*Once años de exigencias.
25.09.2025 Ciudad de México.- El Palacio Nacional fue amurallado con vallas metálicas de más de tres metros de altura rodeando el recinto presidencial, en previsión de la movilización convocada por madres, padres y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, quienes exigen verdad, justicia y acceso a los archivos militares.
El blindaje físico del Palacio no contrasta con los gestos de apertura que, en años anteriores, marcaron la relación entre el gobierno federal y los familiares Pues Claudia Sheinbaum también les ha dispensado reuniones. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los padres fueron recibidos en múltiples ocasiones en el recinto, incluso en reuniones privadas con el presidente.
Sin embargo, también hubo momentos de tensión: en septiembre de 2020, un grupo de normalistas derribó una de las puertas laterales del Palacio Nacional durante una protesta, lo que generó un fuerte debate sobre el trato institucional a las víctimas y el derecho a la protesta.
Este 2025 ha dado un giro. El gobierno federal ha optado por blindar el corazón político del país, en lugar de abrirlo al diálogo. Las vallas fueron colocadas desde la madrugada del miércoles, y se reforzaron con elementos de la Guardia Nacional y Policía Militar. En los alrededores del Zócalo, se han instalado retenes, cámaras móviles y barreras de contención.
La protesta convocada para este viernes incluye un mitin frente al Palacio Nacional, una marcha desde el Ángel de la Independencia y una jornada de acción en instalaciones militares, como el Campo Militar 1, donde este jueves normalistas derribaron una puerta con un camión y le prendieron fuego, en exigencia de acceso a los archivos de la Sedena.
Organizaciones civiles como el Centro Prodh, Serapaz y Fundar han criticado el amurallamiento como un gesto de cerrazón institucional. “Blindar el Palacio Nacional es blindarse ante la verdad. Las familias no vienen a destruir, vienen a exigir justicia”, expresó una vocera de derechos humanos.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la memoria pública del país. A once años, los familiares insisten en que no hay verdad sin los archivos del Ejército, ni justicia sin castigo a los responsables. El blindaje del Palacio Nacional, más que una medida de seguridad, se ha convertido en símbolo de la distancia entre el poder y la exigencia de dignidad.
