México. 09 diciembre 2020.- Fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos y de las familias que reciben remesas en efectivo; el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto para reformar la Ley del Banco de México, que busca fortalece la economía de los mexicanos que migraron a Estados Unidos, de las familias que reciben remesas en efectivo, así como de quienes dependen de la actividad turística y del comercio de bienes en la frontera.
Los cambios, se señala en el dictamen que se avaló en lo general con 67 votos a favor 23 en contra y 10 abstenciones, otorgan la certeza jurídica de que los dólares siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado.
Además, evitan que se recurra al mercado negro de divisas, en donde se obtienen menos pesos por los dólares y se fortalecen las estructuras del crimen organizado y los flujos de dólares irrastreables por la autoridad fiscal.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que el Estado mexicano está obligado a modificar su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro país encuentren condiciones adecuadas en el tipo de cambio y obtengan “el valor exacto de su esfuerzo” al intercambiar sus dólares.
Las reformas, enfatizó, “no promueve el lavado de dinero”, sino que favorece a los trabajadores migrantes que en la contingencia sanitaria enviaron casi 10 por ciento más de remesas para pagar la atención médica de sus familiares.
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró “falso que con la aprobación de este dictamen se apoye a la población migrante mexicana, porque si eso quisieran lo hubieran hecho en la asignación presupuestal para 2021.
Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que si se aprueba la propuesta vulnera la autonomía del Banco de México para imponerle las obligaciones de las instituciones bancarias comerciales, entre ellas, el congelamiento de operaciones internacionales por lavado de dinero.
Por el PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo dijo que no está claro cómo es que esta reforma favorece a las personas que reciben remesas, pues éstas representan una porción mínima de las divisas objeto del dictamen.
El senador Emilio Álvarez Icaza indicó que la aprobación de esta iniciativa convertiría al Banco de México en una “lavadora de dinero del narcotráfico”. Dijo que, si el problema son las remesas que envían los migrantes, la alternativa es crear mecanismos para protegerlas con instituciones financieras.
Por su parte, el senador Francisco Javier Salazar Sáenz, de Acción Nacional, afirmó que el proyecto afecta la autonomía del Banco de México y, en consecuencia, pone en riesgo la economía del país.
La reforma precisa que las divisas que podrán formar parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente los billetes y monedas metálicas extranjeras, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen.
Dispone que los billetes y monedas metálicas extranjeras excedentes que capten las instituciones de crédito serán repatriadas a su país de origen conforme al contrato de corresponsalía que tengan firmado.
La asamblea aceptó las reservas propuestas por la senadora Marybel Villegas Canché para aclarar que los montos que no se puedan repatriarse serán comprados por el Banco de México, para lo cual éste, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regulará el procedimiento de compra al tipo de cambio vigente.
El procedimiento de compra de divisas incluirá la obligación de las instituciones de crédito para contar con procesos, sistemas y personal adecuados para recabar, verificar y conservar la información de identificación de sus clientes o que permita evaluar el riesgo que pueden representar en la materia.
Además, de procesos que deberán seguir, así como personal adecuado, para monitorear las operaciones a través de los sistemas automatizados con que cuente, con el fin de detectar operaciones inusuales.
Y elaborar y documentar las políticas y procedimientos para evaluar y mitigar los riesgos que la institución de crédito asuma ante la realización de operaciones con divisas relacionadas con actos presuntamente ilícitos o con recursos de origen indeterminado.
En lo particular, el pleno rechazó las reservas a los artículos 20 y 34; y la adición a los artículos 20 bis y 20 ter presentadas por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI. Luego de la aprobación, el proyecto se envió a la Cámara de Diputados.
