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Ciudad de México | Desinformémonos. «La impunidad en los feminicidios en México persiste como una deuda estructural del Estado», denunció Amnistía Internacional al exigir a la Fiscalía de la Ciudad de México una investigación con debida diligencia en el caso de Edith Valdés. La organización advirtió que garantizar verdad, justicia y reparación integral sigue pendiente en un contexto donde la impunidad alcanza el 98 por ciento.
El organismo señaló que el caso refleja prácticas sistemáticas como la falta de activación inmediata en la búsqueda de mujeres desaparecidas, investigaciones atravesadas por estereotipos de género y actos de corrupción. Exigió agotar todas las líneas de investigación, incluida la trata de personas, evitar la revictimización de la familia y esclarecer la posible participación de diversos actores en el delito.
También advirtió que, pese a la existencia de fiscalías especializadas, protocolos y marcos legales, continúan fallas graves como la pérdida de evidencias, la falta de diligencias y la ausencia de una perspectiva de género efectiva. Estas deficiencias evidencian que el sistema de justicia no responde a la magnitud de la violencia contra las mujeres.
“Hoy, como hace 30 años, son las familias quienes buscan, investigan y exigen justicia”, señaló la organización, al denunciar que la carga de la búsqueda recae en las víctimas mientras las instituciones mantienen prácticas que perpetúan la impunidad.
A continuación el comunicado completo:
La deuda persistente del Estado frente a los feminicidios en México
Amnistía Internacional se solidariza con la familia de Edith Valdés, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, y hace un llamado urgente a la Fiscalía de la CDMX a garantizar una investigación con debida diligencia y enfoque de derechos humanos.
Es fundamental que las autoridades:
- Realicen un análisis de contexto que permita agotar todas las líneas de investigación, incluida la trata de personas.
- Investiguen la posible participación de diversos actores en el delito.
- Se abstengan de revictimizar a la familia.
- Garanticen el acceso a verdad, justicia y reparación integral del daño.
Este caso no es aislado. En México han pasado más de 30 años desde que comenzaron a documentarse los feminicidios y, pese a la creación de fiscalías especializadas, leyes, protocolos y mecanismos de coordinación entre autoridades, las fallas estructurales persisten.
Las autoridades continúan:
- Sin activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas, bajo el argumento de esperar 72 horas.
- Negando investigaciones con base en estereotipos de género, como “se fue con el novio”.
- Incurriendo en prácticas de corrupción, solicitando dinero a las familias para iniciar investigaciones.
A ello se suman deficiencias documentadas por Amnistía Internacional en el informe Juicio a la justicia
- Pérdida de evidencias clave.
- Las autoridades no investigan de forma suficiente, no siempre se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y/o no se realizan las diligencias necesarias para agotar una línea de investigación de forma exhaustiva.
- Falta de aplicación real de la perspectiva de género.
La actuación de la familia de Edith, que tuvo que presionar a las autoridades para activar su búsqueda, refleja una realidad dolorosa: hoy, como hace 30 años, son las familias quienes buscan, investigan y exigen justicia.
La impunidad en casos de feminicidio ronda el 98%, y las familias continúan enfrentando no solo la pérdida, sino también la violencia institucional.
Amnistía Internacional reitera lo señalado desde hace más de 20 años en su informe Muertes intolerables sobre “la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia”.
Hoy, esa reforma sigue pendiente. Las fiscalías carecen de personal técnicamente calificado, recursos y herramientas para investigar con debida diligencia.
