/Ana Laura Magaloni Kerpel /
Esta semana se llevó a cabo la audiencia en el proceso judicial en donde se les dio la voz a 26 personas de las miles que demandan a la empresa Purdue Pharma. Esta empresa es la que fabricaba el popular analgésico OxyContin, que contenía opioides y que generó una espiral de adictos y muertes por sobredosis de heroína. La empresa siempre sostuvo que el medicamento era seguro a pesar de que iban en aumento las adicciones. La historia que contaron cada uno de esos testimonios fue muy similar: madres y padres que perdieron a un hijo o una hija joven por sobredosis después de haber sufrido un calvario para que ello no sucediera. El punto de inflexión siempre fue el mismo: haber tomado OxyContin por cuestiones de salud ordinarias (i.e. una endodoncia o una cirugía ambulatoria). En el recinto judicial estaban tres miembros de la familia Sackler (ex patronos culturales del mundo), los ahora ya famosos multimillonarios dueños de la empresa. El juez ordenó que tenían que escuchar personalmente esos testimonios. Esa era la experiencia que necesitaban las familias: sentirse escuchadas por los responsables.
La reseña de la audiencia que reportó el New York Times el jueves pasado me recordó la fuerza que pueden tener los procesos judiciales abiertos, visibles, humanos. La impartición de justicia como ese foro privilegiado que nos asegura que el más débil en términos sociales o políticos no va a ser perjudicado ilegalmente por alguien más poderoso. Los tribunales deben ser el freno más importante a la arbitrariedad del fuerte frente al débil. Que el que puede más no viole los derechos del que puede menos es un principio civilizatorio. La tarea principal del sistema de justicia es garantizar que ello sea así. Esta garantía es indispensable para construir una cancha más pareja y un país más próspero e incluyente a la vez.
En México, claramente no hemos hecho la tarea para que el sistema de justicia pueda generar esta plataforma social igualadora. En la base de la pirámide social, las puertas de acceso al sistema son muy chiquitas y en la cima, el poder y el dinero todavía ejercen influencia sobre la conducta de los jueces. Ese es el sistema de justicia de privilegios que hemos construido hasta ahora. En los 22 años de democracia, nuestra clase política no ha logrado ponerse de acuerdo para sacar definitivamente las manos del sistema de procuración e impartición de justicia. No se puede tener la dos cosas a la vez: la justicia está al servicio del poder o al servicio de la gente. Son dos arquitecturas institucionales distintas. La primera genera lo que tenemos: alto nivel de incertidumbre sobre la capacidad de nuestros fiscales y jueces de frenar, en los casos difíciles, la arbitrariedad del más fuerte sobre el más débil.
Cuánta injusticia genera el propio sistema de justicia. Es decir, cuántas veces vemos que, en ese sistema, tal y como hoy funciona, al más débil se lo friegan de muchas maneras. Todos los sabemos y lo hemos constatado de una u otra forma. Esa es una experiencia que tenemos tatuada en la piel los que vivimos en México. Esa experiencia forma parte sustantiva de un orden social vertical, inequitativo y excluyente.
Un nuevo ejemplo emblemático de ello es el caso de Alejandra Cuevas. ¿Por qué es tan complicado para el sistema de justicia frenar una arbitrariedad tan visible e injusta? ¿Por qué al presidente de México no le parece relevante garantizar que el débil no sea aplastado por el poderoso como parte sustancial de una nueva arquitectura social más equitativa e incluyente?
Poder es la posibilidad de predominar en el conflicto, según Gessner. La persona que tiene poder sobre otra es aquella cuyos intereses prevalecen sobre los de su contraparte por orden de un juez. Con ello, los tribunales definen una parte central de la arquitectura de una sociedad y del funcionamiento del sistema democrático. Una sociedad estratificada y desigual o una más horizontal e incluyente tienen que ver, en parte, con el funcionamiento del sistema de justicia y las fiscalías y con los valores que explícita o implícitamente protegen los fiscales y los jueces a través de sus determinaciones.
