*Anuncia que a más tardar la próxima semana se tendrá el dictamen para conocer qué causó el descarrilamiento.
19.01.2026. Ciudad de México.- En una respuesta directa a la creciente presión política ejercida por la oposición, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que su administración no obstaculizará ninguna indagatoria relacionada con el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Ante pregunta expresa de la prensa presente sobre la denuncia penal interpuesta por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes exigen investigar a Gonzalo López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador— por su presunta responsabilidad en la supervisión de la obra, la mandataria fue tajante al afirmar la apertura total de su gobierno, aunque matizó las responsabilidades técnicas del siniestro.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo abordó la controversia que ha rodeado al proyecto ferroviario tras el accidente registrado a finales de diciembre en Oaxaca que dejó 14 víctimas fatales. Adelantó que a más tardar la próxima semana se tendrá el dictamen para conocer la causa del descarrilamiento.
Al ser cuestionada sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería indagar el papel de Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, a quien la oposición señala como supervisor de facto de la construcción, la titular del Ejecutivo federal sostuvo que no existe impunidad en su gestión.
“Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, expuso la mandataria, desestimando la necesidad política de la querella presentada por los panistas, al recordar que los protocolos judiciales se activan de oficio ante un siniestro con víctimas mortales y lesionados.
Sin embargo, la Presidenta estableció una clara línea divisoria entre la supervisión “honorífica” que realizó el hijo del exmandatario y la responsabilidad técnica de la ingeniería ferroviaria.
En un esfuerzo por clarificar la cadena de mando en la ejecución de la obra, Sheinbaum Pardo puntualizó que las fallas estructurales o de operación no recaen en figuras políticas o supervisores externos, sino en los especialistas encargados del proyecto ejecutivo y su implementación.
“Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren, los que en todo caso tendrían una responsabilidad”, aclaró Sheinbaum, argumentando que el cargo atribuido a López Beltrán se limitaba a supervisar los tiempos y etapas de construcción, una tarea logística distante de las decisiones técnicas sobre la resistencia de los materiales, el trazo de la vía o la seguridad operativa que hoy están bajo escrutinio.
La ofensiva de la oposición y la denuncia penal
El pronunciamiento de la Presidenta surge días después de que diputados federales del PAN, encabezados por figuras como Federico Döring y Héctor Téllez, formalizaran una denuncia ante la FGR. Los legisladores acusan presuntos delitos de homicidio culposo, corrupción y ejercicio ilícito del servicio público, señalando directamente a Gonzalo López Beltrán. La oposición argumenta que, dado que el propio expresidente López Obrador reconoció públicamente que su hijo “ayudaba” en la supervisión de las obras del Corredor Interoceánico, este tendría una responsabilidad ineludible en la calidad de la infraestructura entregada.
Los legisladores blanquiazules sostienen que la figura de “supervisor honorífico” no exime de responsabilidad si se tomaron decisiones que comprometieron la seguridad del tren. La denuncia busca que la FGR no solo se centre en los operadores o mandos medios, sino que escale la investigación hacia los círculos de poder que gestionaron los contratos y la vigilancia de una de las obras insignia del sexenio anterior, evocando fantasmas de impunidad de tragedias pasadas.
El contexto de esta disputa política es el grave accidente ocurrido en el tramo cercano a la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo interrumpió la operación de una vía clave para el comercio y turismo del sur del país, sino que dejó un saldo doloroso de víctimas y decenas de heridos, reavivando el debate sobre la seguridad y la prisa en la inauguración de las megaobras de la llamada Cuarta Transformación.
El papel de Gonzalo López Beltrán ha sido objeto de controversia periodística mucho antes del accidente. Investigaciones de medios independientes y organizaciones civiles, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han documentado audios y testimonios que sugieren la existencia de una red de tráfico de influencias conocida como “El Clan”, supuestamente operada por amigos cercanos a los hijos del expresidente, quienes habrían obtenido contratos millonarios en la proveeduría de balasto y materiales para el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Aunque el expresidente López Obrador defendió en su momento que su hijo “no cobraba” y solo “ayudaba a que las obras avanzaran”, el descarrilamiento ha transformado esa defensa política en un problema legal potencial.
La declaración de hoy de Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión: por un lado, mantiene la lealtad política al proyecto de su predecesor defendiendo la naturaleza administrativa del rol de López Beltrán, pero por otro, deja la puerta abierta para que los peritajes técnicos determinen las causas reales del desastre, poniendo la carga de la prueba sobre las empresas constructoras y los ingenieros responsables.
