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12.08.2026 Estado de México.- Más de una década después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la investigación federal alcanzó directamente a quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos: Ángel Heladio Aguirre Rivero fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, en una causa relacionada con el presunto ocultamiento y destrucción de evidencia que pudo haber sido fundamental para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La determinación fue tomada por un juez federal después de una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas y concluyó durante la madrugada. El juzgador consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General de la República eran suficientes, en esta etapa procesal, para que Aguirre Rivero enfrente un proceso penal por los hechos que se le atribuyen.
El exgobernador permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras continúa el procedimiento. La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá profundizar en sus indagatorias, incorporar nuevos elementos y fortalecer la acusación.
El expediente coloca nuevamente bajo los reflectores una de las interrogantes que han acompañado al caso Ayotzinapa desde sus primeros días: qué ocurrió con las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala y quién intervino para impedir que ese material pudiera ser utilizado para reconstruir la ruta de los estudiantes.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Aguirre habría recibido información y material videográfico relacionado con aquella noche y habría ordenado su desaparición. La acusación se sostiene, entre otros elementos, en testimonios que ubican al entonces gobernador dentro de una cadena de decisiones relacionada con esas grabaciones.
El señalamiento resulta particularmente relevante porque las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala pudieron haber registrado parte de los movimientos de los normalistas después de que los autobuses en los que viajaban fueran interceptados. La existencia y posterior pérdida de esas imágenes se convirtió durante años en uno de los capítulos más controvertidos de la investigación.
La nueva línea de investigación tomó fuerza después de que la Fiscalía avanzara contra antiguos funcionarios relacionados con el manejo de ese material. Entre ellos se encuentra Lambertina Galeana Marín, quien encabezaba entonces el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y fue detenida en mayo de 2025 por delitos relacionados con desaparición forzada y contra la administración de justicia, en una investigación sobre las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
El caso de Aguirre no surgió de manera aislada. Durante 2026, la investigación federal también alcanzó a otras exfuncionarias del gobierno estatal de aquella época, relacionadas con la posible pérdida o destrucción de material videográfico. En marzo fueron vinculadas a proceso dos exfuncionarias por investigaciones relacionadas con el caso y con las grabaciones de las cámaras de seguridad de Iguala.
Durante años, Aguirre Rivero sostuvo que no tuvo responsabilidad en la desaparición de los jóvenes ni en la construcción de la llamada “verdad histórica”. En 2022 rechazó haber participado en reuniones destinadas a respaldar esa versión y afirmó que nunca sostuvo encuentros con el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con ese propósito.
También negó conocer la existencia de los videos del Palacio de Justicia de Iguala. Después de la detención de Lambertina Galeana, en mayo de 2025, el exmandatario aseguró públicamente que nunca tuvo conocimiento de esas grabaciones y que jamás dio instrucciones para manipular o destruir material probatorio.
La defensa mantiene esa posición. Durante la audiencia de vinculación, sus abogados presentaron elementos con los que intentaron demostrar que Aguirre no se encontraba en Guerrero durante el momento en que supuestamente habría recibido las grabaciones. Uno de los argumentos centrales fue que el entonces gobernador estaba en Ciudad de México y se encontraba reunido con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, el juez determinó que las pruebas aportadas por la defensa no eran suficientes para desvirtuar, en esta fase, los datos presentados por el Ministerio Público. La vinculación a proceso no representa una sentencia ni significa que la responsabilidad penal de Aguirre haya quedado acreditada de manera definitiva; implica que un juez consideró que existen elementos suficientes para que la investigación avance formalmente ante un tribunal.
La diferencia es fundamental en términos jurídicos. El exgobernador conserva su derecho a la presunción de inocencia y será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando la Fiscalía tendrá que demostrar las acusaciones que formuló en su contra.
La prisión preventiva, por su parte, significa que Aguirre enfrentará el proceso privado de la libertad. La defensa había planteado otras alternativas, incluida la posibilidad de prisión domiciliaria por razones relacionadas con su estado de salud, pero el juzgado determinó que continuara internado en el penal federal del Altiplano.
La decisión constituye un nuevo capítulo en un expediente que ha atravesado investigaciones federales, informes internacionales, cambios de hipótesis, detenciones de funcionarios y una prolongada exigencia de las familias para que se investigue no solamente a quienes ejecutaron materialmente los ataques, sino también a quienes desde las estructuras gubernamentales pudieron conocer, encubrir u obstaculizar información sobre lo ocurrido.
Cuando los estudiantes fueron atacados en Iguala, Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero. El episodio provocó una crisis política en el estado y terminó con su salida del cargo. El 23 de octubre de 2014 anunció que dejaría la gubernatura para favorecer las investigaciones y generar condiciones que permitieran atender la crisis derivada de la desaparición de los jóvenes. Nunca regresó al puesto.
Aguirre había llegado a la gubernatura en 2011 como candidato de una coalición encabezada por el PRD. Su administración quedó marcada por los acontecimientos de Iguala y, desde entonces, su nombre ha aparecido recurrentemente en las distintas etapas de la investigación.
En los años posteriores, el exgobernador compareció ante la Fiscalía General de la República. En octubre de 2019 acudió a declarar durante varias horas ante la entonces Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. En aquella ocasión sostuvo que había aportado información sobre las acciones emprendidas por su administración cuando se conocieron los hechos.
La investigación actual, sin embargo, plantea una acusación diferente a la de aquellos primeros años. Ya no se trata únicamente de establecer qué sabía el gobierno estatal sobre el ataque contra los estudiantes, sino de determinar si desde las instituciones de Guerrero se intervino deliberadamente para desaparecer evidencia que podía contribuir a conocer el destino de los normalistas.
Ese punto resulta central para entender por qué las grabaciones del Palacio de Justicia han adquirido nuevamente tanta importancia. Las familias de los estudiantes llevan años reclamando que se esclarezca qué registraron las cámaras y por qué esas imágenes no estuvieron disponibles para los investigadores. Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señalaron que las grabaciones podían ser relevantes para reconstruir momentos posteriores a la interceptación de los autobuses.
Para los familiares de los 43, la investigación de las responsabilidades de funcionarios estatales representa una deuda pendiente. En movilizaciones realizadas durante 2025 exigieron que se indagara a Aguirre y a otros integrantes de la administración que encabezaba el gobierno de Guerrero cuando ocurrieron los hechos.
La resolución judicial llega además a pocas semanas de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes. En todo este tiempo, el caso ha permanecido como uno de los mayores símbolos de la crisis de desapariciones y de la impunidad en México.
Ahora la justicia federal deberá avanzar sobre una pregunta concreta: si Ángel Aguirre tuvo conocimiento de las grabaciones, qué información recibió, quién se las habría entregado y, sobre todo, si intervino para que desaparecieran.
La respuesta todavía no está jurídicamente resuelta. Lo que existe por ahora es una acusación formal respaldada por datos de prueba que un juez consideró suficientes para abrir un proceso penal. La Fiscalía tendrá cuatro meses para completar su investigación y la defensa podrá controvertir los elementos presentados en su contra.
La vinculación de Ángel Aguirre Rivero representa así un giro de enorme peso dentro del expediente Ayotzinapa. Por primera vez, el exgobernador que estaba al frente de Guerrero cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos deberá enfrentar desde prisión un proceso federal directamente relacionado con aquellos acontecimientos.
Después de doce años, la investigación vuelve a mirar hacia las oficinas donde se tomaron decisiones durante aquellas horas de incertidumbre. Y, en esta nueva etapa, la justicia tendrá que determinar si la desaparición de los jóvenes fue acompañada también por una operación para hacer desaparecer las pruebas que podían ayudar a encontrarlos.