*
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
11.07.2025. Ciudad de México.- De acuerdo con la periodista Silvia Isabel Núñez Esquer, integrante desde hace 16 años del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONCF), el estado de Sonora presenta retrocesos en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de acuerdo con sus declaraciones, la inacción de las autoridades estatales propició el ambiente en el que ocurrió el múltiple multifeminicidio de una mujer y sus tres hijas en la carretera norte 36, el pasado 5 de julio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 2025, el estado de Sonora registró 40 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 4 se investigan como feminicidios y 36 como homicidio doloso. Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó que hasta julio de 2025 hay 2 mil 824 mujeres desaparecidas en la entidad.
A esto se suma que, Sonora cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios, entre ellos Hermosillo. Además, un informe sombra reveló que este estado se encuentra en alguna etapa del proceso de AVGM para solicitar una segunda declaratoria por violencia feminicida. Sin embargo, el ONCF denunció que este mecanismo no ha sido atendido como es requerido tras cuatro años sin un dictamen que evalué las fallas estructurales en seguridad y justicia para prevenir la violencia feminicida.
Según comentó Silvia Isabel Núñez Esquer en entrevista para Cimacnoticias, en el estado existe una emergencia de violencia social generalizada y armada ante el incremento de los índices de violencia. El reciente asesinato de las hermanas y su madre en Sonora expone que las desapariciones, muertes violentas y feminicidios no disminuyen, sino que van el aumento generando que las autoridades no puedan garantizar la seguridad de la sociedad, particularmente de las mujeres.
A esto se suma que, la tendencia del gobierno a llevar una narrativa sobre violencia de manera burocratizada en su estrategia de comunicación social, es decir, centralizando la información en la figura del gobernador Alfredo Durazo Montaño y al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, para limpiar su imagen a través de la repartición de programas sociales.
Desde el punto de vista de Silvia Isabel Núñez Esquer, la atención de la violencia contra las mujeres tuvo un retroceso de lo que ya se había logrado en el ejercicio de los derechos humanos en administraciones pasadas, puesto que ahora, se ha convertido la intervención en asistencialista con el nacimiento de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de Sonora, la cual se encuentra desconectada de las mujeres sonorenses, pues no tiene departamento de comunicación social y tampoco se pronunció al respecto del feminicidios de las niñas.
«Ahorita no hay absolutamente ningún mensaje sobre las niñas. No la distinguen como lo que es, sino que al igual que a todas las dependencias, les pasan la agenda de lo que deben de explicar del gobernador, nada más. Entonces, no tenemos prácticamente una instancia de las mujeres (…) cuando pueden abrir la boca las titulares de las dependencias es para decir que el gobernador es un gran aliado de los derechos de la mujer.» -Silvia Isabel Núñez Esquer del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).
La narrativa que ha llevado el gobierno de Sonora es de invisibilizar la violencia de género contra las mujeres, en consecuencia, acceder a la justicia se vuelve complicado, ya que muchas veces ni siquiera logran denunciar lo que evidencia las fallas institucionales para protegerlas y prevenir sus asesinatos.
También refirió que, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, una herramienta que funge como guía para que las mujeres reconozcan sus derechos humanos y la cual fue implementada este 2025, no será suficiente para dar atender la violencia ante la falta de atención de las instituciones ya existentes o su inacceso a sus servicios al vivir en zonas retiradas y vivir con violencia familiar.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, de enero a mayo de 2025 hubo 2 mil 837 casos de violencia familiar en Sonora. Para ir a denunciar, muchas mujeres requieren de tomar el transporte público y encontrarse que no existen rutas directas que las lleven a Ministerios Públicos o llevar a cabo el trabajo de cuidados con sus hijas e hijos al no tener con quien dejarlos en ese momento.
Ante este panorama, el ONCF está denunciando las fallas de los gobiernos y la implementación de medidas que no concuerdan con las necesidades de las mujeres como el seguimiento de las denuncias o la protección de sus vidas:
«Las promesas, los aplausos, las fotos sonrientes, los eventos sociales de reinstalación de buenas intenciones para llegar a una sociedad en paz no funcionan si no se cumple lo principal: ejercer las obligaciones que les conferimos como gobernantes del Estado de Sonora y del Municipio de Hermosillo. Obligaciones que hoy están inexplicablemente pausadas mientras el feminicidio se sigue cometiendo con total impunidad en distintos puntos del estado» -Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio (ONCF)
El multifeminicidio y la narrativa del gobierno
De acuerdo con la buscadora Cecilia Delgado Grijalva de la colectiva Buscadoras por la Paz Sonora, el hallazgo de las tres niñas fue uno de los más desgarradores que han vivido. Se trataba de dos hermanas gemelas de 11 años y una niña de 9 años, cuyos cuerpos fueron localizados el 5 de julio bajo un árbol, a escasos metros de la carretera 36 Norte, en Hermosillo, Sonora. Según narraron, las niñas vestían piyamas y presentaban signos visibles de violencia; una de ellas abrazaba a la más pequeña en señal de «protección».
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FCJES) confirmó el hallazgo y señaló que el hecho se relacionaba con otro hallazgo previo cuando el 4 de julio se localizó el cuerpo una mujer de 28 años de edad a la altura del entronque Hermosillo-Bahía de Kino, más tarde se corroboró que se trataba de la madre de las niñas gracias a la identificación de sus familiares ante el Ministerio Público.
Por el momento, la Fiscalía advirtió que la investigación continuará con una serie de análisis, laboratorios periciales y trabajo de campo que estarán a cargo de la Dirección General de Homicidios. En respuesta, el gobernador de Sonora Alfredo Durazo Montaño señaló como presunto responsable a la pareja sentimental de la madre, el cual ya ha estado vinculado a actividades delictivas que pudieron haber provocado «un entorno de alto riesgo» para las niñas y la mujer.
Al ocultamiento de la responsabilidad del gobierno por atender la violencia de género, se suma los intentos por desviar la atención hacia la madre de las niñas por haberse relacionado con su pareja. Según narró Silvia Isabel Núñez Esquer, en conferencia de prensa, el fiscal de Sonora rindió el informe sobre la investigación en el caso del feminicidio múltiple en donde abordaron la relación con el presunto feminicida como una algo «ocasional».
«Hicieron un enredo con el papá de las niñas, que fue el esposo primero y que hace 4 años se divorciaron, que tiene otra pareja, pero además esto es pareja ocasional, así lo así lo dijo el fiscal. Por eso te digo, imaginate en dónde pones a la mujer, ¿no? A la víctima» -Silvia Isabel Núñez Esquer del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio (ONCF).
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Sonora, el pasado 7 de julio se detuvo a Jesús Antonio N., como presunto responsable del delito de feminicidio agravado y homicidio infantil en número de tres. Su detención se llevó a cabo durante un operativo por los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) donde lo relacionaron con delitos den narcomenudeo y actualmente permanece en prisión preventiva justificada.
Ante este panorama, el ONCF reclamó justicia y garantías de no repetición, así como: que el gobernador Alfredo Durazo Montaño asuma su responsabilidad, den cara a las víctimas y sus familias, fortalezcan la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas y evaluación de resultados, se activan protocolos reales de prevención y justicia con perspectiva de género, rindan cuentas públicamente sobre sus acciones para frenar los asesinatos de mujeres.
