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11.02.2026 Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa, que modifica el apartado A del artículo 123 de la Constitución, establece además un nuevo límite máximo para el trabajo extraordinario y prohíbe que menores de 18 años sean empleados en este tipo de jornadas.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presentó el dictamen subrayando que “trabajar menos horas no es producir menos, sino vivir mejor”.
Según explicó, la reducción de la jornada no implicará disminución de salarios y pretende devolver tiempo a las personas para la familia, el descanso y la salud.
Recordó que la Organización Internacional del Trabajo ha advertido que las jornadas prolongadas se asocian con fatiga, estrés y enfermedades graves, y que trabajar más de 55 horas semanales incrementa el riesgo de accidentes cardiovasculares.
La reforma fija un nuevo tope de 12 horas extraordinarias semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta por cuatro días a la semana. El pago de estas horas será de 100% adicional al salario ordinario, y si se excede el límite, el empleador deberá cubrir un 200% más.
Aunque el Senado aprobó la reforma constitucional, el proceso legislativo aún no concluye. El dictamen deberá discutirse en la Cámara de Diputados y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Además, el Congreso tendrá que aprobar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, donde se definirán los plazos de preparación para los empleadores, el esquema de horas extra y la obligación patronal de contar con un registro electrónico.
La oposición ha cuestionado la iniciativa, señalando que se trata de un engaño político y que no existe certeza de que la reforma realmente se concrete.
Argumentan que el gobierno utiliza la reducción de la jornada como bandera de justicia social sin garantizar que se traduzca en beneficios reales para los trabajadores.
Las críticas van en el sentido que la propuesta genera expectativas que podrían no cumplirse, pues aún falta definir cómo se implementará en los sectores productivos y qué medidas se tomarán para evitar que la reducción afecte la competitividad y la economía.
Mientras el oficialismo celebra la aprobación como un paso histórico hacia la justicia laboral, la oposición insiste en que el proyecto es más un recurso político que una reforma con efectos inmediatos.
El debate continuará en la Cámara de Diputados, donde se decidirá si la reducción de la jornada laboral se convierte en una realidad o permanece como una promesa en el camino legislativo.
