* Retrovisor .
/ Ivonne Melgar /
Ningunear, desdibujar, caricaturizar, invisibilizar, incluso criminalizar a quienes manifiestan su desacuerdo con el gobierno es el trasfondo de esa pretensión antidemocrática de darle carpetazo a la pluralidad parlamentaria.
Sumergidos en la ilusión de que el 2 de junio enterraron a la oposición, los legisladores de Morena no daban crédito ante la gallardía de las juezas y magistradas que se han manifestado contra la reforma judicial.
Sarcástico, el vicecoordinador de los diputados de la mayoría, Leonel Godoy, no ocultó su molestia, en el foro que, para analizar esa iniciativa presidencial, se realizó en Xalapa, casi un mes atrás. “Fíjense que si este auditorio hubiera votado habría ganado Xóchitl Gálvez; nueve de los 12 ponentes fueron opositores a la reforma del Poder Judicial. Y tienen todo su derecho y tenemos que escucharlos con mucha seriedad”, concluyó.
El exgobernador de Michoacán y exdirigente nacional del PRD hablaba en serio, estaba extrañado de escuchar las críticas a una propuesta presidencial que según él y sus compañeros del PT y del PVEM es “un mandato popular”. El problema es que su coalición electoral legislativa ganó en las urnas con 54% de la votación, mientras que el resto de los partidos que se asumen opositores sumaron en total 46% del resto de las boletas ciudadanas.
Pero obnubilados ante la pretensión de que 54% subirá a 74% por efecto de la sobrerrepresentación legislativa —cuando el INE reparta las 200 curules plurinominales— Godoy y compañía se autoengañan. Habitando una realidad alterna que no corresponde con los votos depositados el 2 de junio, los representantes de Morena y aliados pretenden vivir como si 46% de los votantes del PAN, PRI, PRD y MC fueran invisibles. Sólo esa negación de la pluralidad que somos explica el asombro este jueves, en Culiacán, del oficialismo frente al desafío planteado por Marlén Tovar: si tienen las pruebas, actúen contra los jueces que son corruptos.
La jueza federal cimbró con sus reclamos el último de los nueve foros de análisis de la iniciativa presidencial, coronando así un ejercicio en el que, en calidad y cantidad de argumentos, los críticos de la reforma ganaron el debate. “Por favor, conservemos la carrera judicial. A los mexicanos y todo el Estado mexicano les ha costado 30 años de inversión y les va a seguir costando más porque, si es un despido injustificado de los juzgadores, van a venir indemnizaciones”, advirtió Tovar.
En el colmo del rechazo a la pluralidad, el jefe de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, escaló la ofensa hacia los inconformes acusándolos de ser unos manipulados por la ministra presidenta de la SCJN. “Sí; ella es ¿pues quién otorga el permiso para no laborar? La presidenta de la Corte. ¿Quién autoriza que no vayan a trabajar o que no les descuenten sus días de trabajo? Norma Piña. ¿Quiénes están haciendo este último esfuerzo de radicalización? Es ella”, acusó el futuro jefe de la diputación morenista.
Ningunear, desdibujar, caricaturizar, invisibilizar, incluso criminalizar a quienes manifiestan su desacuerdo con el gobierno es el trasfondo de esa pretensión antidemocrática de darle carpetazo a la pluralidad parlamentaria.
Porque de eso se trata el convenio que la coalición de Morena registró ante el INE para traspasarle diputados al PT y al PVEM al margen de la voluntad en las urnas, a fin de burlar los límites a la representación legislativa.
Por eso importa el llamado de la Marea Rosa, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el jefe de la bancada del PAN, Jorge Romero Herrera, principal prospecto para relevar en la dirigencia de ese partido a Marko Cortés. “La sobrerrepresentación no es sólo un problema de números; afecta la calidad del debate legislativo y la capacidad del Congreso para reflejar la diversidad de opiniones y necesidades de la sociedad mexicana”, definió con claridad el líder parlamentario panista.
Y al solicitarle a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, conducir con responsabilidad democrática el debate, el diputado Jorge Romero advirtió: “La representación equitativa es una necesidad práctica para el buen funcionamiento de nuestra sociedad”.
Mañana, el Frente Cívico Nacional, que en 2022 y 2023 frenó las reformas que buscaban cercenar al INE, se movilizará de nueva cuenta para recordarle a los consejeros electorales que la representación proporcional surgió para que las minorías estén debidamente representadas.
De manera que —y ese es el alegato de Guadalupe Acosta Naranjo, Amado Avendaño, pero también de los expresidentes del INE José Woldenberg, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés— la sobrerrepresentación reduce y vuelve irrelevantes y testimoniales a las minorías, quitándoles derechos como el de ser considerado para cambios a la Carta Magna e interponer acciones de inconstitucionalidad.
Aludiendo al 54% de votos que obtuvo la coalición oficialista y al crecimiento que esa cifra tendría si el INE y el TEPJF dan validez a la trampa del convenio, Xóchitl Gálvez llamó esta semana a la acción: “Nos quieren robar casi 10 millones de votos en la asignación de diputados. Por eso, te quiero invitar a que presentemos juntos un juicio ciudadano; en caso de confirmarse el agandalle, vamos a dar la pelea”.
Entre las voces que reclaman una interpretación democrática del límite de 8% de la sobrerrepresentación, ha destacado la del maestro Diego Valadés alertando que debemos poner la lupa en subrepresentación:
“Es el mayor problema que ha enfrentado la democracia mexicana. A partir de que se desconozca el derecho de casi la mitad de los votantes de oposición (su representación en la Cámara equivaldría más o menos a 52% de la que le debería corresponder) ya no se podrá hablar de democracia en México”.
Quedan menos de dos semanas para saber si las instituciones electorales que la pluralidad democrática construyó se convertirán en sus verdugos.
