De empresario ligado al sector salud a presunto atacante serial.
La captura de Rafael “N”, identificado por las autoridades como el presunto responsable de una serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, no solo puso fin a semanas de incertidumbre en Puebla, sino que también volvió a colocar bajo el escrutinio público la trayectoria de un empresario que durante años estuvo vinculado a contratos gubernamentales y al sector farmacéutico.
El hombre, de 67 años y de origen español, fue detenido durante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales en un fraccionamiento de San Andrés Cholula, donde, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, habría intentado impedir su captura disparando contra los agentes que ejecutaban la orden de aprehensión.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla lo relacionan con una cadena de agresiones ocurridas en la Vía Atlixcáyotl y zonas cercanas, donde diversos automovilistas denunciaron haber recibido impactos de bala mientras circulaban. Entre las víctimas figuran hombres, mujeres y menores de edad, algunos de ellos lesionados, además de daños a vehículos particulares. La fiscalía informó que el caso integra al menos una decena de hechos investigados y varias carpetas por lesiones y daño en propiedad ajena, aunque continúa recabando denuncias de otras personas afectadas.
La indagatoria apunta a que el presunto agresor actuaba de manera reiterada y sin seleccionar un perfil específico de víctima, lo que incrementó la preocupación entre quienes transitaban diariamente por una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana de Puebla.
Antes de convertirse en el principal sospechoso del llamado “tirador de la Atlixcáyotl”, Rafael “N” desarrolló una carrera empresarial ligada a la venta de equipo médico, reactivos, medicamentos e insumos hospitalarios. Diversos registros mercantiles lo ubican como accionista y representante legal de la empresa Biotecnología CADO S.A. de C.V., además de participar posteriormente en negocios del sector gasolinero.
Su nombre ya había aparecido años atrás en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos durante las administraciones estatales de Puebla encabezadas por Mario Marín y Melquiades Morales.
Publicaciones de la época documentaron que empresas vinculadas con él obtuvieron adjudicaciones para el suministro de equipo médico y servicios hospitalarios, algunas de ellas cuestionadas por presuntas irregularidades en los procesos de contratación. Esos señalamientos nunca derivaron en una sentencia penal en su contra, pero mantuvieron su nombre presente en el ámbito político y empresarial poblano.
Las pesquisas actuales también revisan antecedentes de presuntos episodios de violencia atribuidos al empresario.
Versiones periodísticas lo relacionan con un ataque armado ocurrido anteriormente contra un establecimiento comercial, hecho que ahora forma parte del contexto analizado por los investigadores para determinar si existía un patrón previo de conducta violenta.
La captura fue resultado de un trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos, testimonios de víctimas y el seguimiento de un vehículo que aparecía de manera recurrente en distintas escenas investigadas. Con esos elementos, la Fiscalía obtuvo la orden judicial que permitió intervenir el domicilio donde finalmente fue detenido.
Durante los cateos también fueron aseguradas varias armas de fuego registradas legalmente, las cuales serán sometidas a estudios periciales para establecer si fueron utilizadas en los ataques denunciados. Los dictámenes balísticos serán determinantes para fortalecer las carpetas de investigación y definir las imputaciones que enfrentará el detenido.
Mientras avanza el proceso judicial, Rafael “N” permanece bajo investigación como presunto responsable de una serie de agresiones que alteraron durante semanas la seguridad en una de las principales arterias de Puebla y que dejaron víctimas de distintas edades, incluidos menores de edad. Será el desarrollo del proceso penal y las resoluciones de los tribunales las que determinen su responsabilidad legal.
Comunicado FGE Puebla
FGE Puebla @FiscaliaPuebla
En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que el trabajo de gabinete, las labores de investigación e inteligencia, así como la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, permitieron obtener información clave para identificar al probable responsable y establecer el vehículo en el que se desplazaba.
Destacó que, como parte de la estrategia de investigación, se realizaron análisis de patrones de conducta, horarios de movilidad, rutas de desplazamiento y registros obtenidos mediante el sistema de videovigilancia, además de un seguimiento puntual a cada uno de los eventos registrados, lo que fortaleció las líneas de investigación y la planeación del operativo.
En su exposición, José Luis Hernández González, titular de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, destacó que la investigación inició a partir de diversas denuncias de personas que reportaron impactos producidos por proyectiles de arma de fuego mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas. En una primera etapa, cada hecho fue investigado de manera individual, sin partir de una conclusión previa ni asumir de forma anticipada que existiera relación entre los eventos.
Conforme avanzaron las diligencias, la FGE identificó coincidencias relevantes en cuanto a lugar de ocurrencia, horarios, forma de ejecución y características generales de los hechos, lo que permitió construir una hipótesis sustentada en evidencia.
Como parte de la investigación científica, se realizaron inspecciones ministeriales, criminalística de campo, procesamiento de vehículos afectados, dictámenes de trayectoria balística, análisis fotográficos, fijaciones fotográficas, avalúos de daños y reconstrucciones espaciales de los impactos.
Estos actos permitieron construir un polígono de incidencia criminal e identificar coincidencias reiteradas respecto al modo de operar. El trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, permitió avanzar en la individualización del probable responsable.
Además, como parte de las diligencias se realizaron análisis videográficos especializados, vigilancia encubierta, entrevistas, inspecciones y análisis de características recurrentes, reconocimiento de imágenes y otras técnicas de investigación que permitieron establecer la identidad del probable responsable.
Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial la orden de aprehensión y las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron autorizadas después de la valoración judicial.
La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, concluyó que este caso refleja un modelo de investigación sustentado en el trabajo interdisciplinario, la legalidad, la objetividad y el rigor técnico.